Las mesas de negociación entre el movimiento indígena y el gobierno nacional de Ecuador se dieron en el contexto de un paro nacional que se inició el 13 de junio de 2022, debido a las medidas de ajuste fiscal, laboral y financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El movimiento indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), exigía al gobierno el cumplimiento de una agenda de 10 puntos, que incluían temas como alivio financiero, la reducción del precio de los combustibles, el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y la derogación de decretos que consideraban lesivos.
El paro nacional tuvo un gran impacto en el país, provocando el desabastecimiento de alimentos y combustible, y la interrupción de los servicios básicos. Ante la presión social, el gobierno aceptó negociar con el movimiento indígena.
El 30 de junio, las partes firmaron un acta de compromiso en la que el gobierno se comprometía a cumplir con una serie de medidas, incluyendo la reducción del precio de los combustibles, la creación de un fondo para la educación intercultural bilingüe, y la consulta previa a los pueblos indígenas en la aprobación de proyectos extractivos.
Las negociaciones formales se iniciaron el 7 de julio y se desarrollaron en 10 mesas temáticas, que abordaron temas como:
- Subsidios a los combustibles
- Banca pública y privada
- Inflación y costo de la vida
- Fomento productivo
- Extractivismo
- Derechos colectivos
- Seguridad, justicia y derechos humanos
- Acceso a salud
- Empleo y derechos laborales
- Educación superior
Las negociaciones fueron complejas y estuvieron marcadas por momentos de tensión. Finalmente, el 14 de octubre de 2022, las partes firmaron un acuerdo en el que se plasmaban los 218 acuerdos alcanzados en las mesas temáticas.
El gobierno consideró que el acuerdo era un paso adelante. Sin embargo, el acuerdo no fue definitivo. El movimiento indígena denunció que el gobierno no estaba cumpliendo con todos los compromisos asumidos. En marzo de 2023, el movimiento indígena anunció la ruptura del diálogo con el gobierno y convocó a una nueva movilización. Después la CONAIE reunió un programa de país alrededor de las propuestas que se desarrollaron en las mesas de trabajo, apoyadas por otros sectores sociales y académicos.
El proceso de las mesas de negociación entre el movimiento indígena y el gobierno nacional de Ecuador fue un hito importante en la historia del país, que mostró por un lado la capacidad de desarrollo de propuestas de la sociedad civil, liderada por la CONAIE, así también se lograron espacios de debate que expresaron las necesidades sociales profundas que atraviesan los sectores más vulnerables el Ecuador contemporáneo. Por otra parte, también se puso de manifiesto las limitaciones profundas de la democracia e instituciones del Estado para brindar respuesta efectivas y estructurales a las demandas de los sectores ciudadanos más necesitados.
Evaluación de los resultados de las mesas de trabajo:
En el contexto de diálogo de las mesas de trabajo, se observó una manipulación gubernamental en la evaluación de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación. El gobierno maniobró para incluir resoluciones de índole administrativa como resultados alcanzados con la CONAIE, sin embargo, esas resoluciones consistían en asuntos menores como la creación de comités y de nuevas mesas de trabajo, la entrega de información y los compromisos de revisión de documentos, que no guardan relación con los objetivos fundamentales de las mesas de diálogo. En lugar de centrarse en los propósitos esenciales planteados por la sociedad civil y el movimiento indígena en respuesta a las demandas surgidas durante las protestas sociales de junio de 2022, el gobierno ha distorsionado la valoración al incorporar elementos tangenciales que no reflejan el verdadero avance de los acuerdos.
Es relevante señalar que las propuestas presentadas durante las mesas de diálogo estaban orientadas hacia la promoción de derechos universales y se concebían como políticas públicas destinadas a beneficiar a la población en su conjunto. La intención nunca fue conceder privilegios o beneficios exclusivos al sector indígena. En sintonía con el carácter nacional de las protestas sociales, las discusiones sobre las propuestas estuvieron impregnadas de una defensa de los derechos del conjunto de la población.
Al final, el movimiento indígena evaluó que se consiguió solo el 10% de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo. Este incumplimiento se atribuye a la falta de voluntad del gobierno para avanzar en la ejecución de los acuerdos. Así también el contexto político restringió la posibilidad de brindar continuidad a las mesas de diálogo, pues al mismo tiempo la Asamblea Nacional y el gobierno central entraron en una disputa de poderes que terminó en el decreto de “muerte cruzada” (Decreto Ejecutivo 741), es decir en la resolución de disolver la Asamblea Nacional y adelantar elecciones, incluyendo a la presidencia, argumentando grave crisis política y conmoción interna.
De esta manera, al analizar las diferentes áreas temáticas discutidas en las mesas, se observa una brecha significativa entre las propuestas presentadas y el progreso real alcanzado, tenemos lo siguiente:
- Subsidios combustibles
Propuesta: Subsidio focalizado mediante la implementación de una plataforma inteligente para el cobro diferenciado que excluya a los segmentos más ricos de la población.
Resultado: Gobierno no avanzó en los subsidios focalizados, pero pretende mantener subsidios para grupos económicos.
