La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró a principios de este año que «este es el momento de hacer todo lo posible para apoyar a los más afectados por la crisis». También pidió «solidaridad con las personas más vulnerables y con los países más vulnerables», y señaló la importancia de aterrizar «en el otro lado de esta crisis con una economía más resiliente, más verde, más inteligente y más justo». Si bien estos comentarios son bienvenidos, un análisis del papel del FMI en países de América Latina y el Caribe muestra la necesidad de cuestionar la acción detrás de la retórica. Se necesitan medidas concretas para ampliar el espacio fiscal más allá de la situación de emergencia y evitar el regreso a recurrentes medidas de austeridad que socavan la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos humanos. Y, sin embargo, hay cada vez más pruebas que los consejos y las condiciones del FMI están empujando en la dirección opuesta .

Con el objetivo de discutir formas de alcanzar estos objetivos, CESR coorganizó un evento en el Foro de Política de la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial de 2020. El evento «Cambiando las reglas para una justa recuperación: alineando el trabajo del FMI con la justicia fiscal y los derechos humanos en ALC», fue patrocinado por las 7 organizaciones de la sociedad civil que integran la Iniciativa de Derechos Humanos en Política Fiscal ,  así como Latindadd  y Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe .

Como moderador de la mesa, el director ejecutivo de CESR, Ignacio Saiz, introdujo la discusión destacando la importancia de una política fiscal expansiva, redistributiva y responsable para salvaguardar los derechos humanos en respuesta a la pandemia de COVID-19. Señaló que en el contexto de la pandemia, la insistencia del FMI en la consolidación fiscal fue particularmente alarmante. Después los panelistas hablaron sobre las implicaciones que esto tiene en la práctica para los derechos humanos, basándose en experiencias tanto nacionales como internacionales.

Nathalie Beghin ( INESC , Brasil, en representación de varias coaliciones, incluida la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Latindadd y la Iniciativa de Derechos Humanos en Política Fiscal antes mencionada) señaló que el objetivo principal de la política fiscal debe ser la realización de los derechos humanos. Sin embargo, las élites de la región han desarrollado una narrativa falsa en torno a la política fiscal centrada en reducir el gasto público «excesivo», ayudada e instigada por el FMI. Como consecuencia, argumentó que las políticas fiscales en la región son “sexistas, racistas y van en contra de los pobres”. Por ejemplo, las medidas de austeridad en Brasil, que fueron apoyadas abiertamente por el FMI, afectaron de manera desproporcionada a las personas que ya estaban en desventaja .

Andrea Guillem ( Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES, Ecuador) explicó que el período sostenido de crecimiento económico, reducción de la pobreza y reducción del desempleo en Ecuador, terminó después de que se implementaran las medidas de austeridad propuestas por el FMI desde el 2018. Las medidas se tomaron sin consulta previa, desencadenando protestas y movilizaciones, profundizando las condiciones estructurales que afectan a los grupos desfavorecidos. Sostuvo que, para revertir estas tendencias de deterioro social y económico, es esencial un mayor diálogo con las partes interesadas de la comunidad, la sociedad civil y la protección del acceso a los servicios básicos. Esto es especialmente importante ahora, cuando el FMI acaba de anunciar un nuevo acuerdo con Ecuador sobre un nuevo crédito en la línea de Servicio Ampliado del . En este anuncio se informó que el FMI “apoyará las políticas de Ecuador para ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, proteger a los segmentos vulnerables de la población, asegurar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y fortalecer instituciones nacionales”. Y, sin embargo, este enuncio es difícil de cuadrar con los condiciones y consejos que piden una mayor contracción fiscal y reducción del déficit.

Mariano Sardi, del Ministerio de Economía de Argentina,  destacó la importancia de los principios de buena fe y sostenibilidad en la reestructuración de la deuda externa, basándose en la experiencia reciente del país en negociaciones con sus acreedores. También discutió el “derecho a la inclusión financiera”, y señaló que el acceso efectivo a servicios financieros asequibles y no discriminatorios era clave para perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), eliminar la pobreza extrema, promover la igualdad de género y asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado.

Franciscka Lucien ( Instituto para la Justicia y la Democracia , Haití) analizó el impacto de los programas del FMI en Haití, que provocaron recortes drásticos en el gasto social que llevaron a un ciclo de dependencia de la asistencia y la ayuda extranjeras. Sostuvo que la pandemia representa una llamada de atención, haciendo evidentes las consecuencias del ajuste estructural. De hecho, lo mejor que puede hacer el FMI por la estabilidad social y la prosperidad es proteger la capacidad de los Estados para invertir en los sectores sociales, argumentó.

Finalmente, José Antonio Ocampo ( ICRICT  y Panel FACTI de la ONU ) señaló que el FMI ha realizado un buen trabajo analítico e investigativo, admitiendo la necesidad de políticas redistributivas y reforma de la tributación internacional. También resumió algunas de las propuestas de reforma actuales que se están presentando en materia de tributación internacional, como el establecimiento de una autoridad en cuestiones tributarias internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la necesidad de un Registro Global de Activos .

Para concluir, Ignacio remarcó que las presentaciones mostraron que el FMI tiene un largo camino por recorrer para cerrar la brecha entre la retórica y la práctica, especialmente en el contexto de la crisis actual. Lamentablemente, el FMI no dispuso a ningún miembro de su personal la participación en la realización de este evento, a pesar de los esfuerzos realizados por los organizadores para hacerles llegar la invitación. Por lo tanto, pidió a los participantes que cierren el evento con algunas recomendaciones concretas que podrían transmitirse al FMI después de la reunión. Estos incluyeron:

• Dejar de recomendar o exigir a los Estados la adopción de medidas de austeridad (en línea con la carta abierta  firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil y académicos, que se pronunciaron a propósito de las Reuniones Anuales);
• Llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos, de conformidad con los Principios rectores sobre las evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las reformas económicas  del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa en el pleno disfrute de los derechos humanos;
• Apoyar la rendición de cuentas por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados y reconocer los deberes, obligaciones y rendición de cuentas del Fondo con respecto a los derechos humanos;
• Utilizar los próximos Principios y Directrices  sobre derechos humanos en la política fiscal para orientar su trabajo;
• Escuchar a los más afectados por sus consejos de política ajuste fiscal, estableciendo procesos obligatorios de participación con las comunidades y la sociedad civil;
• Considerar las circunstancias especiales de los grupos de bajos ingresos, las mujeres y los trabajadores informales para modernizar su enfoque hacia las economías emergentes;
• Apoyar la imposición de impuestos sobre el patrimonio a los super ricos.

Los participantes señalaron su decepción por la ausencia de representantes del FMI en un foro diseñado expresamente para fomentar el diálogo entre el personal del FMI y la sociedad civil. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil participantes están ansiosas por continuar construyendo un diálogo constructivo con el Fondo sobre las implicaciones de la política fiscal en los derechos humanos, un tema que afecta a todos y que ya no puede ser considerado fuera  de su mandato. Como dijo Ignacio Saiz de CESR en sus palabras de clausura dirigidas al Fondo, «si tu trabajo afecta a los seres humanos, entonces tu trabajo tiene que ver con los derechos humanos».

La grabación del evento está disponible aquí  (desplácese al sexto clip) . 

Fuente en inglés: CESR