Compartimos con ustedes nuestra ponencia en el foro de la sociedad civil con el FMI: «Cambiar las reglas para una recuperación justa: alinear el trabajo del FMI con los derechos humanos y la justicia fiscal en América Latina y el Caribe». El siguiente texto es un breve análisis del impacto de las políticas de austeridad adoptadas por el gobierno en consecuencia del acuerdo con el FMI sobre las mujeres.
La austeridad la pagamos nosotras: impactos del acuerdo con el FMI en los derechos de las mujeres
El Ecuador vivió un periodo prolongado de estabilidad económica y crecimiento durante más de una década, incluso teniendo que enfrentar crisis económicas mundiales como la crisis financiera del 2008 y la crisis de los precios del petróleo del 2015, en gran parte debido al papel activo del Estado en la economía, con políticas contra-cíclicas que permitan sortear las crisis sin sacrificar el acceso a derechos sociales a grandes grupos de la población.
Durante el periodo comprendido del 2007 al 2016 la pobreza se redujo en 17 puntos y la pobreza extrema se redujo en 8 puntos; la desigualdad se redujo de 0,55 a 0,48 y el empleo pleno llegó al cierre del 2015 al 49,2%. Entre otras cosas se debe a que el Estado garantizaba a través de la ejecución de presupuestos cada vez mayores la cobertura de los derechos sociales como salud, educación y seguridad.
Esto cambió a partir que se adoptaron políticas de austeridad con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador firmó un acuerdo con el FMI en el año 2019, condicionado por una reforma fiscal, una reforma laboral y una reforma institucional que beneficiaba principalmente al sector financiero. No obstante, el propio texto del acuerdo indicaba precondiciones para llegar a los desembolsos en el 2019, parte de esas precondiciones fue la aprobación en 2018 de la ley fiscal de fomento productivo que tenía como objetivo iniciar la reducción de la inversión pública.
Por eso, desde el 2018 el Ecuador atraviesa por un periodo de austeridad y de degradación de las condiciones de empleo y de vida. El empleo adecuado pasó de 42,3% en el 2017 a 28% en 2019, y la pobreza pasó de 23% en el 2017, al 25% para finales del 2019. La pobreza multidimensional tiene un sostenido crecimiento, en el 2017 se ubicaba en 34.6% y pasó a diciembre del 2019 a 38,1%.
Ha transcurrido tiempo suficiente para valorar el acuerdo: uno de los cuestionamientos fue la falta de transparencia y participación ciudadana, sumándose a la falta de consulta legislativa como lo establece el artículo 419 de la Constitución Política, así como la falta de aprobación del acuerdo por parte de la Corte Constitucional como lo establece el artículo 438.
La reacción a los recortes y a la austeridad fue el aumento de la conflictividad social, cuyo pico más álgido se alcanzó en octubre del 2019 con un paro nacional en contra del FMI, que duró 10 días, con un saldo de 11 muertos y cientos de heridos. Provocando la reacción de los organismos internacionales que se pronunciaron al respecto:
Así, el comité de derechos económicos sociales y culturales de las Naciones Unidas, refiriéndose al plan de austeridad, llamó al Estado a evaluar previamente los efectos de cualquier medida económica sobre estos derechos para evitar los efectos desproporcionados en los grupos más vulnerables; a no reducir los presupuestos de educación y salud; y que se aseguren las líneas presupuestarias en inversión social para grupos más desfavorecidos.
La CIDHpor su parte, observó que la respuesta del Estado ecuatoriano en los actos de protesta en algunos casos fueron reprimidos con uso excesivo de fuerza, y recomendó al Estado a consultar a la ciudadanía en especial grupos vulnerables sobre la adopción de las políticas de austeridad o reformas económicas que puedan comprometer los DESC.
Las medidas de austeridad no afectan a todos por igual, pues ha tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres y grupos vulnerables. Es un impacto por doble vía: porque las políticas económicas no consideran medidas particulares para revertir las desventajas estructurales, en consecuencia, las profundiza; y por otro lado a través de medidas económicas directamente discriminatorias a estos grupos.
Por ejemplo, el acuerdo con el FMI señala que la “introducción de contratos laborales menos rígidos beneficiará en particular a las mujeres que prefieran trabajar a tiempo parcial o en empleos temporales, lo cual aumentará su participación en el mercado laboral. Otras políticas encaminadas a lograr un mercado laboral más dinámico ayudarán aestimular el crecimiento del sector servicios, lo cual apoyará la participación de la mujer en el mercado laboral.” Asumiendo, de manera discriminatoria, que los contratos precarizados se destinan principalmente a mujeres y que ratifican el rol de las mujeres en el sector de servicios.
Otras medidas directamente discriminatorias son el recorte de los presupuestos destinados a cumplir con políticas públicas de reconocimiento y redistribución. Sólo en el 2019 el acuerdo con el FMI liquidó completamente el presupuesto de 5.6 millones para políticas de prevención del embarazo adolescente y violencia de género lo cual agrava la situación que ya era una de las más alarmantes de la región. En el Ecuador 7 niñas dan a luz todos los días según el Comité de Derechos sexuales y reproductivos del Ecuador y, durante los meses de pandemia el servicio ECU 911reportó una llamada de emergencia cada 5 minutos por violencia de género, lo que vislumbra un repunte de la violencia machista en el Ecuador y una falta de compromiso financiero del Estado para resolverlo.
