El pasado 16 de junio de 2020 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformó la Veeduría Ciudadana de la Deuda Externa, con el objetivo de vigilar los términos y condiciones en los que el Estado ecuatoriano ha contraído deuda externa con organismos multilaterales y más tenedores privados durante los años 2019 y 2020.
Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de control social, mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público.
Según la veedora Gabriela Endara, “parte de las actividades de vigilancia consisten en evidenciar el destino de los valores adeudados y controlar que la deuda no viole los derechos humanos y las normas constitucionales”. Para ello, actualmente la veeduría está concentrada en el análisis de las operaciones de deuda con tenedores privados de bonos soberanos y la deuda contraída con el FMI.
Por su parte, el coordinador general de la veeduría, Pablo Iturralde, explica que “la contratación de deuda no puede incumplir las leyes nacionales pero, además, no debe por ningún motivo incumplir con los convenios internacionales vinculantes para el Ecuador en materia de endeudamiento y garantía de derechos humanos, entre ellos instrumentos como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos de Naciones Unidas y los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana”.
Recientemente la Veeduría Ciudadana de la Deuda señaló su preocupación por las condiciones planteadas en la renegociación de los bonos de deuda pública. En un oficio dirigido al coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, se consulta sobre el posible incumplimiento del Artículo 286 de la Constitución que prohibiría el pago de intereses (egresos permanentes) con bonos emitidos por el Estado (ingresos no permanentes), tal como se habría hecho en la renegociación de la deuda con la emisión de nuevos bonos.
En el mismo comunicado se señala que la emisión de nuevos bonos (PDI) podría estar capitalizando intereses, figura que se conoce como anatocismo. Alexandra Eras, subcoordinadora del grupo veedor, informa que “no está claro qué pasaría si en algún momento se deja de pagar por cualquier eventualidad. Es posible que se cobren intereses de mora y de ser así, significaría la expresa violación del numeral 4 del artículo 290 de la Constitución del Ecuador, que dice que los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura.”
Finalmente, la Veeduría también se encuentra siguiendo los pasos del nuevo acuerdo con el FMI. Alex Flores, comenta que “la inminente firma de una nueva operación de financiamiento con el FMI no puede ni debe contener, en principio, las mismas ilegalidades que en la primera operación de financiamiento del 2019, realizada sin aprobación de la Corte Constitucional y consulta legislativa. Esta Veeduría está realizando su labor en un trabajo de auditoría de la deuda externa que consideramos debe ampliarse en 2021.”
La Veeduría de la Deuda fue aprobada por CPCCS junto a otras siete veedurías, aquellas para controlar la venta de empresas públicas como Banco del Pacífico, Correos del Ecuador o la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Estas veedurías populares son parte de las acciones cívicas que esperamos contribuyan a garantizar los intereses nacionales y los derechos humanos en este período de ajuste fiscal y crisis económica por la que atraviesa el Ecuador, comentan las migrantes ecuatorianas Mayra Barahona y Lorena Ramírez desde el Reino Unido e Italia, integrantes también del grupo de veedores.
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