Autonomía territorial y criminalización a un siglo de demandas indígenas en la ONU

LA CRECIENTE VISIBILIDAD DE LA DEMANDA TERRITORIAL INDÍGENA TRAE CONSIGO LAS TASAS MÁS ALTAS DE CRIMINALIZACIÓN DE ACTIVISTAS

Hoy celebramos que hace 10 años se adoptó el instrumento más avanzado y completo sobre los derechos de los pueblos indígenas:la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A casi 100 años de la primera demanda indígena en el Sistema de Naciones Unidas, la lucha indígena sigue poniéndole el cuerpo a desafíos globales.

En 1923, Deskaheh, líder indígena Iroquois de Canadá se convirtió en el primer hombre del mundo en llevar su demanda por el reconocimiento de los derechos indígenas a las Naciones Unidas (en ese entonces la Liga de las Naciones). Su pedido era simple y claro: poder vivir bajo leyes indígenas sobre su propio territorio y profesar su propia fe. Aunque pasó más de 1 año en Europa, no fue atendido oficialmente y sus reclamos no fueron escuchados. Deskaheh murió en 1925 en Estados Unidos, luego que Canadá negará su reingreso al país.

Si bien ha pasado cerca de un siglo de estos acontecimientos, las respuestas nacionales que aún reciben los pueblos indígenas no difieren en gran medida del trato que recibió Deskaheh.

Algunas miradas apuntan a que estamos siendo testigos de un siglo indígena. Este momentum parece no ser solo una aspiración de aquellos que trabajamos con derechos indígenas o una mera casualidad, sino que las estadísticas muestran a los pueblos indígenas del mundo al frente de luchas globales clave para nuestro planeta. Un hecho que no es aislado.

De acuerdo a un reporte interactivo de Global Witness, casi 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados en lo que va del 2017 y las comunidades indígenas encabezan la lista bajo la expansión de las industrias extractivas. Solo en 2015, un tercio de los asesinatos relacionados con la defensa del territorio fueron líderes indígenas de América Latina. Esta escalada de violencia no es casual, ya que los territorios indígenas son los más ricos en biodiversidad.

Justamente, uno de los artículos más importantes de la Declaración que hoy homenajeamos es el derecho colectivo e inalienable de todos los pueblos indígenas a la propiedad, uso y control de tierras, territorios y otros recursos naturales. Aquí se encuentra la batalla más grande. Sin importar las diferencias regionales, los pueblos indígenas son hoy amenazados por el avance incesante de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y agricultura a gran escala. Todas estas actividades prometen un próspero futuro, pero generalmente acaban en desalojos forzados, criminalización de líderes y graves violaciones de derechos humanos. En nombre de la conservación y el desarrollo, los menos responsables son los más golpeados.

Un esfuerzo que forjó una declaración para más de 370 millones de personas

 

Resulta paradójico que una demanda con casi 100 años de antigüedad se haya convertido en el último corpus legislativo del derecho internacional. La Declaración gravitó 20 años de discusión en la antigua Comisión de Derechos Humanos hasta convertirse en una realidad.
Sin lugar a dudas, este instrumento marcó un antes y un después en la vida de los pueblos indígenas. No les bastó con consagrarse como sujetos de derecho internacional, sino que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los propios beneficiarios fueron los que negociaron y construyeron uno de los instrumentos de derechos humanos con más consenso internacional.
Hoy la Declaración es la fuente de referencia legítima para demandar la obligación de los estados. En este largo proceso, la tenacidad de los pueblos indígenas ha sido la clave para demandar lo que siempre se les ha negado. A diez años, el resultado es inmenso: instrumentos legales para proteger su derecho a participar en todas las decisiones que les conciernen.
Suele decirse que el cambio es impulsado desde los márgenes. La historia de cómo los pueblos indígenas han conquistado espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas da cuenta de ello.
Fue con la efervescencia de los años 70’ que el movimiento indígena tomó un nuevo impulso y dejo en claro que la lucha por los derechos indígenas no podía estar solo en manos de los estados nacionales. Gracias al apoyo de varias organizaciones internacionales como IWGIA, el sistema internacional de derechos humanos dio un salto trascendental: dejó atrás un enfoque integracionista y reconoció finalmente el paradigma de libre determinación colectiva.
En lo más básico esto significó que los pueblos indígenas pudieran hablar, preparar documentos y hacer propuestas en la ONU. De aquí en más organizaciones y líderes indígenas comienzan a participar en reuniones y estudios sobre sus derechos. El sentido de las discusiones cambió totalmente y dejo una huella a seguir para los defensores de derechos humanos. Como si fuera poco esto significó lograr preservar su propia identidad y cultura como sociedades.
Pero la Declaración no ha sido la única victoria. El movimiento indígena consiguió su propio Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2000), su Relator Especial (2001), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y su Conferencia Mundial (2014).
Este firme andar hizo posible que en la última década la condición jurídica de los pueblos indígenas sea mejor entendida y aceptada por los estados miembros y otros actores clave. Es también esperanzador ver que los países que han votado en contra de la Declaración hoy han revisado sus posiciones y han declarado públicamente su apoyo (Canadá, Australia, NZ y Estados Unidos) .
Varias otras tendencias positivas nos hacen pensar que estamos por el buen camino. El ascenso de gobiernos indígenas autónomos en América Latina, disculpas oficiales y planes de reconciliación en Canadá, una general mayor participación política y mayor cobertura períodistica dan aliento.
La ONU como trampolín para ponerle el cuerpo a la batalla territorial
Forjar una declaración internacional ha sido más que una prueba de que los pueblos indígenas son capaces de unir esfuerzos globales para impulsar cambios democráticos. Esfuerzos que guían los pasos para una verdadera descolonización.
Pero las batallas ganadas en papel no garantizan cambios automáticos. La realidad cotidiana de las comunidades indígenas muestra que todavía se encuentran bajo grandes presiones. La reducción del espacio del activismo indígena y la criminalización de sus protestas amenazan directamente sus modos de vida. El asesinato de la activista indígena Berta Cáceres ha sido sin dudas un urgente llamado de atención sobre esta cruda realidad.
El prerrequisito fundamental para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad y desarrollar su autonomía es el derecho a poder definir el alcance y dirección de las actividades de desarrollo dentro de sus territorios.
¿Qué hace falta entonces? Una Declaración es una responsabilidad universal que nos incluye a todos: estados, organizaciones indígenas, instituciones financieras, el sector privado, organizaciones de conservación, academia, los medios y las ONG.
Mientras que la exploración y explotación de los recursos naturales continúe su expansión, los pueblos indígenas seguirán siendo los más afectados. La única acción para salvaguardar sus derechos es que los estados entren en un verdadero diálogo multicultural para alcanzar negociaciones justas basadas en derechos adquiridos.
Esto requiere concretamente de reformas legales con voluntad política, capacidad técnica y compromiso financiero. Al mismo tiempo recordar el objetivo con el que la declaración fue diseñada: la necesidad urgente de superar y reparar la negación histórica de derechos fundamentales.
Esta lucha no llama a hacer reales derechos especiales, sino derechos humanos inalienables como lo es ser dueños de nuestro propio destino.
Hoy celebramos tener a la Declaración como un remedio y brújula que guía todos nuestros esfuerzos.
Fuente de la nota: El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Disponible en: http://www.iwgia.org

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