El Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES, expresa su preocupación por la situación del país, la cual refleja las transformaciones en curso en América Latina caracterizadas por el crecimiento del fenómeno del narcotráfico, el neoliberalismo y el extractivismo. En Ecuador, ubicado estratégicamente en las nuevas rutas del narcotráfico, estos procesos se encuentran acelerados debido a una compleja intersección entre la violencia, el modelo económico y los circuitos del capital.
Las actividades ilícitas en Ecuador operan dentro de la lógica de desmantelamiento del Estado y las instituciones de control y justicia, lo que contribuye al lavado de dinero y la expansión de la influencia de las redes del narcotráfico, con particular incidencia sobre sectores vinculados a la minería ilegal, la exportación agrícola y la participación en mercados financieros e inmobiliarios. Este fenómeno destaca la necesidad de fortalecer el control sobre las estructuras económicas que facilitan el flujo de dinero del narcotráfico, considerando su impacto en la violación de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, políticos y civiles.
CDES expresa su preocupación por el desarrollo de un Estado securitario en Ecuador, que al mismo tiempo que retrocede en su función de garante de derechos humanos, fortalece su rol represivo, y debilita la aplicación de políticas sociales. La priorización de la agenda de seguridad sobre la social, con la reactivación de figuras como el terrorismo y el enemigo interno, conlleva el riesgo de estigmatizar a ciertos sectores de la población que por estereotipos raciales y socioeconómicos se consideran peligrosos.
CDES destaca que, durante el primer mes de este año, se ha puesto en evidencia que la disputa territorial va más allá de una confrontación entre grupos criminales y el Estado. Casos como Encuentro y Metástasis revelan vínculos entre estos grupos y diversas instituciones del aparato público, lo que plantea una seria amenaza para la integridad del sistema de seguridad y justicia, así como para la protección de los derechos fundamentales de la población.
Consideramos que la declaración de conflicto armado interno, acompañada de una propuesta económica urgente, plantea riesgos significativos para los derechos humanos de la población al no permitirle expresar sus disidencias con la política económica impuesta en un contexto autoritario de supresión de derechos. Al mismo tiempo, una política fiscal regresiva puede incrementar los niveles de pobreza y conflictividad produciendo a su vez nuevos incentivos para intensificar la militarización y la criminalización indiscriminada. El CDES insta a las autoridades ecuatorianas a reconsiderar esta medida, buscando soluciones que no comprometan la integridad de la soberanía ni sacrifiquen los derechos fundamentales de la población.
La declaratoria de conflicto armado interno conlleva, además, el riesgo de intensificar la criminalización indiscriminada en todo el país, sobre todo de los sectores sociales empobrecidos y racializados, al tiempo que los grandes capitales que soportan la dinámica del mercado de las drogas (empresas exportadoras y bancos, principalmente) se mantienen en la impunidad.
Nos preocupa que el gobierno de Noboa pueda continuar las políticas de ajuste fiscal apoyadas por el FMI, que ya mostraron su fracaso en Ecuador. Por eso rechazamos el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) que prioriza la compra de armas y equipo militar, por sobre el financiamiento del gasto social, ahondando las ya difíciles condiciones de vida de la mayoría de la población ecuatoriana. Hacemos una especial mención a la grave situación por la que atraviesan los más jóvenes y las mujeres. En el 2023 se registra un incremento del 640% en la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes y un feminicidio cada 27 horas. La crisis económica y la austeridad fiscal han provocado niveles históricos de deserción escolar y migración infantil. Por eso exhortamos al Estado a asumir responsabilidades en la protección integral de la población ecuatoriana, especialmente de niñas, niños y adolescentes, priorizando las regiones con altos índices de pobreza e inseguridad.
Finalmente, CDES hace un fuerte llamado a las autoridades ecuatorianas para que tomen acciones que aborden las causas estructurales de la violencia y la desintegración del Estado, solo fortaleciendo las políticas públicas soberanas y luchando contra la desigualdad, podremos extirpar de raíz la grave crisis que atravesamos.
CDES, 2 de febrero del 2024
