Gerard Coffey
08 abril 2025
Seamos claros desde el principio: el mayor obstáculo para que una economía que no dependa del petróleo o, peor aún, de la minería, es el gobierno; cualquier gobierno. Implementar las medidas necesarias para reducir las emisiones de dióxido de carbono y planificar un futuro ecológica y económicamente sostenible, implica enfrentarse a sectores que se benefician del statu quo. Desafiar a corporaciones e individuos que priorizan sus intereses personales sobre el destino de su país. Sólo un gobierno con objetivos claros y convicción político ambiental será capaz de implementar llevar adelante una transformación de tal calibre.
Esa batalla, que sí sería una batalla, será difícil de ganar en un país dividido, como lo demuestra la distribución de escaños en la Asamblea Nacional resultante de las últimas elecciones generales. Pero habrá que asumirla si Ecuador quiere planificar una economía para la época pospetrolera, algo que, según los cálculos, llegará más temprano que tarde. Las preguntas, por lo tanto, son dos: la primera ¿habrá alguien dispuesto a encarar la tarea?; y la segunda, quizás la más importante, si lo hay, ¿cómo lo hará?
La última interrogante es clave, ya que durante la campaña previa a la consulta popular sobre el Bloque 43 (ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní), las alternativas financieras propuestas para reemplazar los ingresos del Bloque, a pesar de pecar de optimismo, fueron medidas que cualquier gobierno serio debe implementar en el contexto de crisis climática, y tomando en cuenta el nivel de deuda pública muy grave, quizás el más alto en la historia del país[i].
El cierre del Bloque 43
Desde el punto de vista ético, es evidente que Ecuador debería dejar de explotar petróleo. Existen pocas opciones si, como especie, queremos proteger el planeta de los impactos del cambio climático, y, en el caso de Ecuador, proteger la Amazonía y a los pueblos indígenas que la habitan, incluyendo a los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), como los Tagaeri y los Taromenane. Aunque, de paso, vale señalar que a veces el peor enemigo de estos pueblos no es el petróleo sino sus hermanos Waorani, los responsables de una masacre de Taromenane en 2013[ii]. Pero dejemos a un lado por ahora el papel de los Waorani en reducir las poblaciones PIACI, porque el tema aquí es el petróleo, y sus impactos potenciales y actuales tanto en el medio ambiente como en las arcas fiscales del país.
Como señaló hace unos pocos años, Carlos Larrea, economista de la Universidad Andina Simón Bolívar, para limitar el calentamiento del planeta a un nivel aceptable — digamos 1,5 °C —, había sido necesario dejar en el subsuelo cerca del 75 % del petróleo actualmente disponible. Y sí antes parecía complicado, ahora, en la era de Donald Trump, semejante a un Nerón moderno con su mantra de “Drill Baby Drill” (perfora bebé perfora), luce imposible. Claro, mucho depende de la capacidad del Trump para mantenerse en el poder. Pero si lo hace, el futuro, y no solo el de los Tagaere y Taromenane, será decididamente ominoso. Incluso con el nivel actual de deforestación y producción de dióxido de carbono — debido en gran medida a los países más industrializados y no al Ecuador — una parte significativa de la Amazonía podría secarse[iii].
El camino, por tanto, queda claro: a todos nos corresponde hacer todo lo posible para reducir la dependencia del petróleo. El primer paso se dio con la Consulta Popular sobre Bloque 43 (ITT), y la decisión resultante de cerrar los pozos del bloque. Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la seguridad de los PIACI, y respecto al petróleo establece que:
“En el plazo de un año, el Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para implementar efectivamente esta decisión y prohibir la explotación petrolera en el Lote 43. Estas medidas deberán incluir un plan para el retiro gradual de toda la infraestructura petrolera existente en la zona de amortiguamiento, siempre que dicho retiro no afecte negativamente al medio ambiente. Además, el Estado deberá garantizar la participación efectiva de la población afectada, en particular de los pueblos indígenas, durante todo el proceso de implementación de los resultados de esta consulta”.
Dado que la sentencia de la Corte es vinculante, el Estado no tiene más opción que cerrar los pozos dentro del bloque y, como afirma la Corte, adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para implementar efectivamente esta decisión”.
¿Fin del asunto? Quizá.
El problema financiero.
