Quito, 17 de agosto del 2019
Las organizaciones que conformamos el Comité de Solidaridad con las víctimas del caso de esclavitud moderna, alertamos a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales que han ocurrido nuevos hechos que esta vez ponen en riesgo la vida e integridad de las personas que todavía viven en la hacienda de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ubicada en el Km 42 de la vía Quevedo – Santo Domingo.
La vulnerable situación de las víctimas ha empeorado luego de la firma de un convenio entre la empresa y un supuesto representante de los trabajadores, con el aval del Estado, en el cual se llega a un acuerdo extrajudicial que supone nuevas violaciones a los derechos humanos.
El día 15 de agosto del presente, se firmó un Acta de Mediación No. 00460-2019 CMCCSD entre Iván Segarra Segovia como representante legal de la empresa Furukawa, el señor Walter Dionicio Sánchez Ramos, como representante de 63 trabajadores agrupados en la Asociación agrícola y ganadera Esperanza de un Nuevo Amanecer, y la Ab. Elena Acosta como mediadora de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en el cual la empresa entrega a la Asociación en comodato el uso del bien. No se detalla cuál hacienda pero conocemos que será la ubicada en el km 42, con la finalidad de producir exclusivamente abacá por un período de 3 años y medio, cuya producción se entregará en su totalidad a la empresa Furukawa sin la posibilidad de usar el bien para otra finalidad distinta a la siembra de abacá y deslindando una vez más de responsabilidad laboral a la empresa.
Además, declaran que con este acuerdo se da por terminado cualquier conflicto que pueda existir entre ellos, se han satisfecho todos sus derechos y renuncian a futuras acciones jurídicas o administrativas derivadas de relaciones anteriores. Finalmente, declaran apoyarse para defender el acuerdo y garantizar la posesión del bien incluso con el uso de la fuerza pública.
En el Acta de Mediación el supuesto representante de las víctimas agrupadas en la Asociación en el Acta de mediación se compromete y compromete a las víctimas a:
- Resembrar de Abacá los espacios que no estén producidos, con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura.
- Devolver el bien luego de los 3 años y medio de uso.
- Vender la fibra exclusivamente a la empresa Furukawa cumpliendo con toda la legislación tributaria de acuerdo a montos establecidos en el Acta que van de 1700 a 2100 por cada tonelada de fibra.
- Cada miembro de la Asociación debe estar asegurado por su cuenta en el IESS y declaran que no tienen relación laboral de ningún tipo con la empresa.
- Los miembros de la Asociación no podrán usar el bien para otra actividad que no sea la producción de abacá, ni podrán usar el bien como vivienda, habitación o domicilio, por lo que se comprometen abandonar el bien en el plazo de tres meses, contados a partir del pago de la primera factura por parte de la empresa.
- La Asociación se compromete a entregar un monto mínimo de toneladas de fibra de abacá por hectárea y deberá proveer de la seguridad necesaria y permanente (24/7) para cuidar las máquinas.
- La empresa entrega a la Asociación tres máquinas como préstamo y la Asociación se compromete a comprar dos más adicionales, que serán pagadas a la empresa en cuotas. El mantenimiento de las máquinas corre por cuenta de la Asociación.
- Declaran que este acuerdo tiene como finalidad dar por terminado cualquier conflicto que pudiera existir entre ellos derivados de las relaciones que existían entre los miembros de la Asociación, la empresa y los arrendatarios. Además, afirman que se han satisfecho todos sus derechos y que no realizarán acciones judiciales o administrativas que se puedan derivar por relaciones anteriores que las partes hayan tenido.
- Se comprometen apoyarse de cualquier forma para defender el acuerdo, para lo cual emprenderán cualquier acto que sea necesario para garantizar la posesión del bien a la empresa inclusive con el apoyo de la fuerza pública.
- Declaran que comparecen y suscriben el acuerdo sin presión o afectación a su voluntad y renuncian a cualquier reclamo o acción en contra de la mediadora o del Centro de Mediación.
