CDES – Sof\u00eda Jarr\u00edn Hidalgo<\/p>\n
Enmarcados en las din\u00e1micas y contextos del capitalismo internacional, desde principios de este siglo hasta la actualidad, la pol\u00edtica exterior brasilera cumple un rol decisivo en la determinaci\u00f3n del escenario pol\u00edtico y econ\u00f3mico de la regi\u00f3n; fundamentalmente por su relevancia en la generaci\u00f3n de procesos de inversi\u00f3n directa e indirecta en el sector energ\u00e9tico y de infraestructura, as\u00ed como su liderazgo en los mecanismos de intercambio comercial de commodities<\/em> entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n Con el prop\u00f3sito de promover procesos de \u201cdesarrollo\u201d en estos sectores involucrados, los representantes de los gobiernos de Ecuador y Brasil, a partir del 2000, han estrechado relaciones de cooperaci\u00f3n que se cristalizan en manifiestos oficiales de ambos pa\u00edses en diversos espacios de integraci\u00f3n supranacionales, como lo son la CAN, MERCOSUR y \u00faltimamente UNASUR y\u00a0 CELAC (Guerrero, 2012, p\u00e1g. 8).<\/p>\n La intenci\u00f3n de consolidar relaciones pol\u00edticas de integraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses se deriva de objetivos pol\u00edticos y econ\u00f3micos concretos. Desde la perspectiva brasilera, su dinamismo diplom\u00e1tico est\u00e1 abocado a promover el discurso de \u201cla unidad latinoamericana\u201d, el cual persigue el inter\u00e9s de establecer socios comerciales que representen y se acojan a las necesidades de Brasil. En t\u00e9rminos geopol\u00edticos, estos intereses se expresan en estrategias que est\u00e1n orientadas a garantizar la seguridad energ\u00e9tica de ese pa\u00eds, a trav\u00e9s de la estructuraci\u00f3n de una plataforma pol\u00edtica, econ\u00f3mica y militar que se sustenta en acuerdos bilaterales y multilaterales \u00a0(Moreno, 2012).<\/p>\n Para lograr este prop\u00f3sito, la pol\u00edtica exterior del gobierno brasilero se ha apalancado en incentivos crediticios y en la promoci\u00f3n de inversiones directas e indirectas del Banco Nacional de Desarrollo Social y Econ\u00f3mico (BNDES), cuyo capital permite impulsar la internacionalizaci\u00f3n de grandes empresas, con la finalidad de asegurar la captaci\u00f3n de recursos e insumos para su crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n En el Ecuador, la incidencia de la pol\u00edtica exterior de Brasil se materializa en diversos proyectos de infraestructura y de energ\u00eda encaminados por estas empresas, los cuales est\u00e1n enmarcados en la construcci\u00f3n de corredores viales, acueductos, sistemas de riego y agua potable, infraestructura aeroportuaria, centrales hidroel\u00e9ctricas, oleoductos y canales de transporte de hidrocarburos. Dichos proyectos, han acarreado diversos desacuerdos diplom\u00e1ticos con el Estado ecuatoriano y el gobierno brasilero debido a que existen cuestionamientos articulados a\u00a0 pr\u00e1cticas diplom\u00e1ticas que responden a intereses privados y que buscan generar condiciones preferenciales que brindan ventajas competitivas frente a otras empresas locales. Estas tensiones se han expresado fundamentalmente en las compa\u00f1\u00edas Norberto Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras \u00a0(Moreno, 2012, p\u00e1gs. 18-25).<\/p>\n En el caso de la constructora Norberto Odebrecht S.A., inicia su actuaci\u00f3n en el Ecuador desde 1987 con el Proyecto Hidroel\u00e9ctrico Acueducto Santa Elena. En casi tres d\u00e9cadas de operaci\u00f3n (1987-2013), la empresa ha logrado captar alrededor de 15 proyectos de infraestructura con diferentes instituciones p\u00fablicas del Estado ecuatoriano, por un monto global de 2.293 millones de d\u00f3lares, de los cuales seis de ellos se financiaron total o parcialmente por el BNDES. El monto total de aportaciones de esta entidad financiera asciende a 639 millones de d\u00f3lares entre el 1987 al 2013 (Coalici\u00f3n Regional, 2015).