Éticamente, podemos congratularnos por ser líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Fue una victoria simbólica – hay problemas más graves en el Yasuní que el bloque 43, por ejemplo el Bloque 31[iv] – pero los símbolos sí pueden ser poderosos. Después de la votación, Ramíro Ávila´, ecologista y ex juez de la Corte Constitucional, lo puso así: “El resultado de la consulta da un mensaje, tremendo, potente, al mundo, porque este es un país que necesita recursos[v]”, aunque no se sabe si el mensaje llegó a las orejas de Trump, o Xi Jinping, o Narendra Modi.
Por otro lado, para Ecuador el costo económico del triunfo y de este mensaje potente será elevado; mayor, por ejemplo, de lo estimaron Mateo Villalba y Luis Salvador en el documento presentado a la Corte Constitucional durante la campaña de la Consulta[vi]. En ese texto, los economistas calculan el costo del cierre en US$271 millones: un promedio del valor del petróleo producido por el campo Bloque 43 (ITT) entre 2016 (su año inicial de producción) y 2023. Pero el análisis deja varias inquietudes por aclarar.[vii]
En primer lugar, estas cifras se aplican al Presupuesto General del Estado, sin tomar en cuenta los pagos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) que en 2022 fueron de US$248 millones. En segundo lugar, según la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), con base en datos del Banco Central, los ingresos obtenidos por el Estado (en todas sus formas) en 2021, por la exportación de petróleo producido en el Bloque 43 fueron de US$ 1.187,06 millones (16.31% del valor total), que en 2022, debido a los mayores niveles de producción y precios, la cifra fue de US$ 1.584,49 millones (15.80% del valor total)[viii]. En este caso, el valor para el Estado había sido —y las pérdidas serán— mucho mayores que los aproximadamente US$ 300 millones anuales señalados por varios promotores del voto SI en la consulta popular.
Lo que también resulta cuestionable en el informe Villalba es la idea de que los gastos incluyan la importación de derivados, ya que, independientemente de la situación de ITT, el país debe importarlos (nafta, gasolina y diésel, por ejemplo) porque carece de la capacidad de producir lo que la economía interna necesita para funcionar. Lo ideal, por supuesto, sería reducir drásticamente la dependencia de los derivados, mediante el aumento de la capacidad de refinación, lo cual es posible aunque difícil. Y, al mismo tiempo, convertir todo el parque automotor nacional a vehículos eléctricos – con énfasis en el transporte público – lo que va a implicar un aumento considerable de producción de electricidad, y a partir de fuentes no petroleras.
De paso, vale mencionar que el porcentaje del presupuesto nacional que esos ingresos/pérdidas representan, es irrelevante, porque US$300, o US$900, o US$1.500 millones por año, o lo que sea la cifra real, es una cantidad nada despreciable. Con ese dinero se puede construir escuelas, carreteras, protección contra inundaciones, e implementar programas sociales para reducir el desempleo y de ahí combatir el narcotráfico. Por supuesto, todo esto depende, y siempre ha dependido, de la clase de gobierno que ostenta el poder.
No obstante el debate sobre los porcentajes, la muy anhelada ‘transformación energética’ no sólo es posible, sino necesaria en la lucha contra el cambio climático y, de paso, para mejorar una calidad del aire como la de Quito, y otras ciudades, que lleva a problemas de salud respiratoria en la población [ix]. Y la transformación debería ser uno de los objetivos principales del próximo gobierno. Pero, como ocurre con otras medidas similares, llevará tiempo y, lo que es igual de importante, requerirá de dinero, mucho dinero.
Lamentablemente, como se mencionó más arriba, en la actualidad el Ecuador se encuentra en graves dificultades financieras por su voluminosa deuda pública. Solo en este año, 2025, el país debe pagar vencimiento por US$ 8.877 millones en capital e intereses[x], y esto sobre un presupuesto de US$ 28.450 millones[xi].
Por desgracia el problema de los pagos solo se verá agravado por la progresiva disminución de los ingresos petroleros, debido al declive y eventual cierre de los pozos del ITT. En tal caso, son indispensables, primero una reestructuración de la deuda y segunda la implementación de medidas financieras que proporcionen algún grado de ingresos alternativos; sin ellas es más probable que el petróleo se agote primero. Pero quizás esto es ser muy pesimista.
Las cifras y el tiempo.
