El Ministerio de Finanzas anunció la renegociación de la deuda externa, la cual podría traer un alivio de los pagos y la baja de intereses. Sin embargo, no se informó sobre los impactos que implican los acuerdos para favorecer a los acreedores privados.  

Estos acuerdos tienen impactos en los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos. La renegociación de la deuda ofrece a los tenedores la capacidad de capitalizar los intereses, lo que implica pagar en el futuro los intereses sobre los intereses. Esto está prohibido por el artículo 290.4 que dice: «los convenios de renegociación no contendrán de forma tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura».

Estos acuerdos generan más recursos para los acreedores y menos recursos para el presupuesto público que permitiría garantizar los derechos básicos como salud y educación. Por lo tanto, violan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece un principio de progresividad en el cumplimiento de derechos, priorizando el gasto social antes que el pago a los acreedores privados.