Caso Furukawa
Nuestro compromiso con la justicia económica y ambiental: el caso Furukawa Nunca Más
Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, constituida en 1963 y controlada en un 99 % por la empresa japonesa FPC Marketing Co. Ltd., produce fibra de abacá en 23 haciendas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Durante más de seis décadas, su sistema productivo se basó en la explotación de al menos 1 200 personas, en su mayoría afrodescendientes, bajo condiciones de servidumbre de la gleba, una práctica análoga a la esclavitud reconocida por la Convención Complementaria de 1956.
Las familias abacaleras vivían en campamentos dentro de las plantaciones, sin agua potable, electricidad, saneamiento, educación ni salud. La empresa utilizó contratos de arrendamiento fraudulentos para aparentar legalidad, pero en la práctica mantenía dependencia total: sin afiliación al IESS, sin salarios fijos ni prestaciones. Los trabajadores asumían los costos de producción y laboraban jornadas extenuantes sin protección, con frecuentes mutilaciones y enfermedades respiratorias. Niñas, niños y adolescentes realizaban trabajo infantil peligroso, y las mujeres sufrían violencia de género y discriminación.
En 2018 las denuncias públicas derivaron en un informe de la Defensoría del Pueblo (2019) que documentó graves violaciones. En 2021 un tribunal reconoció la servidumbre y condenó a Furukawa y al Estado, aunque una corte provincial exoneró luego a este último. La causa llegó a la Corte Constitucional, mientras la Fiscalía investiga por trata de personas con fines de explotación laboral a exgerentes de la empresa.
El 5 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional emitió la Sentencia 1072-21-JP/24, declarando que Furukawa actuó en condiciones equivalentes a la esclavitud, vulnerando derechos fundamentales como:
- Prohibición de la esclavitud y servidumbre.
- Derecho al trabajo digno (sin contratos, salarios ni seguridad).
- Derecho a la salud, afectado por el polvo del abacá y la falta de saneamiento.
- Derecho a la educación y vivienda digna.
- Igualdad y no discriminación, evidenciando racismo estructural.
- Prohibición del trabajo infantil.
La Corte determinó que el Estado ecuatoriano incumplió su deber de prevención y protección, al no fiscalizar a tiempo ni adoptar medidas efectivas.
Se ordenaron reparaciones integrales para 342 víctimas, incluyendo:
- Indemnizaciones de hasta USD 120 000 por persona, más montos adicionales para mujeres, adultos mayores y víctimas con mutilaciones (más de USD 41 millones en total).
- Disculpas públicas del Estado y la empresa.
- Creación de una política interinstitucional entre el MIES y el Ministerio de Trabajo para erradicar la servidumbre.
- Medidas simbólicas de memoria y educación, y notificación a la Superintendencia de Compañías para intervenir a Furukawa.
A siete meses del fallo, solo se ha cumplido el acto público de disculpas. Furukawa calificó la sentencia de “imposible de cumplir” y propuso hacerlo en 98 años, negando los hechos y buscando impunidad. El Estado tampoco ha implementado la política ordenada ni garantizado las indemnizaciones. Las víctimas continúan en condiciones precarias y denunciando hostigamiento, amenazas y criminalización, mientras esperan una reparación real y justicia efectiva.
Nuestro Proyecto
“Fortalecer la exigibilidad de derechos humanos de las personas sobrevivientes de esclavitud moderna y trabajo infantil en el Ecuador”
El proyecto pretende promover un marco jurídico institucional de exigibilidad de los DDHH de sobrevivientes de esclavitud moderna y trabajo infantil en el Ecuador. Mediante el fortalecimiento de la capacidad organizativa, jurídica y de incidencia sociopolítica de las personas titulares de derechos y responsabilidades víctimas del caso #FurukawaNuncaMás en el sector del abacá en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos
Nuestros Cooperantes
La Oficina de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria del Reino de España, tiene como objetivo optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria pone al servicio de la Cooperación Internacional al Desarrollo, contribuyendo al Desarrollo humano sostenible y a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, en su compromiso con la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible.
ISCOD – UGT
El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), tiene como misión “Promover sociedades más justas, sostenibles y solidarias a través de la defensa del derecho al trabajo decente y a medios de vida dignos, así como dela promoción de los derechos laborales y libertades sindicales en los países en desarrollo.
Nuestras Actividades
Durante los años 2024, y 2025 hemos desarrollado programas formativos dirigidos a sobrevivientes de la esclavitud moderna. Se han dirigido a 140 Sobrevivientes de esclavitud moderna y trabajo infantil del sector del abacá en las áreas rurales de Esmeraldas, fortalecieron su capacidad organizativa, jurídica y de incidencia sociopolítica a través de procesos de formalización, formación sindical y liderazgos.
El programa de sensibilización sobre derechos humanos y de la niñez dirigido a 80 víctimas del caso Furukawa se llevó a cabo con el propósito de fortalecer la comprensión y la reflexión crítica de las personas afectadas por la esclavitud moderna en el ámbito laboral. A través de talleres presenciales realizados en territorio —con enfoque interseccional de género y afrodescendencia— se promovió el reconocimiento de las vulneraciones sufridas, el conocimiento de los mecanismos de exigibilidad y la defensa de los derechos laborales y humanos
Fomentamos la formación en liderazgo sindical que se desarrolló de manera consecutiva al proceso de sensibilización previo, cumpliendo con los objetivos propuestos de fortalecer las capacidades de 25 víctimas de esclavitud para asumir roles de liderazgo y representación colectiva. A través de talleres presenciales, se promovió el aprendizaje en derechos laborales, verdad, justicia y reparación, estrategias de comunicación, negociación colectiva, equidad de género y prevención de la violencia. La metodología de investigación-acción participativa permitió que las y los participantes reflexionaran desde sus propias experiencias y construyeran propuestas de incidencia social y sindical.
La constitución del sindicato de rama del sector abacalero del Ecuador se lleva a cabo tras la culminación del proceso de formación en liderazgo sindical, cumpliendo con el objetivo de consolidar una organización que represente a las víctimas de esclavitud moderna del caso Furukawa. Las personas formadas lideraron la creación del sindicato junto a otros trabajadores y trabajadoras del sector, impulsando un proceso participativo que incluyó reuniones estratégicas para definir los estatutos, el modelo de gestión, y una política de género orientada a fortalecer la participación de las mujeres. Este proceso culminó con una asamblea de constitución en la provincia de Santo Domingo.
Con ello, se cumplió con la meta propuesta, sentando las bases para una organización autónoma y representativa que promueve la defensa de los derechos laborales y la justicia social en el sector abacalero.
La actividad de fortalecimiento de la autoestima y el cuidado de 35 niños, niñas y adolescentes víctimas de trabajo infantil se desarrolló con el propósito de promover sus derechos y fomentar su inclusión en el sistema educativo formal. A través de talleres presenciales realizados en la provincia de Santo Domingo, se impulsó un proceso pedagógico orientado al desarrollo personal, la reflexión sobre sus derechos y la construcción de espacios seguros y participativos. Los materiales educativos adaptados y actividades de desarrollo físico, bajo la orientación de una educadora especializada en niñez. Con ello, se cumplió el objetivo de fortalecer las capacidades emocionales y sociales de los NNA, promoviendo su bienestar integral y su integración educativa desde un enfoque de protección, dignidad y derechos humanos.