Por Jonathan Alvarado

Haber vivido en la calle y hoy trabajar en protección de derechos me permitió entender por qué las políticas públicas fracasan cuando no sostienen procesos. Esta no es una historia de superación individual, sino una defensa del acompañamiento digno como política pública.

Escribo este texto con una mezcla rara: orgullo por lo construido y una tristeza serena por lo que tuvo que pasar para que ese camino existiera. No lo escribo para “conmover” —aunque sé que duele leerlo— sino para decir algo que a veces se pierde en el discurso público: nadie cambia por imposición. Las trayectorias se transforman cuando hay acompañamiento digno, continuidad y oportunidades reales.

El principal cambio, es cierto, empieza desde una decisión propia: querer mejorar la vida. Pero esa decisión no surge en el vacío. Muchas personas que viven en la calle no logran tomarla, no porque “no quieran”, sino porque están atravesadas por depresión, soledad, consumo problemático y una ausencia casi total de apoyo.

Para quien vive en la calle, el consumo no suele ser una elección libre ni un vicio aislado: es una forma de escapar de una realidad que duele. Muchas veces, también, una manera de sufrir menos. Amanecer en la intemperie, soportar el frío de la madrugada, convivir con el miedo constante a la violencia. En ese contexto, las drogas se vuelven un alivio temporal que, aunque sea por un momento, permite evadir esa realidad.

Si yo no hubiera tenido una motivación mínima para salir adelante —aunque fuera frágil y contradictoria— probablemente la calle habría terminado de consumir lo poco que quedaba de mí. No muy lejos de lo que hoy viven muchas personas a las que acompaño en procesos de consumo problemático. Todas cargan múltiples problemas, pero también —aunque a veces esté enterrada— alguna motivación para dejar el consumo.

En una sociedad que excluye, que maltrata por la apariencia, la condición o la situación, no debería sorprendernos que las personas se aíslen. Muchas terminan apartándose del mundo “correcto” no por elección, sino porque ese mismo mundo las expulsó primero. Los pocos proyectos e instituciones que trabajan esta realidad desde su origen lo saben bien: la calle no empieza en el consumo, empieza en la marginación.

No es casualidad que los lugares donde habitan —cambuches, quebradas, parques, vías principales, bosques— no sean escogidos al azar. Son espacios donde el contacto con una sociedad que ha causado daño, rechazo y estigmatización es menor. Son formas de supervivencia frente a una exclusión que se vuelve estructural.

Este texto se escribe en un contexto donde el debate público sobre la situación de calle, la movilidad humana y la niñez empobrecida oscila entre la criminalización y las respuestas rápidas. Frente a ese escenario, volver a hablar de acompañamiento digno no es ingenuo: es urgente.

Cuando el sistema deja caer a una persona

Hay una idea cómoda que aparece cada vez que se habla de calle: que todo se reduce a “malas decisiones”. Esa lectura simplifica, culpabiliza y —lo más grave— justifica la indiferencia.

Si miramos desde otra perspectiva, es evidente que muchas personas que hoy viven en la calle nunca conocieron otra forma de vida. Algunas nacieron en ella; otras crecieron en condiciones tan precarias que la calle fue una continuidad, no una ruptura. No siempre ocurre, pero sucede con más frecuencia de la que estamos dispuestos a admitir.

Solemos mirar esta realidad desde nuestros privilegios: tener una casa, alimentación, acceso a educación, una familia que acompaña. Pero rara vez pensamos que hay personas que nunca tuvieron un hogar, o que crecieron en entornos tan violentos y degradados que no conocieron otra forma de existir. Cambiar esa forma de pensar y de vivir no es sencillo, pero sí es posible. Lo que requiere es tiempo, recursos y voluntad política.

Lamentablemente, muchas instituciones públicas funcionan desde la lógica de la estadística: cuántas personas se atienden, cuántos operativos se realizan, cuántos espacios se “recuperan”. No desde la pregunta de cuántas vidas se transforman realmente. A veces se hace un supuesto bien que termina generando más daño: se retira a una persona de un parque porque “molesta”, sin preguntarse qué necesita en realidad. Escuchar, ofrecer descanso, comida y cuidado puede ser más transformador que cualquier operativo de control.

La calle no es un lugar: es una falla acumulada. Falla de la familia cuando está devastada y sin apoyo. Falla del Estado cuando llega tarde o llega solo con control y castigo. Falla social cuando el estigma convierte a una persona en “desechable”. Desde afuera, quien vive en la calle se vuelve invisible: por su ropa, por su olor, por su condición. Es como si dejara de ser sujeto de derechos.

