El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente el ecocidio provocado por el derrame de petróleo en Esmeraldas, el cual ha contaminado gravemente los ríos Viche y Caple, poniendo en peligro la vida de miles de personas, devastando ecosistemas y afectando gravemente el derecho humano al agua.
Este es uno de los mayores derrames petroleros accidentales en la historia del país, comparable al desastre causado por Texaco durante más de dos décadas, un crimen socioambiental cuyas responsabilidades penales deben ser plenamente esclarecidas y sancionadas. Este ecocidio no es un hecho aislado, sino el resultado directo del debilitamiento de la institucionalidad estatal, la falta de control y regulación ambiental, y el desmantelamiento de las capacidades del Estado debido a la austeridad fiscal.
RESPONSABLES DIRECTOS Y POLÍTICOS DEL ECOCIDIO
El Gobierno de Daniel Noboa: Mientras el país enfrenta esta crisis ambiental sin precedentes, el gobierno ha demostrado más interés en hacer campaña electoral y perseguir a la oposición que en asumir su responsabilidad de gobernar. La falta de inversión pública en infraestructura crítica y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas del control ambiental han sido factores determinantes en este ecocidio.
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables: quienes debían activar el Plan de Emergencia y Contingencia, ejecutar acciones de contención con barreras y diques, coordinar tareas de limpieza, monitoreo y remediación y han fallado; además de evaluar la calidad del suelo y garantizar el suministro de agua potable en las zonas afectadas.
Petroecuador: Como operador del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), Petroecuador tiene la obligación de garantizar el mantenimiento y la seguridad del ducto. Este derrame es consecuencia directa de la falta de inversión en infraestructura, mantenimiento y monitoreo, ausencia de medidas preventivas ante deslizamientos de tierra y una respuesta tardía e ineficaz.
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica: Esta institución, que debería velar por la protección de los recursos naturales y los derechos ambientales, ha sufrido un grave debilitamiento en sus capacidades de fiscalización y respuesta. Las políticas de austeridad han reducido los recursos destinados a la prevención y monitoreo ambiental, lo que ha permitido que fallas estructurales como las que causaron este derrame queden sin atención oportuna.
Las empresas subcontratadas: Si se confirma que empresas privadas estaban a cargo del monitoreo y mantenimiento de la infraestructura del SOTE, exigimos que se revele qué compañías estaban involucradas y qué fallas cometieron en la prevención de este ecocidio.
RESPONSABILIDAD PENAL POR ECOCIDIO
Recordamos que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su Artículo 251 (Delitos contra el ambiente), sanciona con hasta 3 años de prisión a quienes, por acción u omisión, contaminen el agua, el suelo o el aire de forma que genere daño grave a la salud de las personas o a los ecosistemas. Exigimos a las autoridades judiciales que actúen conforme a derecho y lleven ante la justicia a los responsables de este crimen ambiental.
CONSECUENCIAS DEL ECOCIDIO: UNA CRISIS HUMANITARIA Y AMBIENTAL
- Más de 500,000 personas afectadas por la contaminación de fuentes de agua, poniendo en peligro la salud y el acceso a recursos básicos.
- Destrucción de la fauna y flora de los ríos Viche y Caple, generando un impacto ecológico irreversible en la biodiversidad de Esmeraldas.
- Comunidades indígenas, campesinas y pescadores gravemente afectadas, con pérdidas económicas incalculables y sin garantías de reparación inmediata.
- La recuperación del ecosistema podría tardar más de una década, mientras el Estado ecuatoriano no cuenta con planes claros ni compromiso real para restaurar las zonas afectadas.
NUESTRAS EXIGENCIAS
- Declaración inmediata de emergencia ambiental y social en Esmeraldas, con medidas urgentes para abastecer de agua potable a las comunidades afectadas y proteger la salud de la población.
- Juicio y sanción penal a los responsables de este ecocidio, incluyendo altos funcionarios de Petroecuador, los Ministerios de Energía y del Ambiente, y el gobierno de Daniel Noboa.
- Indemnización inmediata para las comunidades afectadas y un plan de recuperación ambiental con participación directa de las poblaciones locales.
- Auditoría independiente a Petroecuador y a las empresas subcontratadas para determinar responsabilidades y evitar futuros desastres.
- Fin al desmantelamiento de la institucionalidad estatal que ha permitido que fallas en la regulación, control e inversión pública conduzcan a crisis como esta.
Este no es un “accidente”, sino el resultado predecible de un Estado debilitado, una administración ausente y una política de austeridad que ha dejado sin protección a las comunidades y al ambiente. No permitiremos que la impunidad se imponga.
19 de marzo de 2025
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
