Una comisión concluyó que se violentaron «gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal».

Una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la represión y violaciones de derechos humanos en las protestas antigubernamentales de octubre de 2019.

Este miércoles fue presentado de manera oficial el informe de esta CEVJ, en el que se indica que el Estado «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal» durante las jornadas de fuertes manifestaciones.

En el informe, de 272 páginas, la CEVJ indica que, dentro de las presuntas violaciones a los derechos humanos en esas protestas, analizó:

• 123 casos de violaciones al derecho a la integridad personal.
• 38 violaciones al derecho a la libertad personal, por detenciones ilegales o arbitrarias.
• 6 ejecuciones extrajudiciales.
• 22 atentados contra el derecho a la vida.
• 3 casos de violencia sexual durante detenciones ilegales, por parte de agentes estatales.
• 20 lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, de las cuales 14 personas perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión.
• 81 personas con afectaciones psicológicas.
• 22 presuntos actos de persecución política.

Respecto a los 123 testimonios de violaciones al derecho a la integridad personal, la comisión indica que incluyen casos de lesiones en general, lesiones oculares, fracturas, traumatismos, así como vulneraciones que pueden ser consideradas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y crímenes comunes.

Asimismo, detalla que registraron que al menos 28 personas de las afectadas pertenecen a grupos de atención prioritaria: 9 adultos mayores, 1 mujer embarazada, 12 menores de edad y 6 ciudadanos con discapacidad.

La CEVJ, dice el texto, pudo establecer que los agentes del Estado hicieron «uso excesivo de la fuerza» en reiteradas ocasiones, acciones que «causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños a civiles».

En el informe, esta comisión detalla que recibió 519 testimonios, de los cuales 249 (169 hombres y 80 mujeres) corresponden a casos de vulneraciones de derechos humanos perpetrados por agentes estatales. También hay acciones violentas de los manifestantes en contra de agentes del Estado, periodistas, civiles y contra bienes públicos y privados.

De estos 249 casos, dice el documento, 189 fueron cometidos por parte de personal de la Policía Nacional y 34 por agentes de las Fuerzas Armadas. También se identificó que 26 personas de entidades públicas, incluyendo a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), no habrían actuado conforme a sus competencias.

La posición del Gobierno

En el informe, la CEVJ señala que durante los días de las protestas, el discurso de las autoridades del Gobierno, presidido por Lenín Moreno, «posicionó una interpretación parcial de la realidad».

En concreto, menciona que las autoridades pusieron énfasis «en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países» y, bajo esa premisa, «justificó la represión«.

Entre otras cosas, indica que el Gobierno, a través de sus ministros, «justificó actos reprochables contra las y los manifestantes», incluyendo el ataque a zonas de paz en instalaciones universitarias, donde se refugiaban en horas de la noche, principalmente, mujeres y niños que también participaban en las protestas.

«Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados», enfatiza el informe de la CEVJ.

La comisión señala que todo lo expuesto en su documento deberá ser investigado penalmente por la FGE y que corresponderá a los operadores de justicia determinar la verdad judicial de estos hechos, a fin de establecer las responsabilidades de los agentes estatales y de civiles que cometieron presuntos delitos.

La CEVJ considera que las autoridades judiciales deben poner énfasis «en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ataque generalizado contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad«.

El estallido social

El estallido social de octubre de 2019 inició luego de que el presidente Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, en respuesta a un acuerdo que había alcanzado el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Los hechos de octubre fueron la explosión y expresión de una serie de actos, políticas y decisiones que han acumulado descontento y desesperanza en amplios sectores de la población ecuatoriana, sobre todo aquellos sectores más golpeados por la crisis económica y social», dice la CEVJ en su informe.