Consideramos que el incremento de precios de los combustibles fue solamente el detonante social para expresar el reclamo de distintos sectores afectados por el deterioro general de las condiciones de vida, resultado de la política económica de precarización laboral, ajuste fiscal regresivo y disminución de servicios públicos de salud, educación y programas de bienestar.
Este paquete de medidas continúa la línea de austeridad para las mayorías y privilegios tributarios para la élite. Esta vez es especialmente sensible la intención de devaluar los estándares laborales públicos y el debilitamiento de los mecanismos de control que impiden la salida de divisas fundamentales para sostener la dolarización y garantizar el derecho al desarrollo principalmente para los más vulnerables.
Frente a la ausencia de canales institucionales para dirimir, los ciudadanos se han volcado a la calle. Los organismos de control no tienen independencia del Ejecutivo. Y los anuncios de diálogo del Gobierno han sido eficaces solamente con las cámaras empresariales.
El propio FMI entró golpeando la institucionalidad democrática cuando el Ejecutivo aceptó el acuerdo sin cumplir con los pasos constitucionales que incluyen el debate en la Asamblea Nacional y el dictamen previo de la Corte Constitucional. Los ciudadanos no están actuando de manera ilegal, pero el Gobierno sí está incumpliendo las normas nacionales.
Condenamos enérgicamente la declaración del Estado de Excepción porque no se justifica y es inconstitucional, militariza la sociedad y restringe las libertades civiles y políticas fundamentales. En un solo día de manifestaciones la Policía ha declarado 195 arrestos, en 230 puntos de manifestaciones, en 20 provincias paralizadas.
Responsabilizamos directamente al Ministerio de Gobierno por el abuso de fuerza de la Policía Nacional en las acciones de protesta. Y exigimos que se garantice la integridad de las decenas de ciudadanos detenidos. Además, es necesario atender con urgencia las denuncias sobre personas desaparecidas que fueron detenidas pero que no se encuentran en ninguna unidad de flagrancia.
Advertimos a la ciudadanía que las medidas de ajuste se tomarán progresivamente. El alza del IVA se realizará después, tal como consta en la Carta de Intención firmada entre el Gobierno y el FMI.
Pedimos al Gobierno detener la subida de los combustibles e impedir la regresividad de la política pública. Es necesario señalar que las medidas económicas regresivas adoptadas por el Gobierno, son innecesarias, siempre existieron alternativas y existen todavía. Entre las medidas coherentes y progresivas que se podrían incluir, están un ajuste del sector externo, control de la evasión fiscal, mayor regulación de la pérdida divisas, inversión pública y ampliación del mercado interno. Todo esto se puede hacer sin afectar los derechos laborales y sin golpear los ingresos de los sectores más vulnerables como las mujeres y los pueblos y nacionalidades indígenas.
Llamamos a todos los poderes públicos a ponerse a la altura de los hechos y transformar profundamente la dirección que está tomando el país en un contexto de crisis de derechos económicos y sociales y crisis de derechos políticos y civiles que son responsabilidad del Estado.