Cualquiera que sea el valor actual y a futuro de las exportaciones petroleras para el Estado ecuatoriano en todas sus manifestaciones, el problema más apremiante es el tiempo. En otras palabras, lo que está en juego es el número de años que tardarán las reservas de petróleo en disminuir hasta el punto de ser, si no irrelevantes, una fuente mucho menos importante de ingresos para el Estado, así como el lapso que tomará encontrar e implementar fuentes alternativas de recursos económicos. Según Carlos Larrea, “en unos tres o cuatro años, Ecuador se podría convertir en un importador neto de petróleo, como le ocurrió a Bolivia”.[xii] Si bien esta cifra ha sido cuestionada por varias especialistas – en particular por David Almeida, de ANTEP – dada la decisión de cerrar los campos ITT sumada al crecimiento de la demanda nacional de gasolina y diésel, es posible que Larrea tenga razón.
Quizás un escenario más esperanzador, ha sido puesto en duda por Almeida y otros la afirmación de Larrea de que las exportaciones de petróleo, medidas en barriles diarios, – que según el economísta han caído ya en un 22,6% entre 2014 y 2023 –[xiii], alcanzarán el punto crítico mencionado dentro de ocho años[xiv]. Podrían durar más. Sin duda, existen nuevos yacimientos por explorar y poner en producción, así como inversiones para mejorar la recuperación, lo que retrasará la extinción del petróleo como importante fuente de ingresos para las arcas nacionales.
Claro está, también puede haber grandes yacimientos sin explorar a un nivel muy profundo—un tema que se planteó durante el intento de privatizar el Campo Sacha — que podrían convertir a Ecuador en una Arabia Saudita 2.0 – pero no vale contar con ello. Según el geólogo petrolero Franklin Paredes, considerando todos los factores, es más probable que las reservas duren dieciséis años[xv]. Si esta cifra es correcta, aunque no es posible estimar el futuro con certeza absoluta, habrá cierto margen de maniobra, pero sigue siendo escueto. Y mientras tanto, no cabe duda de que las reservas disminuirán más rápidamente con el cierre gradual de los campos ITT, que en 2022 representaron el 15,80 % del volumen total de petróleo exportado.[xvi]
Dejando a un lado por ahora Arabia Saudita 2.0 y Donald Trump, a mediano-largo plazo la tendencia está marcada. Es nada más que una cuestión de tiempo, de tasas de extracción, del avance del cambio climático, y de una necesaria transición a la energía verde que debe concretarse si no queremos achicharrarnos colectivamente.
¿Y el futuro?
Sea cual sea el costo verdadero de cerrar el Bloque 43, y el numero de años que nos queda, hay que hacer algo, y sin demora. La cuestión, por tanto, es con qué rapidez podemos implementar mecanismos para compensar la disminución de los ingresos del petróleo. Así que, lo más conveniente es analizar con cuidado las alternativas propuestas, porque, después de todo, es mejor ser cautelosos y no dejar estas decisiones al último momento.
Según varias fuentes, los problemas económicos del país van más allá del Parque Nacional Yasuní y el bloque ITT. Vienen de mucho tiempo atrás. Son estructurales. Dice el mismo Mateo Villalba que “Ecuador es una economía pequeña y abierta, lo que la hace altamente vulnerable a choques externos”. Lo cual es cierto. La cuestión es cómo corregir esas debilidades estructurales, con el fin de proteger el planeta, la Amazonía y su biodiversidad, y los PIACI, pero sin llevar el país al punto de quiebra. En retrospectiva, dejar de recibir fuentes de ingresos importantes como las del ITT sin tener un plan de contingencia, no fue, quizás, la mejor idea.
A mediano-largo plazo es esencial un consenso nacional sobre la forma adecuada de proceder en el nuevo mundo pospetrolero. Pero para el corto plazo conviene examinar las posibles fuentes alternativas de ingresos que, si bien son especulativas en el contexto político económico actual, podrían contribuir a que el proceso resulte menos traumático:
a. El primer paso, y el más crucial, es resolver el problema del enorme nivel de endeudamiento del país. Como ya se indicó, los pagos de la deuda ascenderán en 2025 a casi US$9.000 millones[xvii] y algo parecido sucederá durante los próximos cuatro años; la única forma viable de reducir la carga es mediante renegociación, tanto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como con los tenedores de deuda privados e institucionales. La reestructuración es tan crucial porque, de conseguirla, se ampliarán los plazos para de ahí proveer los ingresos necesarios para invertir en infraestructura como la capacidad de generación de electricidad no petrolera, la conversión de flotas, el aumento de la capacidad de refinación, y el establecimiento de programas sociales y de empleo, que ayudarían en resolver la marginalización que compone la base social del narcotráfico.