Frente a este hecho la CEDHU, CDES y CNC-EA denunciamos públicamente que este convenio es ilegal, ilegítimo, supone revictimización y nuevas violaciones de derechos humanos y pone en riesgo a los trabajadores que viven en el km 42 por la inminente confrontación que el conflicto de intereses pueda generar entre ellos. Todo esto frente a la impasividad de las autoridades estatales y la validez que otorga la Cámara de Comercio de Santo Domingo a esta Acta de Mediación.
La CEDHU los días 2 de agosto de 2019, 30 de julio de 2019, y 7 de agosto presentó en la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo del Ecuador y Ministerio de Gobierno, respectivamente, un documento en el que un grupo de 85 trabajadores que viven en las haciendas de Furukawa mayoritariamente en los campamentos de la hacienda ubicada en el km 42, legitiman a las abogadas María Fernanda Poveda y Patricia Carrión como sus representantes. Como constan en los expedientes del Ministerio de Gobierno, estos trabajadores y trabajadoras forman parte de la Asociación agrícola y ganadera Esperanza de un Nuevo Amanecer, y ya no reconocen a Walter Sánchez como su representante, por incidentes generados por esta persona que suponen abuso y violación a sus derechos. En este contexto, el acuerdo suscrito carece de legitimidad pues Walter Sánchez no representa al conjunto de trabajadores y trabajadoras que forman legalmente parte de la Asociación.
Algunas cláusulas del acuerdo referido establecen condiciones que implican renuncia a derechos, situación que es jurídicamente imposible y por lo tanto el acuerdo suscrito carece de validez. Este acuerdo constituye uno de los mecanismos recurrentes usado por la empresa para ocultar las irregularidades e incumplimientos legales no solo laborales sino que suponen vulneración a derechos humanos; afectaciones reconocidas por la Mesa Interinstitucional oficiada por el Ministerio de Gobierno y sobre las cuales Naciones Unidas se pronunció a través de consultas al Estado Ecuatoriano. Lo insólito es que el acuerdo es suscrito en presencia de autoridades públicas y en el centro de mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, luego de que el Estado afirmara, en su respuesta a nueve de los organismos de Naciones Unidas, que el caso se había resuelto y la reparación integral era un hecho.
Este convenio es una reiterada vulneración a los derechos humanos y laborales de los trabajadores pues suponen condiciones similares a la figura de esclavitud moderna denunciada desde hace meses ante autoridades nacionales, lo cual supone revictimización y una burla de la empresa frente a todo lo sucedido. La obligación de entregar la fibra únicamente a la empresa, entregar un monto mínimo de fibra por hectárea y el uso exclusivo para la siembra de abacá, son condiciones que atentan a los derechos laborales y humanos.
La CEDHU el día 16 de agosto de 2019, informó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo que la firma de este convenio puede significar conflictos entre los trabajadores a quienes representa la CEDHU y aquellos a quienes representa Walter Sánchez, ambos grupos son parte de la Asociación agrícola y ganadera Esperanza de un nuevo amanecer y muchos de ellos viven en el km 42. Este hecho es uno de los más preocupantes en este momento, pues es evidente un intento de desalojo y por lo tanto posibles actos de violencia que ponen en riesgo la integridad y vida de nuestros representados.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional que el caso de las víctimas de esclavitud moderna perpetrado por la empresa Furukawa, lejos de tener una resolución en derecho y justicia propiciada por el Estado, ahora más que nunca se agrava y complejiza a tal punto de llegar a posibles enfrentamientos entre los propios trabajadores, mientras las autoridades del Estado no realizan acciones para lograr la reparación integral.
Responsabilizamos a las autoridades estatales por la omisión sistemática de su obligación de garantizar la vigencia de los derechos humanos y sanciones a la empresa infractora, por actuar en complicidad con la empresa para nuevamente violar derechos, garantizar la perpetuidad del conflicto y propiciar nuevos hechos que ponen en riesgo a las víctimas.
Los integrantes del Comité de Solidaridad estaremos atentos para denunciar cualquier acto de abuso de poder y uso de la fuerza pública por parte de la empresa para desalojar a los trabajadores del km 42 o de cualquier otra hacienda de la empresa. Llamamos a las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado a intervenir de inmediato para evitar estos conflictos y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los agricultores que han sido víctimas de la empresa Furukawa desde 1963.
