En Ecuador, la falta de política social en la pandemia provoca un aumento de la extrema pobreza sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en el ejercicio de los derechos humanos
En el último periodo, el Ecuador ha implementado medidas severas de recorte del gasto público que han afectado directamente a las políticas sociales de educación, salud, vivienda, equidad de genero, entre otras. Estas medidas han deteriorado los índices de pobreza y desigualdad del país, así como la capacidad del país para hacer frente a la pandemia del COVID – 19, y sus consecuencias para la economía y el bienestar de las familias.
Sin embargo, la severidad de la política de ajuste llevada adelante en el Ecuador, no sólo ha perjudicado de forma directa el nivel de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos, sino también han planteado riesgos indirectos al debilitar las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano para respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
Los efectos combinados de las políticas de ajuste fiscal y las consecuencias de la pandemia del Covid-19, han socavado los derechos humanos de la población, incluyendo los derechos económicos y sociales. Esta situación de deterioro progresivo y amplio de los DDHH es incompatible con el marco constitucional ecuatoriano, y también con los compromisos internacionales del país, muy especialmente con los derechos y principios del sistema interamericano de derechos humanos.
Si bien los Estados tienen un amplio margen de discreción soberana sobre las políticas económicas que implementan en sus respectivos territorios, los compromisos resultantes de su adhesión a instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), establecen límites sustantivas para esas políticas. En particular, la prohibición de medidas que conduzcan al retroceso en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como en el principio de no discriminación.
Las cifras muestran un incremento histórico de la extrema pobreza
En el 2021 el 32.2% de ecuatorianos viven pobres con menos de 2.80 dólares al día y el 14.7% de la población se encuentran en pobreza extrema, sobreviviendo con 1.80 dólares diarios. Estas cifras históricas son la consecuencia de la crisis sanitaria del Covid 19, pero también es el resultado de las políticas de austeridad fiscal y la falta de seguridad laboral.
La pandemia irrumpe en medio de un importante plan de ajuste estructural en el marco de un acuerdo con el FMI, en un contexto económico, político y social complejo: bajo crecimiento económico, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.
Entre 2007 y 2017, la pobreza nacional se redujo 15.3 puntos y 8.5 la extrema pobreza. Pero la política de austeridad, iniciada en 2017, desaceleró la economía e implicó el desmantelamiento de la institucionalidad pública que contribuía a garantizar políticas de bienestar social. Así, hasta el 2021, la pobreza y extrema pobreza aumentaron 10.7 puntos y 6.7 puntos, respectivamente.
Extrema Pobreza y Pobreza en Ecuador (2007-2021)
Este crecimiento de la extrema pobreza implica un retroceso de 12 años en los avances que Ecuador había logrado, actualmente las personas que viven en esta condición ascienden al 14.7% en el año 2021. Además, la incidencia de extrema pobreza tiene un impacto desproporcionado en grupos que atraviesan condiciones de vulnerabilidad social, así:
- El porcentaje de la extrema pobreza rural (28%) es el doble de la nacional (14.7%) y tres veces mayor a la urbana (8.4); también, durante la pandemia la extrema pobreza creció de manera desproporcionada (con un crecimiento de 10.1 puntos).
- Los grupos indígenas muestran las más altas tasas de pobreza extrema (45.1%) y junto con la población montubia[1] (19.5%) presentan el mayor aumento de pobreza extrema (con un crecimiento de 11.7 y 13 puntos, respectivamente).
- El deterioro de las condiciones laborales también incidió en la extrema pobreza de los trabajadores, particularmente los no remunerados[2] que mostraron un crecimiento de 7.8 puntos en extrema pobreza. En cambio, los asalariados y autónomos tienen reducciones de sus ingresos que elevaron su porcentaje de pobreza en 5.8 puntos y 7 puntos, respectivamente. [3]
Incidencia Extrema Pobreza
Adicionalmente, sobre la población en condición de pobreza, preocupa la elevada proporción para la población indígena (64.3), trabajadores no remunerados (50.6), montubios (42.3), afrodescendientes (34.1) y cuentapropista o trabajadores autónomos (29.8). En promedio las condiciones de pobreza se incrementaron 10.7 puntos, desde el 2017.
Incidencia Pobreza
Por otra parte, la agregación estadística no visibiliza otros grupos afectados que están incrementando su presencia en los segmentos de extrema pobreza.
- Las personas víctimas de las peores formas de explotación laboral como la trata de personas, formas análogas a la esclavitud, servidumbre de la gleba y explotación infantil. El contexto de crisis empeora las formas de esclavitud que “subsisten en el Ecuador y que están directamente relacionadas con casos generalizados de discriminación, exclusión social y Afectan a sectores de la población que han tenido que enfrentarse a situaciones desfavorables de carácter histórico, como los afrodescendientes y los indígenas, así como a grupos cuyas condiciones de vida les convierten en presa fácil para la explotación, como los niños de las familias pobres, los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes en situación irregular u objeto de tráfico ilícito, y las mujeres”[4].
- Sobre formas contemporáneas de esclavitud, alarma particularmente el caso “Furukawa Nunca Más” que implica a 1200 personas que habrían sido esclavizadas por una empresa japonesa que exporta abacá a la Unión Europea y Estados Unidos, cuyos trabajadores (incluyendo niños, niñas, mujeres, discapacitados y adultos mayores) que, sufriendo condiciones de extrema pobreza, se han visto obligados a trabajar sin derechos laborales y acceso a servicios básicos como , educación, salud, cédula de ciudadanía, entre otros.[5]
- El incremento del desempleo de los adultos y la disminución de los ingresos de las familias, tuvo una correlación con el incremento del empleo infantil. La concurrencia de crisis económicas, los altos niveles de pobreza extrema y las medidas inadecuadas de protección social, han provocado que el trabajo infantil escale de 3% en el 2014, a 9.7% en el 2019. Una simulación de UNICEF calcula que el choque externo del Covid 19 y la falta de protección social, provocaron que el trabajo infantil ascienda hasta 13.3% durante el confinamiento en el 2020[6].