Estas medidas perpetúan por un lado la relegación histórica de las mujeres a sectores de la economía feminizados como servicios, salud, turismo, comercio, trabajos de cuidado y sectores informales; y perpetúa el trabajo no remunerado del hogar. Un 15% menos de mujeres alcanzan un empleo adecuado en relación con los hombres en el Ecuador, escenario que se agrava con la flexibilización laboral propuesto en concordancia con los pedidos del FMI.
Los recortes a la salud también afectan especialmente a las mujeres. Cuando el Estado no garantiza a los ciudadanos políticas de cuidado y protección social, son las mujeres que reabsorben estas tareas desde una posición de desigualdad porque no pueden delegarlo debido a los compromisos afectivos y la división sexual del trabajo, ubicándolas en el sector de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Los recortes a la educación afectan también especialmente a las mujeres. Con menos presupuesto el Estado no ha podido garantizar el acceso a educación en los niveles más básicos, y son las mujeres las que asumen el rol del Estado de dar una educación formal a los hijos, muchas veces en medio de carencias económicas y de formación. El resultado: más de 100 mil estudiantes no volvieron al sistema educativo durante este nuevo periodo.Si las tasas de deserción dentro del sistema educativo universitario lo encabezaban mujeres, con el aumento de las dificultades y la sobrecargar de la jornada laboral y el trabajo no remunerado, las mujeres han tenido que optar por abandonar los estudios.
Con la llegada de la pandemia la situación adquiere dimensiones dramáticas. De esta manera, el COVID 19 encontró un sistema de salud desmantelado por el desfinanciamiento público. Ecuador ha sufrido uno de los impactos más devastadores en el mundo por la crisis sanitaria, con un saldo de 35500 fallecidos en excesodurante la pandemia. Período durante el cual se despidieron 3000 trabajadores de la salud y se presenciaron protestas callejeras de médicos exigiendo insumos y pago de salarios. Al mismo tiempo el FMI felicitaba al Ecuador por pagar puntualmente su deuda externa a los acreedores privados de bonos soberanos.
En el marco de un estado de excepción dispuesto para guardar la cuarentena, se realizaron todas las reformas que habían sido impedidas por la oposición social y legislativa. Lo más relevante fue una reforma laboral que flexibilizó el trabajoa tal nivel que el empleador tiene la posibilidad de reducir el salario a la mitad de lo que anteriormente estaba fijado como el salario básico de subsistencia. No se tomó medidas para proteger el empleo en contra de los despidos, así el nivel de empleo adecuado tuvo la mayor caída de las últimas décadas,apenas el 16,70% de la población tiene un empleo pleno, lo que significa en referencia al 2019 que casi 2 millones de personas reciben menos del salario básico y tienen menos estabilidad laboral. La caída más dramática de empleo pleno, incluso mayor al 27% de 1999 en medio de la crisis del feriado bancario. Mientras las proyecciones del Banco Central estiman un decrecimiento del 9% de PIB, las estimaciones del FMI son aún peores, alcanzan un 11% de decrecimiento.
Aunque el acuerdo con el FMI fue claro en mencionar que no deberían haber recortes en salud y educación, vemos que esto no sucedió en la práctica. De hecho, es imposible que no suceda si consideramos que el FMI pidió un recorte al país equivalente al 5% del PIB y el 80% del gasto público en Ecuador comprenden el sector salud, educación y seguridad pública. No existe espacio fiscal para tal tamaño de recorte sin afectar el núcleo central de los derechos económicos y sociales.
Por eso el acuerdo con el FMI es incoherente a la hora de alcanzar sus objetivos planteados, en especial el de lograr la igualdad de género. En un momento en que las economías acuden a políticas de rescate y reparación, con mayor intervención del estado, en el Ecuador hay un proceso de profundización de los planes de austeridad, lo cual acelerará y agudizará el efecto recesivo y la crisis económica.
La experiencia en Ecuador nos demuestra que cuando las políticas de austeridad se toman sin participación y sin consultar a los afectados, se producen costos que deterioran la calidad de la democracia con elevados niveles de conflictividad social, que incluso derivan en la vulneración del derecho a la vida y la integridad física y, con costos económicos altos y que van en contrasentido a los objetivos de desarrollo de la carta de intención. Por ejemplo, el Banco Central estimó que el Paro Nacional de Octubre en contra del FMI, le costó 821,68 millones de dólares al Ecuador, un monto incluso mayor a los desembolsos que se habían recibido hasta ese momento.
En síntesis, las medidas de procíclicas, inconsultas, generaron menor acceso a los derechos humanos y afectaron el crecimiento de la economía. Para revertir esta escena, es necesario comprender que garantizar el consumo de la población y su acceso a servicios básicos, son medidas de justicia social, pero también, en la medida que garantizan la demanda agregada, son medidas de eficacia económica. De haberse realizado las consultas necesarias, se habría garantizado que las medidas sean: proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Resultando en recomendaciones de políticas públicas para el bienestar general que contribuya con el crecimiento y desarrollo sostenible.
Andrea Guillem
Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES
