Por: Pablo Iturralde

Para enfrentar la emergencia sanitaria Lasso propone flexibilizar el mercado de trabajo. Nada nuevo. Desde los años 30 los neoclásicos se obstinan en reducir el salario real para generar una mayor demanda de empleo. Esta razón se había convertido en dominante, pero fue desplazada durante un período de tiempo importante cuando el keynesianismo y la gran depresión habían convencido al mainstream que solamente con una mayor inversión pública se puede aumentar el empleo en contextos de recesión y crisis, y hacer lo contrario traería más penurias a la economía y a las familias. Actualmente, aunque la crisis del Covid-19 reavivó el surgimiento de políticas keynesianas, la verdad es que no todos los países pueden ampliar su política fiscal pues la disposición de reservas monetarias depende de las ventajas obtenidas por el país en el lugar que ocupa dentro de la geopolítica. EE.UU. y Europa han realizado la emisión de moneda más impresionante de toda la historia. Mientras que los países de la periferia, al no disponer de una moneda fuerte, no tienen más alternativa que recurrir a sus reservas internacionales compuestas fundamentalmente por dólares.

Entre los periféricos, la economía dolarizada del Ecuador es especialmente dependiente tanto de moneda extranjera como de las prioridades trazadas por la Reserva Federal de EE.UU. De estas restricciones se deriva la base que le permite a la élite nacional radicalizar la máxima de sacrificar a los trabajadores y trabajadoras para alcanzar el crecimiento económico. Existen alternativas obvias como regular el sector externo y financiero, pero esto implicaría sacrificar los intereses del bloque que actualmente gobierna. Entonces, ante la ausencia de soberanía monetaria que impide devaluaciones externas (inflación) para ganar competitividad, el FMI y la élite solamente han podido idear el impulso de un temerario proceso de devaluación interna de los salarios. Si no pueden abaratar las mercancías por medio de devaluaciones nominales, entonces abaratan los costos de producción pagando menos a sus trabajadores, parece una lógica simple, pero conlleva una meta muy difícil de alcanzar sin grandes sacrificios sociales y depresión económica. La devaluación interna se intentó en Grecia y Argentina, en ambos países no tuvo éxito, en Ecuador no parece que existan razones para que sea la excepción al fracaso.

En el país todo el bloque de poder económico, el Gobierno, las cámaras empresariales, banqueros, grupos económicos y el FMI promueven la reducción de salarios por medio de la flexibilización para recuperar el empleo. Este consenso también se expresó en la última revisión del acuerdo de Ecuador con el FMI, de diciembre de 2020, donde se plantea «la ampliación de las medidas del mercado laboral adoptadas a raíz de la pandemia». Esto no significa otra cosa que facilitar la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario que ha implicado para el orden jurídico nacional un retroceso fundamental en el principio de protección de la parte débil o tutela del trabajador, de esta manera se dispuso:(a) permitir por acuerdos entre empleador y trabajador la modificación de las condiciones económicas de la relación laboral (Art. 16); (b) posibilitar la contratación de jornada laboral ordinaria por menos de 40 horas mediante la figura de contrato especial emergente (Art. 19); (c) viabilizar al empleador la posibilidad de invocar la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral sin la indemnización por despido intempestivo (Art. 17); e introducir jornadas de trabajo y salarios reducidos apegándose a caso fortuito o fuerza mayor (Art. 20).

Efectivamente, estas medidas tienen un impacto en la reducción del salario nominal y, en tanto éstas son las rentas principales de la economía, también generarán un descenso general de los precios de los bienes y servicios. Por esta razón es difícil pensar una recuperación en el marco de la flexibilización laboral porque la reducción de ingresos de los hogares y la caída del nivel general de precios provocarían una contracción de la demanda interna con la correspondiente caída de los beneficios y la inversión, profundizando el impacto externo que tiene la crisis sanitaria sobre el desempeño de producción y empleo.

Cuando hablamos de la contracción de la demanda interna tenemos que destacar el impacto que tiene en la economía del autoempleo y en los sectores informales conformados principalmente por campesinos que actualmente están muy afectados por la caída de los precios de los productos agrícolas y los alimentos. No hay que olvidar que una de las razones del levantamiento indígena de 1990, fueron los precios a la baja de los productos agrícolas por un período igual de prolongado. Aunque la Ley de Apoyo Humanitario afecta directamente los empleos amparados en contratos legales, el segundo nivel de trabajadores más golpeados son estos populosos segmentos de informales. Y mientras se profundiza la crisis, crece la migración del sector formal hacia el empleo inadecuado o subempleo.

Ahora, antes de irse, el ministro Mauricio Pozo ha planteado en la Última Carta de Intención para el FMI que para el próximo gobierno dejarían preparando nuevas reformas laborales para incorporar la contratación por horas. Además, se acompañaría el nuevo paquete económico con mayores cobros de impuestos, algunos dirigidos a incrementar el precio de las mercancías de asalariados por medio de eliminación de exoneraciones de ciertos productos básicos que actualmente no pagan IVA. Y finalmente impulsar una restructuración de la seguridad social que desde el lado de los afiliados podría significar un aumento de las contribuciones, reducciones de las pensiones y/o aplazamiento de la edad de jubilación. La continuidad de estas medidas estará asegurada por el ministro de economía de Lasso, con Simón Cueva, un ex funcionario del FMI y la banca ecuatoriana que cree que es necesario ahorrar salarios públicos incluso en el sector de la salud y educación.

Como todo ajuste estructural, este es igual de ambicioso. Sin embargo, a diferencia de lo que está pasando en el mundo, en Ecuador se aplica el ajuste precisamente en medio de una crisis sin precedentes que en otros países se enfrenta con recuperación de la inversión pública. Ante la renuncia de recuperar la demanda, se implementa un ajuste por el lado de la oferta que depende todavía de una profundización de la reforma laboral, ésta es central para el FMI, ellos saben que es importante tanto en el nivel de la economía política de la fábrica porque distribuye el beneficio a favor del capital; como también saben que es importante a nivel de la economía política macroeconómica que es la que está vinculada a la transferencia que el conjunto de la sociedad realiza para generar grandes beneficios financieros derivados de las operaciones monetarias. Mientras las reformas laborales pretenderán reducir los costos laborales (ganar competitividad), las reformas tributarias y la Ley de Defensa de la Dolarización, aprovechan el sacrificio de las familias trabajadoras para acumular rentas financieras mediante la fuga de capitales y un esquema tributario regresivo. Al final de cuentas, la desregularización del comercio, fiscal y finanzas generarán en el futuro una fuga de capitales que nos llevará a reforzar el ciclo de endeudamiento público que se espera sea pagado con el sacrificio de las familias trabajadoras.

Archivo, publicado originalmente en Red Kapari el 23 de mayo del 2021.