COMUNICADO CDES
Ningún interés financiero privado puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia. Los gobiernos no deben priorizar el pago de la deuda pública cuando esto signifique el sacrificio de los derechos humanos y de las posibilidades futuras de desarrollo de un país.
Al respecto, compartimos la preocupación de la ciudadanía ecuatoriana sobre la falta de acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19. Por un lado, los voceros del Ejecutivo han señalado que existen restricciones en la disponibilidad de recursos para financiar medidas sanitarias para contener la pandemia; y, por otro también han anunciado que existen recursos priorizados al pago de deuda pública.
Queremos sumarnos al pedido de cambiar la prioridad de los asuntos públicos en favor de la vida; tal como lo han señalo en estos días cientos de autoridades del mundo y, en particular, el experto independiente en deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, quien exhortó a los países miembros a considerar que la mejor respuesta frente a una potencial catástrofe humanitaria y económica provocada por la crisis del COVID-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos, y en particular al apoyo de las personas de menores recursos.
Por estas razones, nos unimos al pedido ciudadano para exigir que se atienda primero la vida y se plantee la necesidad de renegociar las condiciones de la deuda pública para los tramos de bonos soberanos y deudas con instituciones financieras internacionales, que incluya la opción de postergar o reestructurar el pago debido a la emergencia nacional resultante del COVID-19.
En ese marco, nos permitimos señalar, que el marco internacional de derechos humanos debe ser aplicable a las actividad de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en el sentido de imponer a estas instituciones, la obligación de garantizar que las condiciones de financiamiento de sus operaciones de crédito permitan que los Estados, especialmente de aquellos en vías de desarrollo, cumplan con su deber de garantizar la vida y los derechos de todos y todas.
Finalmente, considerando que el país atraviesa una crisis sanitaria y económica extraordinaria que, en consecuencia, requiere de respuestas extraordinarias, exhortamos al Gobierno de abstenerse de aplicar medidas fiscales de austeridad regresiva que debiliten aún más la capacidad del Estado para enfrentar la crisis.
En este sentido, las medidas económicas que fueren promovidas por el Gobierno Nacional, para contener la pandemia del Covid-19, debería enmarcarse en los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exigen que toda medida de política económica debe distribuirse adecuadamente entre personas y empresas, propendiendo a la igualdad social y privilegiando los intereses de las personas estructuralmente menos favorecidas.
Así mismo, las medidas económicas no pueden aplicarse en detrimento de la democracia o los derechos políticos y civiles de la población. Al respecto expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, quién, en línea con las declaraciones de otros actores políticos, ha sugerido la posibilidad de aplazar las elecciones generales de 2021, sin aclarar la necesidad de esta medida considerando la grave restricción de derechos políticos que pueda significar. Recordamos que recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sentenció que la restricciones tomadas para responder a la pandemia deben ser motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para sofocar la disidencia política.
