Preocupados con las reformas a la Seguridad Social anunciadas por el gobierno ecuatoriano, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en este país, y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) desarrollaron el estudio: “Condiciones y Riesgos de la Privatización de la Seguridad en el Ecuador”.
La investigación analiza la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las repercusiones negativas para los afiliados por una eventual administración privada de los fondos de pensiones y de salud.
A diciembre de 2021, el Fondo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte registró ingresos por USD 3.129 millones, frente a USD 5.400 millones de egresos, lo que genera un déficit de USD 2.271 millones.
Lea el Estudio completo en el siguiente enlace:
La deuda del Estado con el IESS supera los USD 8.000 millones, de los cuales USD 2.000 millones corresponden al pago del 40% del aporte del Estado al Fondo de Pensiones. A esto se suma la mora patronal por más de USD 2.000 millones.
Es decir, existen USD 10.000 millones adeudados a la Seguridad Social, recursos que podrían servir para enfrentar la crisis financiera de la institución y evitar su privatización.
Sin embargo, los últimos gobiernos no han incluido recursos en el presupuesto general del Estado para pagar la deuda, ni tampoco han emprendido acciones para cobrar a las empresas morosas.
Por el contrario, han permitido de manera deliberada agudizar la crisis, especialmente en los hospitales, para justificar la privatización, aunque en el discurso oficial se diga lo contrario.
El primer paso es la anunciada externalización de las farmacias de la red de hospitales públicos, que no es otra cosa que la entrega del negocio de los medicamentos a las empresas farmacéuticas privadas nacionales y transnacionales.
En la misma línea está el proyecto de Ley de Inversiones del Ejecutivo, que faculta al presidente de la República, mediante Decreto, delegar la administración privada a través de Alianzas Público-Privadas, de las entidades contempladas en el artículo 225 de la Constitución, entre las que consta la Seguridad Social.
La privatización se enmarca en las reformas que tienen que ver con:
- Aumento de la edad de jubilación
- Creación de cuentas individuales, rompiendo con el principio de solidaridad
- Nueva fórmula de cálculo para la jubilación, en lugar de los mejores cinco años de aportaciones, bajará el monto de las pensiones.
- Incremento del aporte de los trabajadores, que disminuirá sus ingresos mensuales.
- Externalización de las farmacias hacia las cadenas farmacéuticas privadas, para que éstas lucren del jugoso negocio, con recursos de IESS, que son nuestros recursos
La ISP deja planteada la interrogante por un posible conflicto de intereses en favor de la privatización que tendría el presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda, por estar vinculado a hospitales, seguros de salud e inmobiliarias privadas.
De acuerdo con información pública de la Superintendencia de Compañías, Cepeda es accionista del Hospital de Los Valles S.A. y de la constructora inmobiliaria Cepeda Gutiérrez.
También consta como gerente de Almeida Montero Cía Ltda., empresa de servicios de salud ambulatorios, cargo que fue conferido el 10 de agosto de 2020, por un periodo de 2 años.
Además, fue accionista y directivo de las empresas Safe Work Seguridad y Salud Laboral, Sermedipre Servicio de Medicina Prepagada, Conjunto Clínico Nacional Conclina, Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador, Medical Track Axxistrack, hospital del Río Hospirio, Cardiovalle, Hospivalle, Hospiservicio y Hospifuturo.