Por eso, cuando se piensa en intervención social, no alcanza con el rescate puntual. Lo que cambia la historia no es un acto heroico, sino un sistema que sostiene procesos.

El quiebre: dignidad y alguien que no se va

En mi caso, el quiebre llegó cuando el Patronato Municipal San José apareció con su equipo de abordaje en calle. Me ofrecieron algo que casi nunca se nombra en las políticas públicas, pero que es la base de todo: dignidad. Una cama, comida caliente, cuidado, acompañamiento. Ingresé a la Casa de la Niñez 2 (ya no existe físicamente, pero existe en mí). Ahí encontré algo parecido a una familia.

No idealizo el proceso. Me escapé, recaí, dudé, volví a la calle, hubieron idas y vueltas. Incluso intenté regresar con mi madre pensando que el hogar cambiaría, pero no cambió. Volví a la calle y, sin embargo, hubo un hilo que no se rompió: siempre existió un lugar que siguió creyendo en mí incluso cuando yo no podía hacerlo.

Esa es la diferencia entre intervención y acompañamiento: intervención es “te saco de aquí”; acompañamiento es “no me desaparezco cuando recaíste; vuelvo, sostengo, insisto”.

La recaída no es fracaso moral; es parte del proceso cuando hay trauma, precariedad y violencia.

La educación no es milagro: es política pública

Gracias a esa continuidad logré terminar la escuela, cursar el bachillerato en un colegio regular y, más adelante, ingresar a la universidad —algo impensable para el niño que dormía en Cumandá— siendo la única persona de mi familia en culminar una carrera universitaria. No como excepción heroica, sino como resultado de políticas que funcionaron cuando existieron.

Aquí hay una lección pública clara: no hay meritocracia sin condiciones mínimas. Una beca completa para estudiar Derecho no fue un adorno del currículum, sino la herramienta concreta que permitió que la trayectoria cambiara.

La pregunta no debería ser “¿por qué no se esfuerzan?”, sino: ¿qué condiciones estamos dispuestos a garantizar para que el esfuerzo sea posible?

Porque estudiar no solo requiere voluntad: requiere tiempo, estabilidad, salud mental, alimentación, un lugar para dormir y alguien que acompañe cuando el pasado vuelve.

Volver a la calle desde otro lugar

En medio de ese proceso perdí a mi madre y vi cómo mi padre continuó viviendo en la calle. Aprendí desde muy joven a sostenerme solo y a construir un camino lejos de lo que me había marcado.

Hoy, después de casi ocho años de trabajo en el ámbito social, regreso a la calle desde otro lugar: como abogado y como promotor de derechos. Trabajo en Quito en el área de Protección de Derechos, acompañando a personas en situación de movilidad humana, desplazamiento forzado, personas habitantes de calle y niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y mendicidad. Esa etapa quedó atrás; hoy mi vida es trabajo sostenido, formación y acompañamiento profesional.

La calle te enseña a leer el dolor ajeno. Y ese aprendizaje, cuando se vuelve profesión, puede convertirse en empatía real: no lástima, sino respeto; no discurso, sino presencia.

Tres lecciones para la política pública (y para la sociedad)

No escribo desde la teoría. Escribo desde lo vivido y desde lo trabajado.

Continuidad. Sin seguimiento, la ayuda se evapora.
Dignidad material. Nadie reconstruye su vida desde la intemperie.
Educación con sostén. No basta con abrir cupos: hay que sostener trayectorias.

Finalmente, vale una pregunta incómoda:

La Constitución, en su artículo 35, reconoce a los grupos de atención prioritaria, pero no menciona explícitamente a las personas habitantes de calle. ¿Por qué, si es un fenómeno que se agrava cada vez más? ¿Es falta de recursos, o falta de voluntad para reconocer derechos a quienes no encajan en la idea de “ciudadano productivo”?

Las personas que viven en la calle también están en desprotección, también ven vulnerados sus derechos y también son personas con derechos.

Porque los derechos no se declaran: se garantizan. Y se garantizan con continuidad, con cuidado, con oportunidades reales, desde la empatía y el respeto, tratando a las personas como iguales y no desde la superioridad.

Jonathan Alvarado es abogado, mediador y promotor de derechos. Trabaja en el área de Protección de Derechos en Quito, acompañando a personas en situación de movilidad humana, habitantes de calle y niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y mendicidad.