Análisis de CDES sobre el Acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI

La publicación del acuerdo firmado entre el gobierno de Lenín Moreno y  el FMI revela un impacto preocupante en los derechos humanos de las y los ecuatorianos con un grave impacto en la economía del país y su repercusión en las condiciones generales de pobreza.

Las duras medidas de ajuste económico pretenden justificarse en base al diagnóstico que hace el FMI sobre las amenazas que implican la insostenibilidad de las importaciones y la pérdida de reservas. Sin embargo, desde hace más de dos años el Gobierno ha ignorado las advertencias de varios analistas que han señalado estas amenazas. La consecuencia de esa negligencia es que hoy se haya abierto la entrada al FMI. No era, ni es necesario, hipotecar el futuro del país. Existían salidas si se hubiera optado por cobrar más impuestos a los ricos y a los importadores, en vez de cargar el costo a los trabajadores y a las empresas locales.

El FMI sabe que el tamaño de la economía debe ajustarse al nivel de reservas monetarias actuales de la nación. Por eso se ha propuesto crear desempleo para empujar a la baja los salarios y que los trabajadores demanden menos importaciones. El Gobierno ha decidido que sean los trabajadores los que paguen el ajuste, para garantizar la alta tasa de ganancia de los oligopolios importadores y asegurar el pago a los acreedores de la deuda externa.

En estas breves líneas adelantamos algunas de nuestras principales conclusiones en base al examen del Acuerdo firmado con el FMI y el Memorando de Políticas Económicas y Financieras» enviado por el Gobierno de Lenin Moreno.

Aspectos generales:

• El verdadero objetivo del Acuerdo es incrementar el coste de la vida y reducir los salarios. Para ello el Gobierno se ha comprometido a encarecer los servicios públicos fundamentales, aumentando los impuestos y los gastos de las familias trabajadoras, a reducir los salarios y despedir funcionarios público, mientras se favorece el enriquecimiento de los inversores extranjeros y de las grandes empresas.

• El «Memorando de Políticas Económicas y Financieras» enviado por el Gobierno evidencia que este proceso de empobrecimiento de las mayorías sociales ha empezado ya, y que el gobierno de Moreno está satisfaciendo las exigencias del FMI aún antes de recibir el préstamo. Para ajustarse a las exigencias, desde diciembre del 2018 ya se han despedido 11820 trabajadores, se incrementó los precios de la gasolina y se aprobó la Ley de Fomento Productivo.

• El Gobierno persigue conseguir una recesión económica autoinducida para asegurar que los dólares no sean usados para pagar importaciones y así elevar las garantías de pagos futuros de la deuda externa. Según el FMI, en el año 2019 la economía decrecerá -0.5%.

• El Gobierno tiene como meta reducir el déficit fiscal no petrolero en un 5% del PIB, metiendo freno a raya al gasto público, con resultados en el desaceleramiento de la economía, que se ahondará en la medida que la inversión no será compensada por el tradicional rentismo ocioso de la gran empresa privada.

Medidas concretas

• El acuerdo pone fin al financiamiento del presupuesto del Estado por parte del Banco Central, limitando así la capacidad de decisión del Gobierno sobre las políticas públicas y la distribución presupuestaria y consolidando la dependencia de los acreedores. En concreto el FMI toma las riendas de la economía y de la política del país.

• El Gobierno se ha comprometido a eliminar  gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), herramienta que ha sido determinante en el control de la fuga de capitales y la estabilidad de la dolarización.

• El Gobierno se compromete a incrementar los costos del diésel (sumado al incremento del precio de la gasolina). Esta medida generará mayores costos de transporte e industriales, aumentarán los precios para los consumidores y reducirán la competitividad de las empresas locales.
• El Gobierno va a incrementar los costos de servicios básicos como el agua, luz y telecomunicaciones. Este encarecimiento no se traducirá en mayores ingresos para el Estado sino para empresas privadas beneficiadas de la concesión-privatización que se impulsará según los mismos términos del Acuerdo con el FMI. De esa manera impedirán a los ecuatorianos recibir las ganancias futuras de las empresa públicas, actualmente muy rentables.
• El Gobierno persigue la privatización del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) porque se ha comprometido a la “optimización del sector público no financiero”. Además, utilizarán este dinero del seguro de los trabajadores para depositarlos en el Banco Central, incrementar las reservas en miles de millones de dólares y llevar el dinero a bancos extranjeros.