<\/p>\n En torno al desempe\u00f1o de esta empresa, a lo largo de su gesti\u00f3n se han generado problemas que han desembocado incluso en crisis diplom\u00e1ticas entre ambos pa\u00edses. Entre las observaciones realizadas, se ponen en evidencia que en varios proyectos los costos finales de los contratos otorgados para su ejecuci\u00f3n experimentaron incrementos cuantiosos, a trav\u00e9s de adendas efectuadas a la figura de los contratos originales. Al respecto podemos mencionar el caso emblem\u00e1tico del proyecto vial de la Interoce\u00e1nica Norte en la Provincia de Sucumb\u00edos (1996), sobre el cual se impusieron seis adendas al contrato original, incrementando el monto inicial de la licitaci\u00f3n de USD 80.586.701,14 a USD169.949.472, es decir que present\u00f3 un incremento del 111% (Coalici\u00f3n Regional, 2015).<\/p>\n De igual manera, podemos mencionar otros casos puntuales que presentan las mismas irregularidades, como por ejemplo el proyecto de la Central de Generaci\u00f3n Hidroel\u00e9ctrica Manduriacu (2011) y el Poliducto Pascuales-Cuenca (2013); en el primer caso, el costo de adjudicaci\u00f3n de la obra fue de USD 124 millones, sin embargo, en su ejecuci\u00f3n se realiz\u00f3 un incremento del 58% de valor inicial, es decir que alcanz\u00f3 un costo total de USD 183 millones. Por otro lado, el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca hasta el momento present\u00f3 un incremento del 19% del contrato inicial, el cual pas\u00f3 de un costo nominal de 370 millones a 440 millones d\u00f3lares. Otra de la observaciones que saltan a la vista, son los plazos de cumplimiento de las obras otorgadas a Odebrecht, puesto que estas modificaciones al presupuesto de los contratos tambi\u00e9n se traduce en demoras importantes en la entrega de las obras comprometidas, como es el caso del proyecto de la v\u00eda Interoce\u00e1nica Norte, que present\u00f3 demoras de aproximadamente 37 meses frente al plazo establecido, es decir que el trabajo finaliz\u00f3 67 meses despu\u00e9s de la firma del contrato inicial (Coalici\u00f3n Regional, 2015).<\/p>\n La capacidad de incidencia de la pol\u00edtica exterior brasilera en el Ecuador, se refleja en que existen irregularidades en la firma de convenios de cr\u00e9dito entre la empresa y el Banco Nacional de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social, que se traducen en controversias con el marco normativo interno; no obstante, Odebrecht mantiene preferencias en la adjudicaci\u00f3n de proyectos de infraestructura. De acuerdo al informe final de la Auditoria de la Deuda Bilateral de 2008, efectuado por la Comisi\u00f3n para la Auditor\u00eda Integral del Cr\u00e9dito P\u00fablico (CAIC), el proyecto Hidroel\u00e9ctrico Acueducto Santa Elena del tramo II (1992) fue derivado a la empresa con un costo aproximado de 160.898 millones de d\u00f3lares. Anterior a la firma del contrato, la empresa ya contaba con un cr\u00e9dito de USD11.900 millones, por parte de la instituci\u00f3n financiera. De igual manera, con relaci\u00f3n a las Obras Complementarias de Infraestructura para la Pen\u00ednsula de Santa Elena (1997), cuyos costos alcanzaron los 126,7 millones de d\u00f3lares, de los cuales el banco aprob\u00f3 anticipadamente un convenio de cr\u00e9dito por USD 38.250\u00a0 millones. En este \u00faltimo caso, tambi\u00e9n se observa que la adjudicaci\u00f3n de dicho contrato fue direccionado hacia la empresa, sin cumplir con los procedimiento reglamentados por la ley en casos de licitaci\u00f3n de contratos de obras p\u00fablicas\u00a0(CAIC, 2007).<\/p>\n