A pesar de un cambio de retórica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa impulsando políticas de austeridad desastrosas en Ecuador. Estas políticas están causando graves estragos en la economía del país así como en su sistema de salud, lo cual ha provocado una vulneración sistemática de los derechos económicos y sociales que la Constitución ecuatoriana y las normas internacionales protegen.
Pese a la amplia evidencia de que la austeridad ha fallado en cada uno de los países en que se ha implementado, desde fines de 2017 Ecuador retomó el camino de la austeridad fiscal. Las consecuencias sobre los derechos han sido devastadoras. En el sector de la salud, por ejemplo, la inversión pública entre 2017 y 2019 se redujo en casi dos tercios (cayendo en un 64%). Los recortes continuaron en 2020 en línea con las directrices del FMI. Esto exacerbó la vulnerabilidad del país frente a la pandemia del Covid-19 afectando en mayor medida a poblaciones marginadas: pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, informales y familias de los quintiles más bajos de ingresos, quienes dependen en mayor medida de los servicios sociales públicos.
El acuerdo crediticio que el Ecuador suscribió con el FMI por USD 4.200 millones en 2019 establece que el país debe abordar su déficit mediante el “fortalecimiento de los controles sobre los compromisos de gasto” y la “realineación de la masa salarial del sector público”. Esto llevó al despido de 3.680 trabajadores del Ministerio de Salud Pública en 2019 (el 4,5% del empleo total en este Ministerio) justo antes de la peor crisis de salud pública en décadas. Un factor que contribuyó a que el deEcuador se convirtiera en uno de los brotes más letales del coronavirus en todo el mundo. Los impactos de la austeridad siguen midiéndose en términos de vidas perdidas.
Tras haber privilegiado el pago del servicio anticipado de la deuda externa y honrar apuestas especulativas en los meses más críticos de la pandemia, el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo de reestructuración de deuda por USD 17.400 millones con sus tenedores de bonos. Si bien esto le permitió al país aliviar algo de presión para enfrentar la pandemia, en ningún modo resuelve la actual crisis de la deuda. Las condiciones acordadas, sin embargo, son en extremo desventajosas: pese a que los bonos ecuatorianos cayeron al 35% de su valor debido a la pandemia, la renegociación reconoció el 59% del valor presente para sus acreedores.
Un aspecto particularmente problemático de la operación es que su sostenibilidad depende de alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI que incluya un mayor apoyo financiero en el marco de su Servicio Ampliado, el cual seguramente incluirá más condiciones sobre la política económica y social del país.
Si bien el FMI ha dicho apoyar un mayor gasto en salud pública en la respuesta inmediata al Covid-19, el préstamo que le concedió al Ecuador en el marco del financiamiento de emergencia acordado en mayo, recomienda la continuidad de la “consolidación fiscal … de alrededor de 6.2 puntos porcentuales del PIB durante el período 2019-2025”. De cumplirse, esto debilitará más la capacidad de Ecuador para financiar adecuadamente los servicios públicos, los programas de protección social y los esquemas regulatorios que son esenciales para proteger los derechos económicos y sociales de la población ecuatoriana. La CEPAL estima que Ecuador será uno de los países con los mayores aumentos en la pobreza extrema y la desigualdad de la región producto del COVID-19. Estas proyecciones sólo podrían mitigarse con un gasto público vigoroso en los sectores sociales en los que se están planteando recortes.
Adicionalmente, el gobierno utilizó el estado de emergencia declarado desde marzo 2020 para acelerar medidas de ajuste estructural solicitadas por el FMI que lesionan otros derechos: una reforma de flexibilización laboral que se había pospuesto por temor a la oposición social; una reforma fiscal que había sido rechazada por el parlamento a finales de 2019; y la eliminación los subsidios a los combustibles, que antes había sido reversada tras una masiva protesta popular en octubre del año pasado en liderada por los pueblos indígenas y sectores de los barrios populares de las grandes ciudades. El intento de imponer estas medidas sin la debida participación de las poblaciones afectadas, y sin el debido respeto por los procedimientos democráticos, se combinó con la respuesta inapropiada del gobierno a la protesta legítima.