• El Gobierno va a aumentar los impuestos indirectos en vez de los impuestos que gravan directamente la riqueza, trasladando la carga tributaria a los pobres y la clase media. Esto incumple el artículo 300 de la Constitución que obliga a priorizar los impuestos directos y progresivos.

• Respecto de las y los trabajadores del sector público, el Gobierno se ha comprometido a aplicar las siguientes medidas destinadas a provocar empobrecimiento y desempleo:
  • Reducción de los salarios de los trabajadores/as del sector público por considerarlos en promedio más altos que los del sector privado.
  • No renovación los contratos ocasionales y renovación solamente de la mitad de los contratos en el sector público (supuestamente en áreas no sociales).

• El Gobierno se ha comprometido a realizar reformas laborales precarizadoras en el sector privado, claramente inconstitucionales, con medidas para facilitar el despido y conseguir así una mayor sumisión de las y los trabajadores del sector privado a las exigencias de los empleadores, en particular respecto de los salarios que se verán presionados a la baja mediante la incorporación de cambios en la normativa para facilitar los despidos.

• El Gobierno maltratará especialmente a los sectores vulnerables, precisamente los jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes que serán los más perjudicados por la precarización laboral

• Respecto de las mujeres: el gobierno de Moreno se ha comprometido a precarizar y a mantener la división sexual del trabajo, asumiendo que las mujeres prefieren los contratos precarios a tiempo parcial para desarrollar las tareas de cuidado. El machismo de estado y las pérdidas paternalistas patriarcales no son asumibles.

Desde CDES consideramos que existe una captura corporativa clara de un Gobierno que responde a los intereses de los inversores extranjeros y del gran empresariado, cuya presencia en el ejecutivo es innegable. El objetivo del acuerdo con el FMI es garantizar el pago de los acreedores incluso si esto significa la quiebra de las empresas locales, el aumento del desempleo y la profundización de la pobreza.

Es importante recordar que desde que se levantaron las salvaguardas comerciales y tasas arancelarías, el país ha entrado en un ciclo acelerado de endeudamiento para permitirse financiar importaciones.

Queremos remarcar que existen alternativas como resolver los problemas del sector externo e impedir el desangramiento de dólares provocado por los grandes importadores. Las últimas propuestas realizadas por la academia, se plantearon a inicios del 2018, como la presentada por el Foro de Economistas Progresistas y el Foro de Economistas Heterodoxos.

Con voluntad política se hubiera alcanzado el equilibrio fiscal subiendo
los ingresos fiscales en 2 puntos del PIB y reduciendo el gasto en otros 2 puntos, lo que habría generado condiciones para relacionar al país con verdaderos socios internacionales que permitan financiar al Estado sin condicionalidades que atentan contra la soberanía nacional.

Estas políticas de ajuste implican un alto sacrificio de los derechos económicos y sociales. A pesar de que los principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos de las Naciones Unidas, recuerdan que los Estados están obligados a garantizar los derechos humanos incluso en tiempos de crisis. Para cumplir, el gobierno de Lenin Moreno debería demostrar que han hecho todo lo posible para movilizar todos los recursos disponibles para no afectar la plena realización de los derechos.

Según estas directrices, movilizar todos los recursos posibles corresponde, entre otros, a: luchar contra la evasión y la elusión fiscal; asegurar un sistema tributario progresivo, incluso mediante la ampliación de la base impositiva con respecto a las empresas multinacionales y los más ricos; evitar la competencia internacional en materia tributaria; mejorar la eficacia de la recaudación de impuestos; y reorganizar las prioridades de los gastos para asegurar, entre otras cosas, una financiación adecuada de los servicios públicos.

El gobierno de Lenin Moreno ha subordinado la nación a los objetivos del FMI. El único sector que se puede beneficiar con este acuerdo es el liderado por élites corporativas que propician la salida de divisas, evaden impuestos, usan paraísos fiscales y prefieren un modelo de negocios basado en la flexibilización laboral sin derechos para los trabajadores.

CDES 26 de marzo del 2019
Pablo José Iturralde y Adoración Guamán