Intervención de CDES en el marco de la Consulta Global sobre el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) para facilitar el acceso a la reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas.

Ginebra, 11 de octubre de 2019

Buenas tardes, mi nombre es Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador- CDES.

Primeramente quisiera agradecer a los organizadores por la oportunidad de exponer la experiencia de la sociedad civil ecuatoriana y las acciones de cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos, en nuestro caso la Defensoría del Pueblo.

También, mencionar que lamentamos la ausencia de su representante Freddy Carrión; sin embargo, comprendemos que la grave situación por la que estamos pasando en Ecuador requiere de su presencia.

Ahora, enmarcándome en las preguntas de la consulta, es importante plantear que las competencias de la Defensoría del Pueblo en Ecuador son limitadas, estas se reducen a realizar acciones administrativas para activar la implementación de instrumentos de derechos humanos y en generar pronunciamientos y  prescribir garantías jurisdiccionales frente a situaciones que planteen la desprotección de víctimas. No obstante, a pesar de estas limitaciones la Defensoría se ha convertido en un aliado fundamental para las organizaciones de la sociedad civil.

En ese contexto, me voy a referir a dos casos en concreto que sirven de ejemplo para describir esta cooperación: el primero, es el caso de esclavitud moderna de la empresa Furukawa y la inconstitucionalidad del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El caso Furukawa, trata sobre una empresa de capitales japoneses y filipinos que está radicada en Ecuador desde hace 56 años. La empresa se dedicada a la producción de la fibra de abacá, comúnmente usada para la elaboración de insumos como las bolsas de té o los billetes- dinero.

Para realizar el procesamiento de la fibra de abacá, la empresa durante décadas ha mantenido a más 400 familias en condiciones de vida indigna y de trabajo, las cuales entran en la categoría de esclavitud moderna, similares a la servidumbre de la gleba.

El caso se dio a conocer públicamente en febrero de este año, mediante el informe de la Defensoría del Pueblo, que fue elaborado con el apoyo del Comité de solidaridad de los y las trabajadoras de Furukawa, al cual pertenece CDES, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y la Coordinadora Nacional Campesina (CNC). Según este informe y los siguientes de verificación, se han vulnerado los derechos humanos de 1261 personas, donde se evidenció que existen condiciones de trabajo infantil, servidumbre y explotación laboral, la privación de acceso a servicios de salud, educación y vivienda, e incluso la privación al derecho de reconocer su identidad. Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) identificó que el 81% de estas personas viven en condiciones de extrema pobreza miseria, el 17% son pobres y el 2%, no lo son.

A pesar de esta triste realidad y que caso es conocido por el Estado ecuatoriano por más de un año, hasta el momento no se han implementado ninguna de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo o acciones de reparación efectivas para los trabajadores y  sus familias. Solamente se han tomado medidas administrativas y parcializadas que favorecen la posición de la empresa. Entre estas medidas, La Secretaría de Gestión de la Política intentó establecer una mesa de negociación que cuyo resultado fue la separación de la organización de los trabajadores y trabajadoras. Posteriormente funcionarios del Ministerio del Interior del Ecuador, legitimaron la celebración de acuerdos injustos entre la empresa y un grupo de abacaleros, donde la empresa ofreció una indemnización entre 300 a 3000 dólares a las víctimas. A pensar de la desproporcionalidad de estas acciones y que se ha cuantificado que la cantidad mínima debería bordear los 7 millones de dólares, el Estado manifestó que no puede intervenir, porque “es acuerdos entre privados”.

En cuanto al Acuerdo con el FMI, las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado demandas de inconstitucionalidad e informes alternativos frente al Comité  DESC, denunciando vicios de forma y de fondo del acuerdo, donde se destacan el incumplimiento de los procedimientos de aprobación determinados por la Constitución de la República y porque el acuerdo compromete acciones que atentan con los derechos humanos de las y los ecuatorianos, sobre todo si consideramos que éstas están focalizadas en la flexibilización de los derechos laborales, la reducción de la capacidad del Estado para ejercer sus competencias como gestor de la política social y económica; además señalar que esta reducción está anclada el despido masivo de funcionarios y funcionarias públicas, a la amnistía fiscal para empresas como medida para fomentar la inversión extranjera, la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otros.

En su momento, la preocupación de la sociedad civil sobre el acuerdo fue acogida por la Defensoría del Pueblo, institución que se pronunció en marzo, exhortando al Estado ecuatoriano a que transparente los impactos a los derechos humanos del acuerdo y las medidas económicas comprometidas con el FMI. No obstante, esto no ocurrió.

Parte de estas medidas antipopulares se volvieron efectivas el 1 de Octubre, lo cual motivó el descontento popular declarando un paro nacional y la movilización masiva de más de 20 mil compañeros indígenas hacia Quito, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, el sector del transporte, entre otros. SÍ, EN ECUADOR ESTAMOS EN PARO.

Con  la movilización, el Presidente Lenin Moreno decretó un estado de excepción por 60 días, con posibilidades de extensión y un toque de queda que limita el derecho a la protesta social y las libertades fundamentales de la población. Hoy en Ecuador se vive un estado de desprotección y represión brutal.

Frente a esta realidad sería importante que la Defensoría del Pueblo ecuatoriana cuente con mecanismos efectivos y vinculantes de reparación que permitan actuar con celeridad.

Ayer el Embajador Emilio Izquierdo habló sobre activar a futuro mecanismos de reparación efectivos para las víctimas e invitó a todas a trabajar por ello. Me gustaría tomarle la palabra y que se plantee como el Estado va a reparar los gravísimos costos de las medidas económicos, empezando por la represión vivida en 9 días de movilización.

Tomando nota que hasta ahora tenemos:

• 5 muertes confirmadas,
• 95 heridos graves,
• Más de 500 heridos leves,
• 83 desaparecidos, de los cuales 47 menores de edad,
• Más de 800 detenidos,
• 57 periodistas agredidos,
• 13 periodistas encarcelados,
• 9 medios de comunicación intervenidos,
• 26 políticos apresados.

Y seguimos contando….