Fuente en inglés:teleSurEcuador Censures Request to Access All Terms and Conditions of IMF Dea.
Una juez ecuatoriana rechazó el martes la solicitud de la oficina del Defensor del Pueblo para acceder a la información pública sobre las condiciones y los términos del nuevo acuerdo alcanzado entre el gobierno de Lenin Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de marzo, por US $ 4,2 mil millones.
«Iniciamos esta solicitud para que todo lo que se negoció en el nuevo acuerdo con el FMI pueda ser transparente para el pueblo ecuatoriano», declaró el representante de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano.
La solicitud se envió el 27 de febrero, seis días después de que se alcanzó el acuerdo a nivel de funcionarios. Sin embargo, fue más de un mes después y después del primer desembolso, el 15 de marzo, que se realizó una audiencia pública el martes entre el Ministerio de Finanzas y Economía y la oficina del Defensor del Pueblo.
Luego de la deliberación de ambas partes, la jueza Lilia Aguilar estuvo de acuerdo con los acusados y dijo que la información publicada el 21 de marzo ya cubre todas las áreas que involucran el acuerdo. Los documentos que se hicieron públicos son la Carta de Intención del Ecuador, el análisis del personal del FMI (Artículo IV) y una Carta de Apoyo Internacional.
El Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Pablo Iturralde, dijo a teleSUR, que estos documentos publicados no son específicamente el acuerdo firmado, la carta de intención es solo una declaración unilateral de voluntad de Ecuador, el Artículo IV del FMI es un examen financiero, y tres de los cuatro documentos están en inglés, lo que los hace inaccesibles para la mayoría de los ecuatorianos.
«Sobre la base de experiencias pasadas y extranjeras, tiene que haber un acuerdo real donde todas las condicionalidades se explican con un calendario y objetivos a corto y largo plazo», agregó Iturralde, cuya organización presentó una noción de Amicus Curiae, para ayudar durante el juicio.
El acceso a la solicitud de información está protegido por el artículo 91 de la Constitución de Ecuador , ya que garantiza el acceso a la información pública «cuando ha sido denegada explícita o tácitamente, o cuando la que se proporciona no es completa o confiable», el artículo incluso afirma que se puede interponer «incluso si la negativa se basa en una naturaleza secreta o confidencial». Sin embargo, para la juez local, el Ministerio de Economía y Finanzas no violó este artículo.
«Un acuerdo con el FMI no puede ser unilateral, por lo que si no hay un documento firmado, hubo al menos un acuerdo verbal o un apretón de manos entre la institución y el gobierno, y esos términos deben hacerse públicos», declaró Iturralde.
Hasta el martes, la oficina del Defensor del Pueblo apeló a una instancia superior y se celebrará una nueva audiencia el viernes 12 de abril en el tribunal provincial. Si el resultado es el mismo, las organizaciones iniciarán procedimientos para impugnarlo ante un tribunal constitucional, ya que todo el proceso de acuerdo con el FMI está manchado con acuerdos inconstitucionales.
Lo principal, que será la base para la demanda, es la violación de los artículos 419 y 439, que establece que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional tuvo que aprobar el acuerdo internacional, ya que afecta a las leyes nacionales y el plan de desarrollo del país. Lo que ninguna de las dos instituciones hizo.
