Paraísos fiscales facilitan la utilización de dinero ilícito
Fuente: Diario El Universo
Un bus negro recorre esta semana los barrios más caros de Londres, pero no se trata de un itinerario turístico. La ruta realizada por diputados británicos, activistas y periodistas incluye visitas a mansiones de políticos rusos, ucranianos, nigerianos.
Con el recorrido se busca exponer “el blanqueo de capitales masivo mediante la compra de propiedades en Londres” y a los “facilitadores” británicos que lo hacen posible, dice el activista contra la corrupción Roman Borisovich, creador de esta actividad a la que ha bautizado como el “tour de la cleptocracia”.
La clave de parte de este desarrollo inmobiliario está en el dinero con que se construyó. Son flujos financieros transferidos a través de empresas offshore creadas en los denominados paraísos fiscales, que son países o territorios en los que se exime del pago de impuestos, o de una buena parte de ellos, a los inversores extranjeros que tienen cuentas bancarias o constituyen empresas en su jurisdicción. A su vez incluye disposiciones con el fin de ocultar los verdaderos dueños de ciertos bienes o falta de transparencia fiscal. Esto según la definición que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por 34 de los países más desarrollados del mundo.
El debate sobre los paraísos fiscales se ha retomado desde el 3 de abril pasado con una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación derivada de la filtración de 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, encargada de crear este tipo de empresas.
Esta investigación denominada ‘Papeles de Panamá’ incluye información sobre empresas, fideicomisos, fundaciones y fondos creados en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong (China) hasta Nevada (Estados Unidos). Esta semana se publicó la base de datos que incluye los nombres de las más de 200 mil empresas creadas.
Tener cuentas o empresas registradas en paraísos fiscales no es un delito o una irregularidad, recalca el peruano Rodolfo Bejarano, miembro a nivel regional de la Coalición Global por la Transparencia Financiera, que alberga a un conjunto de ONG que estudia y analiza este tema.
El problema radica en el uso o el fin de ese tipo de empresas al considerar que permiten “ocultar dinero para no pagar impuestos o en el peor de los casos para lavar dinero ilícito.”, dice Bejarano.
La investigación ‘Papeles de Panamá’ evidencia prácticas como la de crear empresas de papel o intermediarias que son parte de un mismo grupo económico para simular negocios ficticios. La idea es sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones.
Esto permite declarar en el país de origen un monto menor al realmente ingresado para reducir la base imponible de la que se calcula el pago de impuestos, dice Bejarano.
Un estudio publicado en diciembre pasado por la ONG Global Financial Integrity –que desde EE.UU. se dedica a investigar los flujos financieros ilícitos derivados del crimen, la corrupción o la evasión fiscal– estima que entre 2004 y 2013 salieron de América Latina unos $ 140 mil millones al año por este concepto.
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Pablo José Iturralde, director del CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) –ONG que es parte de la Coalición Global por la Transparencia Financiera–, analizó los datos de Ecuador al respecto. El estudio determina que en esa década salieron del país unos $ 25.996 millones: “Es dinero del que se desconoce su paradero real y que salió en su mayoría hacia paraísos fiscales”, dice.
La definición para considerar a un país o territorio como paraíso fiscal depende de los criterios de cada Estado. En el caso de Ecuador, la resolución del Servicio de Rentas Internas de enero de 2015, la última emitida al respecto, determina, entre otras, que se considerará bajo esa denominación a las jurisdicciones que tengan un régimen impositivo inferior en un 60% al impuesto a la renta ecuatoriano o al equivalente. Aunque se establecen exclusiones para los que firmen con el país un convenio de tributación que implique el intercambio de información,
Bajo estos criterios, la última lista del SRI excluyó a Uruguay, Catar y Hong Kong del listado nacional. Aunque la ONG Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), que emite cada dos años el listado de países con los mayores índices de secretismo financiero (ver gráfico), incluye a Hong Kong y Uruguay en su último ranking.
El problema está en la poca capacidad de los entes tributarios estatales para controlar las operaciones de las empresas, asegura Bejarano. Hay recomendaciones dadas en el marco de la OCDE para frenar estas prácticas. Entre ellas, el intercambio de información entre los países y el registro público de los beneficiarios de una empresa o de un negocio.
Los ‘Papeles de Panamá’ puso en el foco el papel de los paraísos fiscales británicos. Más de 113.000 de las 210.000 empresas que aparecen en los documentos estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas, dependencia de Reino Unido.
David Cameron, primer ministro de Reino Unido, anunció el jueves pasado en el marco de una Cumbre Anticorrupción realizada en Londres, que todas las compañías extranjeras que adquieran propiedades inmobiliarias en Reino Unido deberán revelar la identidad de sus beneficiarios últimos en un registro público.
John Christensen, de la ONG Tax Justice Network, considera que debería aplicarse esa misma medida para los territorios británicos de ultramar, obligándolos si es necesario: “Si vas a presumir de ser un líder, empieza por limpiar tu patio trasero”, asegura. Un tercio de los paraísos fiscales del mundo están bajo jurisdicción británica, según la ONG Oxfam.
A la investigación de los ‘Papeles de Panamá’ se suma la difundida el 11 de abril pasado por el medio digital salvadoreñoelfaro.net. La publicación indica que la empresa ALBA petróleos manejada por dirigentes del FMNL –partido de izquierda que gobierna El Salvador– se llevó unos $ 290,6 millones a empresas offshore domiciliadas en Panamá.
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“Lo curioso es que cuando se visitan las direcciones de estas empresas en Panamá, no se encuentran rastros de ellas, no tienen oficinas, son de cartón, ubicados en despachos de abogados (en el corazón financiero de la capital panameña)”, dice Efrén Lemus, uno de los autores de la investigación en un conversatorio virtual de abril.
ALBA Petróleos es una compañía de economía mixta en la que Pdvsa –la estatal petrolera venezolana– tiene el 60% de las acciones y 18 alcaldías salvadoreñas tienen el 40% restante. Fue creada en 2006 en el marco de la cooperación venezolana para la venta de petróleo en condiciones preferenciales.
ALBA Petróleos ha creado una serie de empresas privadas financiadas con los réditos de la venta del crudo venezolano para eludir el control interno de las autoridades salvadoreñas. Lo mismo ocurrió en Nicaragua, país que también tiene un convenio de cooperación de este tipo con Venezuela. (I)
PEDIDO
La ONG con sede en Reino Unido, Oxfam, publicó el lunes pasado una carta de 300 economistas, entre ellos la actual premio nobel de Economía Nora Lustig, y el que fue economista-jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, pidiendo acabar con los paraísos fiscales porque ayudan a perpetuar la desigualdad y “no tienen ningún propósito económico útil”.
