Quito, 04 de Octubre de 2021
El uso de paraísos fiscales socavan los derechos económicos, sociales y culturales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha hecho público otro escándalo de corrupción internacional vinculado al uso del secretismo financiero y societario que permiten los paraísos fiscales, a través de los denominados “Pandora Papers”. Se trata de la filtración de alrededor de 12 millones de documentos, que involucra nuevamente a figuras de la élite política mundial y latinoamericana.
Es preocupante que en el uso de mecanismos offshore aparezcan involucrados políticos con responsabilidades de gobierno y que tendrían la obligación de adoptar medidas para mejorar la transparencia y combatir la evasión fiscal.
En el caso ecuatoriano, ha sido motivo de amplia atención mediática la revelación de la información que involucra al actual presidente de la República, Sr. Guillermo Lasso. No sólo por los problemas asociados a la evasión fiscal anotados, sino por el eventual incumplimiento a las normas que prohíben que funcionarios públicos en el Ecuador posean, de forma directa o indirecta, activos en paraísos fiscales, por lo cual exhortamos al Ejecutivo a informar de forma oportuna y exhaustiva su vinculación con sociedades offshore.
Investigaciones como los “Panamá Papers”, “Paradaise Papers”, y ahora los “Pandora Papers” muestran el uso sistemático de mecanismos de corrupción como cuentas secretas y empresas domiciliadas en paraísos fiscales, por parte de políticos y la élite más rica del mundo, para evadir impuestos nacionales o lavar activos provenientes de actividades ilícitas o corrupción.
La práctica de esconder activos no declarados en el extranjero, quitan recursos a las sociedades que podrían destinarse a financiar servicios públicos o garantizar el goce de niveles mínimos de derechos sociales. Por lo que, consistentemente con los esfuerzos realizados por organismos como la ONU, o la UNASUR de mejorar la transparencia internacional y de limitar el uso de estas jurisdicciones opacas, nos sumamos a los llamados internacionales por incorporar en la legislaciones nacionales e internacionales, mecanismos que eliminen el secreto y el anonimato involucrados en estas prácticas.
Además, urge actuar a nivel multilateral para que los países más afectados por la estafa offshore, sean parte de los acuerdos globales. Mientras la OCDE siga dictando las reglas de de transparencia fiscal y financiera, se puede esperar muy pocos cambios.
Ecuador debería sumarse al llamado por la creación de un cuerpo intergubernamental, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para construir las alternativas que permitan superar el esquema internacional de fraude tributario permitido por los paraísos fiscales.
Parte de la solución serán las iniciativas de las autoridades para impulsar registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales.
Otro mundo, sin paraísos fiscales, es posible.
Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES.