El FMI debe asumir la responsabilidad del impacto de sus políticas en los derechos humanos en el Ecuador. Tras varias advertencias previas, ya debería estar claro para el FMI que no puede actuar de espaldas a los pueblos insistiendo en recetas fracasadas que amenazan con hundir al país en una espiral insostenible de endeudamiento y en una crisis económica y social de mayores proporciones. Esta inconformidad popular, así como las consecuencias devastadoras del COVID-19 que la austeridad fiscal ha amplificado, dejan suficientes lecciones para que el FMI reconsidere su papel en el Ecuador. En este sentido, el FMI debería adoptar al menos las siguientes acciones.
Primero, evaluar seriamente y transparentar el impacto en los derechos humanos de las condiciones a las que sujeta sus préstamos. Esto significa medir el efecto distributivo de los cambios en la política fiscal, con énfasis en los impactos en la desigualdad económica y de género, y evitar aquellos que imponen un costo para los sectores más desfavorecidos, incluyendo a los pueblos indígenas.
Segundo, respetar los procesos democráticos para la toma de decisiones económicas y abstenerse de ejercer cualquier influencia indebida que restrinja el espacio fiscal necesario para proteger los derechos socioeconómicos de las personas, particularmente en los acuerdos que suscribe.
Finalmente, debería recomendar y promover políticas alternativas basadas en derechos para ampliar el espacio fiscal tales como la realización de una reforma tributaria que grave los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de grandes corporaciones; el combate sin tregua a la evasión y la elusión fiscal; la derogación de la norma que impide al Banco Central del Ecuador adquirir títulos de deuda pública para financiar los problemas de liquidez en situaciones de crisis como la actual; y el apoyo a un proceso de reestructuración ordenado de la deuda a nivel internacional, en línea con los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana de las Naciones Unidas.
Es hora de que el FMI honre sus responsabilidades en derechos humanos y desactive la bomba de tiempo en que se han convertido las políticas de austeridad en Ecuador y en otras partes del mundo.
Allison Corkery, Centro de Derechos Económicos y Sociales.
Jayati Ghosh, Profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi.
Osama Diab, investigador sobre derechos económicos y profesor de estudios de desarrollo.
Sergio Chaparro, Centro de Derechos Económicos y Sociales.
Ignacio Saiz, Centro de Derechos Económicos y Sociales.
Adrián Falco, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.
Leilani Farha, Directora Mundial de The Shift.
John N. Robinson III, Profesor Adjunto de Sociología, Universidad de Washington en St. Louis.
Andrés Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarización del Ecuador y Sciences Po Paris.
Carolyn Sissoko, profesora titular de economía, UWE Bristol.
Crystal Simeoni, Directora, Nawi: Colectivo de Macroeconomía Afrifem.
Gilad Isaacs, codirector del Instituto de Justicia Económica de Sudáfrica.
Nicholas Loubere, Profesor Asociado Superior, Universidad de Lund, Suecia.
Dr. Philip Mader, Instituto de Estudios de Desarrollo, Reino Unido.
Matthias Goldmann, Universidad Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparativo y Derecho Internacional de Heidelberg.
Stephan van der Merwe, abogado principal, notario público y profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica.
Z. Fareen Parvez, Profesora Adjunta de Sociología, Universidad de Massachusetts en Amherst.
Ingrid Harvold Kvangraven, profesora de desarrollo internacional de la Universidad de York.
Melinda Cooper, profesora de sociología de la Universidad Nacional de Australia.
Demba Moussa Dembele, Foro del Tercer Mundo.
Ammar Rashid, Presidente del Partido de los Trabajadores de Awami, Punjab (Pakistán).
Martino Comelli, candidato al doctorado en ciencias políticas, Universidad de Europa Central, Budapest.