- Banca pública y privada
Propuesta: Créditos baratos y condonación de deudas en la banca pública. Refinanciamientos de créditos en la banca privada para reducir intereses, capital y cobros por gastos de cobranza, costos legales, tarifas o comisiones.
Resultado: En banca pública se logró condonaciones de deuda hasta USD 3.000 y líneas de crédito más justas para agricultores. En banca privada la Junta de Política y Regulación Financiera emitió resolución para refinanciamiento, pero la medida no tuvo un mayor efecto porque no se notificó a los clientes la posibilidad de que renegocien sus créditos, además se dejó que la banca privada decida discrecionalmente cuando refinanciar y cuando no. Asimismo, el Gobierno nunca tuvo intenciones de reducir las tasas de interés para la banca privada.
- Inflación y costo de la vida
Propuesta: Regular el incremento exagerado de los costos de los alimentos y otros bienes y servicios de la canasta básica familiar.
Resultado: Se alcanzó el compromiso de fijar una tarifa social para reducir los costos por telefonía celular pero las acciones para avanzar se estancaron. No hubo acuerdos fundamentales, el Gobierno no tuvo disposición para regular los altos costos de los alimentos o de otros bienes y servicios.
- Fomento productivo
Propuesta: Avanzar hacia la producción agroecológica y fortalecer la economía campesina con precios justos para el productor, acceso a medios de vida, crédito e información.
Resultado: No se asignó presupuesto para ejecutar el programa de fomento productivo que se acordó. Tampoco se cumplieron los acuerdos alcanzados sobre la oferta de procesos de capacitación, provisión de fertilizantes, semillas, mejora de precios para el productor, construcción de infraestructura vial y productiva, entre otros. El Gobierno no resolvió problemas estructurales asociados a la pérdida de tierra de los campesinos y la injusta intermediación comercial que empobrece a los productores.
- Extractivismo
Propuesta: Erradicar la minería ilegal y consulta previa en los proyectos de minería a gran escala que amenazan a las comunidades indígenas y a la naturaleza.
Resultado: Después de hacer varios compromisos se avanzó en procedimientos administrativos. Intentaron confundir a las comunidades con promesas, mientras al mismo tiempo avanzaron en la militarización de territorios campesinos donde existen concesiones mineras. También se anunció oficialmente la explotación de dos nuevos proyectos de minería a gran escala: Warints y Curipamba. El Gobierno tampoco cumplió con los controles adecuados para impedir la minería ilegal principalmente en la Amazonía ecuatoriana y la región norte del país.
- Derechos colectivos
Propuesta: Respeto a 21 derechos colectivos como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
Resultado: En derechos colectivos prácticamente no hubo avances, el gobierno propuso en decreto ejecutivo sobre consulta pre legislativa que resultó inconstitucional. El Gobierno se negó a cumplir con el acuerdo de encargar la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe a los pueblos indígenas.
- Seguridad, justicia y derechos humanos
Propuesta: Seguridad para frenar la ola de violencia, sicariato, narcotráfico, secuestro y crimen organizado en Ecuador. Verdad, justicia y reparación para las víctimas de los abusos de la fuerza pública en las protestas sociales.
Resultado: No hubo avances, al contrario, se profundizó la ola de violencia, criminalidad, asesinatos en las cárceles y la falta de política pública e inversión para seguridad. También preocupo la falta de voluntad política para atender a las víctimas del paro nacional.
- Acceso a salud
Propuesta: Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal.
Resultado: En salud se logró un aumento del 3% en el presupuesto sin embargo no se solucionó la falta de abastecimiento y personal en los centros de medicina pública.
- Empleo y derechos laborales
Propuesta: Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y recuperar el empleo adecuado. Exigir el pago de las deudas al IESS.
Resultado: El Gobierno accedió a tratar acciones administrativas (creación de comisiones, emisión de acuerdos ministeriales, creación de mesas de trabajo), pero los problemas centrales no fueron resueltos, asociados con la falta de inversión pública para crear empleo y con la necesidad de derogar los artículos de precarización laboral contenidos en la Ley de Apoyo Humanitario.
- Educación superior
Propuesta: Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
Resultado: El Gobierno se comprometió a la asignación de 20 millones para implementar el Acuerdo 196-A, destinado a fortalecer la educación superior y se estipuló que una asignación anual. Después se incumplió el acuerdo y el presupuesto de un año se lo distribuyó para los tres años del plan.
Finalmente, es importante destacar los persistentes esfuerzos del movimiento indígena por establecer un diálogo con el Gobierno, a pesar de la negligencia y falta de respeto demostradas por las autoridades gubernamentales. La presión social, expresada a través de eventos como el Paro Nacional, finalmente llevó al Gobierno a reconocer la urgencia de escuchar las voces significativas de la sociedad, incluyendo a los pueblos indígenas, sectores populares y clases medias que han estado experimentando las dificultades derivadas del ajuste estructural del FMI y la crisis post Covid 19.
Por: Eva Martínez-Acosta
Pablo José Iturralde
Fotografía de la Reunión de la evaluación final de las mesas de trabajo (13/02/2023)
