Por Japhy Wilson y Sofía Jarrín

Se logran importantes conquistas laborales tras 11 días de Paro en el Bloque 61 de Dayuma.

La crónica inicia el 26 de agosto de 2017, con una protesta de brazos caídos encabezada por el Comité de trabajadores de la empresa argentina Construcciones Globales Andinas (CGA). Prestadora  de servicios que forma parte del grupo Techint, contratada por Schlumberger para la instalación de plataformas petroleras en el Bloque 61, administrado por la empresa pública Petroamazonas (PAM).

Los trabajadores realizaron esta acción de hecho en protesta a las precarias condiciones laborales que genera dicha empresa, especialmente, por aquellas que son relativas al servicio de alimentación, la larga jornada laboral, la desigualdad en el tratamiento de los trabajadores locales y extranjeros.

El conflicto escaló el 28 de agosto con la detención arbitraria de dos líderes del Comité de trabajadores de la empresa, conformado por pobladores de la nacionalidad Shuar y comuneros mestizos. Como respuesta a su detención, los trabajadores de CGA pararon sus operaciones con un plantón en la entrada de las instalaciones en Dayuma[1], con el apoyo de las comunidades Shuar de la zona, y con el respaldo de los pequeños gobiernos parroquiales rurales de Dayuma, El Dorado, Inés Arango y Taracoa.

 

Los trabajadores petroleros de menor rango regularmente se someten a horarios de trabajo de hasta 13 horas diarias, entre las 05h00 a las 18h00. La ausencia de alojamiento exige que los trabajadores se trasladen diariamente a las instalaciones de la empresa, y muchos de ellos viven a dos horas de camino. La remuneración mensual de cada trabajador no supera el salario mínimo ($386 dólares).

En este marco se entiende que el reparto de utilidades sea una de las exigencias más importantes para estos obreros indígenas y mestizos que reclamaron se respete el acuerdo verbal en el que la empresa se compromete a canalizar utilidades anualmente como forma complementaria de la remuneración.

Otra razón más que acompañó el Paro, fue el trato despótico y discriminatorio impartido por los gerentes de la empresa hacia los trabajadores, en particular los sufridos por los trabajadores indígenas, objetos de constantes insultos y expresiones de desprecio racistas. Así lo explica el representante del Comité de trabajadores (01/09/2017), con indignación pero con la claridad de quien se juega algo trascendental y justo:

Lo que piden nuestras comunidades es respeto por su etnia, por su cultura. Una vida digna, un salario digno para sus hijos. Una familia indígena aquí tiene sus cinco, seis hijos con un salario básico de $380 con una jornada extensa de 22-8, un horario de cuatro y media de la mañana a las seis de la tarde, hasta que llegan a sus casas ocho, ocho y media, nueve de la noche… ¿Usted cree que es justo una vida así? ¿Usted cree que en esto está prevaleciendo nuestros derechos?

Frente a la trama de los acontecimientos, el 30 de agosto algunos representantes del Comité de los trabajadores y las comunidades viajaron a la ciudad del Coca, para instalar la primera negociación con el Gobernador de Orellana, el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio del Trabajo y los gerentes de la empresa CGA, pero al no hacerse presente ningún representante de la empresa se suspendió la convocatoria.

Al conocer los resultados de la fracasada negociación, los manifestantes acordaron mantener la paralización de las operaciones de CGA, lo cual fue sumando fuerzas día tras día.

Por su parte, el Gobernador de Orellana-Colón Malla visitó el Paro el 1 de septiembre, y en un intento de mediar el conflicto, invitó a los manifestantes a permitir que la empresa continúe con las operaciones mientras siguen las negociaciones. Los manifestantes rechazaron su propuesta argumentando que eso significaba nada más que la subordinación a las condiciones de explotación, las cuales ya no piden más paciencia.

¿Qué pasa con nuestro señor Gobernador? Él se preocupa por la empresa CGA. No es justo que una autoridad de la provincia, como nuestro Gobernador, viene acá y se exija que levantamos el paro, sin dar resolución. No es correcto que se preocupa por otro lado, por personas de otro país, y no por nosotros que somos ecuatorianos.

Pronunciamiento de Jorge Naichap, -líder Shuar, frente al testimonio del Gobernador (03/09/2017)

El domingo 3 de septiembre, una delegación conformada por representantes del comité de los trabajadores de empresa CGA, las nacionalidades de la zona y la junta parroquial de Dayuma, partió hacia Quito, para sostener una audiencia con el Presidente electo Lenin Moreno, en respuesta a una invitación al diálogo que el mayor mandatario del país hizo a la Federación de Juntas Parroquiales, lo cual fue programada para el lunes 4 de septiembre. En su salida a Quito la delegación fue despedida por las comunidades que desfilaron por el lugar que había sido ocupado por el Paro. Sin embargo, no lograron una audiencia con el presidente, y solo pudieron entregar sus peticiones en Carondelet.

Tras 9 días de instalado el Paro, el 5 de septiembre, se convocó a una nueva mesa de diálogo en el Coliseo de Dayuma y nuevamente los representantes de CGA, se negaron a participar. No obstante, al divulgarse la noticia de que los funcionarios petroleros estaban reunidos con el Gobernador de Orellana Colon-Malla en la instalación  de Auca Central, los manifestantes se trasladaron hacia el lugar para insistir en el diálogo, en una “caravana de lucha” de motos, camiones y volquetas.

