«El nuevo gobierno -explica Iturralde- tendrá que demostrar que las medidas que impondrá son razonables, proporcionadas y no discriminatorias»
Di Brando Ricci
La reducción de costos laborales, recortes en el gasto público, privatizaciones y aumentos de impuestos indirectos, como lo solicitó a Ecuador el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Pablo Iturralde, coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cdes), estos serán los pilares de la política de Guillermo Lasso, presidente electo con el 52 por ciento de los votos.
El banquero y empresario, de 65 años, candidato del Movimiento Creo fundado en 2012 y señalado como desfavorecido por las encuestas sobre intenciones de voto de los últimos días, anotó cinco puntos más que el candidato de centroizquierda Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones que se llevadas a cabo el domingo. Según Iturralde, entrevistado por la agencia Dire, con el conteo ahora concluido las políticas que el recién electo presidente prometió durante la campaña electoral constituyen «un retroceso».
El ejecutivo de Cdes, organización fundada en 1997 para la promoción de los derechos humanos y sociales, con sede en la capital Quito, subraya que las medidas basadas en la flexibilidad que Lasso pretende llevar a cabo «podrían conducir a una mayor facilidad en los despidos y la reducción de salarios en el sector privado”. Los efectos serían negativos, según Iturralde: «Mayor inestabilidad laboral y por tanto una disminución de la calidad de vida, así como un aumento de las restricciones al acceso a las necesidades básicas, incluida la alimentación, la salud y la educación».
Lo que preocupa al ejecutivo de Cdes también es un horizonte de «austeridad, privatizaciones y recortes del gasto público». El coordinador destaca que solo hay una forma de que estas políticas «no afecten los derechos de los ciudadanos». Según Iturralde, «las medidas deben cumplir con los principios de los convenciones internacionales de derechos humanos y las indicaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas». Se trata de una referencia a un organismo creado por la ONU en 1985 y formado por 18 expertos que se encargan de vigilar el cumplimiento del pacto del mismo nombre adoptado por la Asamblea General en 1966. «El nuevo gobierno – explica Iturralde – tiene que demostrar que las medidas que se querrán imponer son razonables, proporcionadas y no discriminatorias hacia los grupos de población vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres y las familias menos favorecidas”.
Las políticas centradas en la austeridad y los recortes en el gasto social han caracterizado los últimos años al gobierno del presidente saliente Lenin Moreno. El rechazo de algunas medidas por parte de su ejecutivo, como la relativa al recorte de subsidios a los combustibles o las impuestas para contener los efectos de la pandemia Covid-19, provocó dos oleadas de protestas en todo el país en 2019 y el año pasado.
Artículo en: DIRE Agenzia di Stampa Naziolnale
