PORQUE NO DESARTICULA EL CRIMEN ORGANIZADO SINO QUE REFUERZA EL AUTORITARISMO DE LA ÉLITE ECONÓMICA (¿Y EL NARCOPODER?)
El proyecto de “Ley para Desarticular la Economía Criminal” no ofrece soluciones reales, no es de urgencia económica, y atenta gravemente contra derechos constitucionales, porque:
- Permite allanamientos sin orden judicial, violando la inviolabilidad del domicilio.
- Introduce la categoría de “sospechoso” u “objetivo militar”, vulnerando la presunción de inocencia.
- Autoriza incautaciones sin sentencia ni control judicial, atentando contra el derecho a la propiedad.
- Aumenta penas sin sustento, reforzando un populismo penal ineficaz.
- Crea tribunales de excepción (“jueces de conflicto armado”), prohibidos por la Constitución.
- Otorga al Presidente atribuciones operativas sobre allanamientos y confiscaciones, violando el principio de separación de funciones.
- Faculta al Presidente dar indultos anticipados a personas procesadas penalmente por hechos vinculados al conflicto armado interno, incluso sin sentencia condenatoria. Lo que abre la posibilidad de la impunidad en abusos de la fuerza pública.
En lugar de un Estado policial, proponemos medidas reales contra las economías criminales que operan principalmente desde el poder político y económico:
- Fortalecer la UAFE y la Fiscalía, con unidades especializadas en lavado de activos y crimen financiero.
- Investigar flujos ilícitos y estructuras opacas de grupos económicos, bancos, agroexportadoras y mineras.
- Reformar el sistema tributario para impedir el blindaje legal de grandes patrimonios ilícitos.
- Controlar estrictamente la salida de divisas y comercio exterior, investigando sobrefacturación, triangulación y uso de paraísos fiscales.
- Modernizar y fortalecer el control aduanero, con trazabilidad de carga, inteligencia financiera y depuración institucional.
- Desarrollar estrategias económicas en territorios capturados por el narco, basadas en empleo, crédito comunitario y sustitución productiva.
- Y, muy importante, garantizar transparencia patrimonial de autoridades públicas y jueces.
La seguridad requiere combatir los principales poderes que lideran la economía criminal. La seguridad no se construye reprimiendo a la sociedad civil.
CDES, 19 de mayo del 2025