b. Un segundo objetivo puede consistir en cerrar las lagunas legales que permiten la fuga de capitales. Desarticular los métodos legales, y a veces ilegales, utilizados para evadir impuestos mediante la transferencia de ganancias y patrimonio personal a paraísos fiscales requerirá de la aplicación de estrategias diversas. Por ejemplo, será crucial para la salud financiera del país, garantizar que los ingresos obtenidos por las exportaciones permanezcan en el país durante un tiempo mínimo, y que se reinviertan en la economía nacional. Al mismo tiempo, se debe iniciar un análisis detallado de las transacciones para identificar transferencias ilegales y fuga de capitales.
c. Las exenciones fiscales son otro aspecto que debe analizarse. En el 2022, estos beneficios (gastos tributarios) fueron de US$ 5.151,80 millones, principalmente ligados al Impuesto al al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta. La cifra no es nada despreciable: representa el 4,5% del PIB, casi un punto por encima del promedio regional de 3,7% (CEPAL, 2021)”. [xviii] Sin duda, no todos los gastos fiscales son espurios, y algunos deberían mantenerse, aunque en un nivel inferior. Pero muchos sí lo son, y la cantidad que podría recaudarse como resultado, si bien imprecisa, es asimismo significativa.
d. Existe una necesidad real de depender menos del IVA, un impuesto regresivo, y de instalar un régimen fiscal que obligue a las empresas y a las personas con mayores ingresos a contribuir más al bienestar de su país: es decir, una reducción de los alcances y porcentaje del IVA, que en términos relativos afecta más a los sectores de menores ingresos, representaría al mismo tiempo la posibilidad de un enfoque más decidido y riguroso sobre los impuestos gravados a los que más tiene, tanto a lo que más tienen como empresas.
Otra medida que se ha propuesto es un impuesto sobre el patrimonio. Y dado que la riqueza y no las ganancias – en la medida en que se puedan separar – es la principal causa de desigualdad, esta idea cuenta con un amplio respaldo. Sin embargo, la experiencia en muchos países ha demostrado que definir y estimar la riqueza ha resultado muy difícil. Los ricos y sus asesores contables son muy buenos ocultando la riqueza; y, en consecuencia, las cantidades que podrían recaudarse son relativamente pequeñas en comparación con otras alternativas.
Conclusión
La quema de petróleo produce dióxido de carbono, lo que en turno es un importante contribuidor al cambio climático, y para un país amazónico como el Ecuador, combatir el fenómeno es esencial, a pesar de que su contribución esté lejos de determinante en términos globales. Por eso dejar depender de los ingresos que provienen de la producción de crudo será necesario, y a la vez doloroso. Pero a mediano plazo no hay opción. Los campos de petróleo del país están en declive, y si bien hay discrepancias respecto a cuánto tiempo durarán, no hay dudas de que se agotarán en el futuro relativamente cercano. Actuar con precaución, pero con prisa y firmeza es el mejor camino para evitar que algún día nos encontremos al mismo tiempo sin petróleo, sin dinero, y sin Amazonía.
Existen fuentes alternativas de ingresos, y a pesar del incertidumbre alrededor de su eficacia, deben ser implementadas en el menor tiempo posible. No sólo para preparar la economía ante el inevitable futuro pos-petrolero, sino también para asegurar que en el corto plazo el país no se hundirá en un pantano de deuda odiosa. Pero como se explicó al inicio, todo dependerá de que el gobierno esté dispuesto a asumir el reto, enfrentar la oposición, (o alcanzar consensos mínimos con ella) y definir un rumbo económica y financieramente sostenible. Aun así, con la oposición de intereses creadas y sin los ingresos de petróleo no habrá ninguna garantía.