Aproximadamente mil personas llegaron a la Estación donde una pequeña comisión se inmiscuyó en las instalaciones para iniciar las negociaciones. La comisión incluyó representantes del Comité de los trabajadores de la empresa CGA, los presidentes de las cuatro juntas parroquiales de la zona (Dorado, Dayuma, Inés Arango, Taracoa), representantes de las nacionalidades indígenas, junto con la Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori y el Padre Carmelito, Pablo Gallegos, figura clave en la historia de lucha en el nororiente de la amazonia ecuatoriana.[2]

Las negociaciones se concluyeron en la madrugada del 6 de septiembre, con la firma de un acta de compromiso y la suspensión de la medida de hecho. Los acuerdos logrados en ésta negociación se focalizaron en:

• Inspección integral de CGA durante 20 días laborales. Con los resultados de esta investigación se programó una mesa de diálogo para el próximo 5 de octubre, para resolver las medidas que se tomarán sobre la empresa.
• Análisis jurídico que determine la relación contractual de subcontratación de CGA con Schlumberger, debido a que la reforma de la Ley de Hidrocarburos prohíbe la tercerización de servicios petroleros.
• En la mesa de negociación, los representantes del Comité de trabajadores denunciaron los casos de maltrato a los trabajadores y presentaron evidencia sobre conversaciones mantenidas entre cinco gerentes de la empresa que amenazan la vida de los dirigentes del Paro. Frente a este tema se resolvió que el Ministerio del Interior dará seguimiento a ésta denuncia frente a la Fiscalía.
• Se garantizó que no se generaran represalia contra los trabajadores.
• Se resolvió que la empresa contratará vehículos para proveer el servicio de transporte, y democratizará y extenderá los servicios de alimentación.
• Los días del Paro de todos los trabajadores han sido canceladas (pagados por CGA).

Con estos acontecimientos, es importante generar algunas reflexiones que develan una gran preocupación sobre cómo se están llevando a cabo las actividades petroleras en el Ecuador. Especialmente, porque lo sucedido en Dayuma pone en tela de duda, la capacidad de control y regulación de las instituciones rectoras de la política pública hidricarburífera y de trabajo sobre las empresas operadoras de petróleo. Sobre todo, si consideramos que éste conflicto se desprende, en gran medida, “por una política irregular de contratación de la fuerza de trabajo” extendida bajo el amparo de la figura de las empresas subcontratistas.”[3]

Hay que señalar que estas irregularidades no son nuevas. Varios consultores jurídicos especializados en actividades hidricarburíferas han cuestionado la legibilidad del modelo de contratación de la empresa francesa Schlumberger con Petroamazonas. Este es el caso de Luis Cordero, quien advirtió en 2015 sobre la ilegitimidad de la figura de prestación de servicios, en tanto la Constitución señala claramente que “El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”[4]. Sin embargo, en la figura del contrato de prestación de servicios para la explotación del Bloque 61, Petroamazonas permanece como operadora y Schlumberger, mantiene una posición secundaria.[5] Todo esto, sin considerar la subcontratación de la empresa argentina Construcciones Globales Andinas (CGA).

Para los pobladores, la paralización en Dayuma de 2017, es un capítulo más de una larga historia de movilizaciones y paros, asociadas al inadecuado desempeño de la industria hidrocaburífera en el norte de la amazonia ecuatoriana, mostrando una vez más que “los avances solo se consiguen a través de la lucha”.

Discurso de Jorge Naichap, líder Shuar, durante la paralización:

“Esta voz es la voz del pueblo de la Amazonia, que se encuentra aquí en la Provincia de Orellana. ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser entendidos como todos merecemos! Mediante éste medio, (…) permítame invitarles a todas las autoridades, que se trabaja por el pueblo! Los que no se unen, están con los corruptos.

Lo sucedido en éste reducto de la Amazonía, es una clara demostración de cómo las comunidades de las zonas influenciadas por la actividad petrolera, cada vez más dependientes laboralmente de la industria, no cuentan con el amparo de instituciones gubernamentales que les garantice su derecho al trabajo y faciliten la resolución adecuada de sus controversias, por lo que están obligadas a organizarse como “comunidades-sindicales que busca imponer límites a la explotación de la fuerza de trabajo”[6] y a la subordinación de sus territorios; o en palabras Jorge Naichap:

“Aquí el pueblo Shuar, aquí el pueblo colono, aquí las cuatro parroquias, nos vamos a mantener unidos. Si la empresa CGA, no quiere resolver este problema, los pedidos que hemos hecho… pues que se vaya! … Quiero hacer llegar este mensaje a las autoridades. Más bien que se unen aquí con el derecho que uno reclama. No que vengan contra nosotros. Que se unen con nosotros. Porque no es justo que nos marginen y extranjeros vienen a llevarse la riqueza y se hagan dinero para ellos en otros países.”

[1] La Parroquia Rural de Dayuma, se encuentra ubicada en el Cantón Orellana en el norte de la amazonia ecuatoriana.

[2] Pablo Gallegos, es un misionero carmelito que llegó en la zona en los 70. Durante las últimas cuatro décadas ha desempeñado un papel fundamental como mediador de conflictos comunitarios de las provincias de Orellana y Sucumbíos. También, es educador y defensor de derechos humanos.

^[3] Suárez, D. (05 de 09 de 2017). DAYUMA OTRA VEZ! Obtenido de Línea de Fuego: https://lalineadefuego.info/2017/09/05/dayuma-otra-vez-por-david-suarez-ch/

^[4] Constitución de la República, artículo 316, Asamblea Constituyente Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008

[5] EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/auca-areas-petroleras-productivas-ecuador.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

[6] Suárez, D. (2017). Conflicto Laboral en Dayuma [Grabado por Sofía Jarrín (CDES)]. Quito, Pichincha, Ecuador.