- Otra consecuencia de contextos generalizados de crecimiento de pobreza, es el aumento de las tasas de femicidios y violencia en contra de las mujeres, temas a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, cuyo presupuesto se ha visto recortado para el financiamiento del Sistema de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Trabajo infantil en Ecuador (5 a 14 años) 2007-2019 (%)
El proceso de deterioro productivo y social, sumado al desmantelamiento de la inversión pública y la institucionalidad estatal, incrementó de manera importante los niveles de pobreza extrema y los problemas sociales que se le asocian, como el trabajo infantil, la esclavitud moderna o la trata de personas. Así mismo, el importante crecimiento de la pobreza extrema muestra una sobrerrepresentación de minorías étnicas, población infantil y familias trabajadoras tanto del campo como de la ciudad. También, preocupa la invisibilización y la falta de información sobre las comunidades muy vulnerables a la pobreza extrema, como en los casos de la población migrante, las personas en situación de calle y las mujeres expuestas a la violencia de género.
También es necesario recordar que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al respecto de la extrema pobreza en Ecuador expresó su preocupación “por la persistente brecha entre las áreas rurales y urbanas, y por el porcentaje importante de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios que están por debajo del umbral de la pobreza. El Comité recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos para reducir la pobreza, adoptando en particular un enfoque de derechos humanos y políticas y medidas específicas para mejorar especialmente la situación de las poblaciones rurales, los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios.”[7]
En suma, los resultados en los niveles de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador, indicarían que las medidas de ajuste fiscal, y otras medidas complementarias como las reformas laborales que han precarizado el empleo en el país, han deteriorado el nivel de disfrute de los derechos de la población, en particular de las familias más vulnerables; y además, que dichos resultados han tenido un impacto diferenciado, perjudicando en mayor medida a los grupos estructuralmente excluidos, principalmente población afrodescendiente e indígena; y con mayor intensidad a las personas que ya soportaban desigualdades interseccionales antes de la vigencia de las políticas de ajuste.
En consecuencia, en la medida en que las políticas de ajuste implementadas en el Ecuador han distribuido las cargas de los recortes fiscales de forma diferenciada en la población, afectando con mayor intensidad a la población más vulnerable, objeto estructuralmente de prácticas de discriminación; ha afectado el nivel de disfrute de los derechos económicos y sociales alcanzado en el país; y que algunas de estas políticas, y la combinación entre varias de ellas, han significado un gravamen desproporcionado en atención que no se exploraron medidas menos gravosas para la población, especialmente la vulnerable; se requiere un examen integral de la correspondencia de estas políticas con el marco internacional de derechos humanos, especialmente de los instrumentos internacionales que garantizan los derechos económicos, sociales y culturales de la población ecuatoriana.
Quito, 20 de febrero del 2022, Día Internacional por la Justicia Social.
Centro de Derechos Económicos y Sociales —CDES.
Contactos para mayor información:
- Pablo José Iturralde piturralde@cdes.org.ec
- Adrián Conejo acornejo@cdes.org.ec
- Eva Martínez emartinez@cdes.org.ec
[1] La Encuesta de Empleo y Vivienda (ENEMDU) permite la auto identificación como montubio, este se puede caracterizar como un grupo social campesino de la costa ecuatoriana. Los otros grupos de auto identificación son indígena, afrodescendiente, mestizo, blanco y la categoría otros.
[2] Los no remunerados están compuestos fundamentalmente por niños, niñas y adolescentes, trabajadoras del hogar, jornaleros, campesinos y otros en menor proporción.
[3] Se debe considerar que existe un subregistro de las familias trabajadoras pobres, debido a que, en la estadística, un desempleado deja automáticamente el grupo de asalariado o autónomo, sin embargo, las personas en situación de desempleo deben ser consideradas familias trabajadoras.
[4] Ver A/HRC/15/20/Add.3. «Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Misión Ecuador, Gulnara Shahinian». Documento de Naciones Unidas, Asamblea General, 5 de julio de 2010, p. 21. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8112.pdf.
[5] Ver «Informe de actualización del caso para Relatores de ONU». Documento del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Quito, 21 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.furukawanuncamas.org/_files/ugd/d387e2_b23f467a737840ce883850f123adeadc.pdf.
[6] United Nations Children’s Fund Ecuador and Inclusión SAS, ‘El Choque COVID-19 en la Pobreza, Desigualdad y Clases Sociales en el Ecuador: Una mirada a los hogares con niñas, niños y adolescentes’, UNICEF, Quito, 21 October 2020. Disponible en: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/08/Child-Labour-Report_ILO_UNICEF_2021.pdf
[7] Ver E/C.12/ECU/CO/4. «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador». Documento de Naciones Unidas, Consejo Económico, CDESC, 14 de noviembre de 2019, p.7. Disponible en: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW20%2bcOfdvJEUdqkza02UbxazKNyMi%2fruleeTZAtZO5G2lYiDPlwFndzCBj%2fKdd2EaUK2XCGFmyouVStuepKYPod8wXToKP0kGECK3XniMLon.
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