Referencias
[i] La deuda pública del Ecuador alcanzó el monto histórico de US$82.940 millones a finales de noviembre 2024: “US$48.360 de deuda externa y US$34.580 millones de deuda interna. El Comercio, 04 de febrero 2025 https://www.instagram.com/elcomerciocom/p/DFqhVphNERU/?img_index=1
[ii] https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/aislados-acorralados-tagaeri-taromenane-20-anos-despues-matanza-CF5777501
[iii] “Encontramos que ya tenemos un 18 % de deforestación y si llegamos a un 25 %, según los científicos, comienza inevitablemente el colapso o, si quiere, la transición de la selva a la sabana, lo cual es evidentemente muy grave.” https://es.mongabay.com/2025/01/martin-von-hildebrand-dos-anos-politicos-mas-importantes-de-amazonia-entrevista/
[iv] Ver: Karen Andrade Mendoza, La gobernanza ambiental en el Ecuador: el conflicto alrededor de la licencia ambiental en el bloque 31, en el Parque Nacional Yasuní https://www.flacso.edu.ec/portal/files/docs/WP_005_Andrade_01.pdf
[v] Entrevista a Ramiro Ávila. Land is LIfe: https://www.youtube.com/watch?v=hXwqk58BzAw&t=515s
[vi] https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2024/08/28044708/Propuestas-economicas-para-dejar-de-explotar-el-Yasuni-ITT.pdf
[vii] Hay otras inquietudes. El promedio de los ingresos y los niveles de producción incluyen el año 2016, el primer año de operaciones, cuando la producción fue extremadamente baja en comparación con otros años, lo que distorsiona el cálculo. Para sacar un promedio más confiable, es también aconsejable descartar tanto el año más alto como bajo.
[viii] https://antepecuador.com/2023/08/14/carta-abierta-a-alberto-acosta-espinoza-sobre-el-campo-itt-y-la-consulta-popular/
[ix] “Según la OMS, solo 1 de cada 10 personas respira aire seguro. 9 de cada 10 muertes por contaminación atmosférica se producen en países de renta baja o media. La contaminación atmosférica provoca el 36% de las muertes por cáncer de pulmón, 34% de las muertes por ictus, 27% de las enfermedades cardiacas, 35% de las muertes por EPOC (enfermedad pulmonar)” https://www.salud.gob.ec/municipios-saludables-respiran-vida/
[x] El Comercio 04 de febrero 2025 https://www.instagram.com/elcomerciocom/p/DFqhVphNERU/?img_index=1
[xi] https://www.primicias.ec/economia/gasto-publico-incremento-primer-trimestre-noboa-elecciones-93075/
[xii] Las refinerías de Esmeraldas, Shushufindi y Libertad recibieron un promedio de 150.000 barriles diarios para consumo interno entre 2007 y 2023. Su capacidad de refinación total es de 175.000 barriles diarios, con 110.000 barriles en Esmeraldas, 45.000 en La Libertad y 20.000 en Shushufindi. El consumo interno de derivados (gasolina, diésel y gas natural) ha superado ampliamente esta capacidad y mantiene un crecimiento acelerado, con una tasa media anual de 3,2% entre 2007 y 2024. En 2023 su valor alcanzó 299.000 barriles, diarios provenientes mayoritariamente de importaciones (BCE 2024a). ¿Por qué debe cumplirse la consulta popular sobre el Yasuní-ITT? Una estrategia para superar la crisis* Carlos Larrea, Ecuador Debate 121.pdf https://n9.cl/2e5a5
[xiii] Carlos Larrea, Ecuador Debate 121.pdf https://n9.cl/2e5a5
[xiv] Larrea ha dicho: “De acuerdo con varias fuentes, como British Petroleum y el mismo Estado ecuatoriano, las reservas probadas remanentes de petróleo son de 1.370 millones de barriles (Ministerio de Energía y Minas 2021).” En el 2023 esta cifra equivalía a ocho años adicionales, al ritmo de extracción de esos años. Ecuador Debate 121.pdf https://n9.cl/2e5a5
[xv] Conversación privada con Franklin Paredes
[xvi] Pedro Paez, Hilando Fino. https://www.facebook.com/watch/?v=2489610521199732
[xvii] El Comercio 04 de febrero 2025 https://www.instagram.com/elcomerciocom/p/DFqhVphNERU/?img_index=1
[xviii] https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2024/08/28044708/Propuestas-economicas-para-dejar-de-explotar-el-Yasuni-ITT.pdf
