{"id":5027,"date":"2018-07-13T13:00:42","date_gmt":"2018-07-13T13:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=5027"},"modified":"2021-03-30T14:31:12","modified_gmt":"2021-03-30T14:31:12","slug":"cdes-contribuye-a-la-evaluacion-de-ods","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/cdes-contribuye-a-la-evaluacion-de-ods\/","title":{"rendered":"CDES contribuye a la evaluaci\u00f3n de ODS"},"content":{"rendered":"
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EVALUACI\u00d3N DE POL\u00cdTICAS DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS<\/span><\/h1>\n<\/div>\n
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Sof\u00eda Jarr\u00edn Hidalgo, Coordinadora de Pueblos Ind\u00edgenas y Ambiente
\nCentro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (CDES)<\/em><\/p>\n

El Ecuador como Estado parte de las Naciones Unidas, asumi\u00f3 en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para el Desarrollo 2030. En la medida de dar cumplimiento de la Agenda, el 22 de septiembre de 2017 se present\u00f3 la actualizaci\u00f3n del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, instrumento de planificaci\u00f3n que permite delimitar \u201clas pol\u00edticas, programas y proyectos p\u00fablicos; la programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del presupuesto del Estado; y la inversi\u00f3n y la asignaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos aut\u00f3nomos descentralizados. Su observancia ser\u00e1 de car\u00e1cter obligatorio para el sector p\u00fablico e indicativo para los dem\u00e1s\u201d1<\/a>.<\/p>\n

Seg\u00fan el Plan las estrategias de desarrollo priorizadas por el Estado ecuatoriano est\u00e1n entrelazadas con agenda internacional y las 169 metas de los ODS, de tal modo que se han incorporado mecanismos para considerar \u2013dentro de la planificaci\u00f3n nacional\u2013 los elementos provenientes del Consejo de Derechos Humanos, de los \u00f3rganos de tratados de derechos humanos, de los procedimientos especiales y del Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU)2<\/a>. No obstante, la deuda hist\u00f3rica que tiene el Estado ecuatoriano en la de pol\u00edticas generaci\u00f3n efectivas de desarrollo sostenible y para la garant\u00eda de derechos humanos plantean un escenario complejo y desafiante.<\/p>\n

Frente a este escenario, las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas observamos con preocupaci\u00f3n la poca atenci\u00f3n prestada a las recomendaciones generadas por mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, sobre todo de aquellas orientadas a generar acciones inmediatas de reparaci\u00f3n a los derechos humanos perpetrados por proyectos de extractivos y encaminar positivamente pol\u00edticas socio ambientales que los garanticen.<\/p>\n

En este contexto, a continuaci\u00f3n, se exponen las situaciones de conflicto entre industrias extractivas y pueblos ind\u00edgenas, que demuestran la debilidad en la implementaci\u00f3n de mecanismos efectivos que garanticen la protecci\u00f3n y respeto a los derechos humanos, espec\u00edficamente, con referencia al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; al derecho de consulta previa, libre e informada; y el derecho al acceso a la informaci\u00f3n socioambiental.<\/p>\n

Violaciones de derechos perpetrados por industrias extractivas<\/strong><\/p>\n

La legislaci\u00f3n ecuatoriana cuenta con graves limitaciones o vac\u00edos jur\u00eddicos para garantizar de forma adecuada la consulta previa, libre e informada, especialmente, cuando nos referimos a proyectos de extractivos, energ\u00eda o desarrollo de infraestructura que alteran la vida de las comunidades y pueblos ind\u00edgenas. Sin embargo, es necesario mencionar que en los proyectos que han catalizado mayores ciclos de conflictividad y demandas internacionales, est\u00e1n relacionados, sin duda, al desarrollo de las actividades hidrocarbur\u00edferas y mineras.<\/p>\n

En ese sentido, cabe recordar que el Estado ecuatoriano en el 2012 promulg\u00f3 reglamento 1247, para la licitaci\u00f3n de 21 bloques petroleros comprendidos en la XI Ronda Petrolera. En este llamado, los bloques a licitarse compromet\u00edan territorialmente la superficie cuatro provincias amaz\u00f3nicas (Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago) y un total de 3\u00b4639.070 ha. De acuerdo al reporte de la Fundaci\u00f3n Pachamama, elaborado por Carlos Mazabanda en 2013, la disposici\u00f3n territorial de dichos bloques, \u201ccubre el 76%* de la superficie total de los territorios ind\u00edgenas; el 100% de los territorios de la Nacionalidad Achuar, Andoa, Shiwiar y Sapara; el 97% del territorio de la Nacionalidad Kichwa\u201d (p\u00e1g. 3); y el 70% del territorio Shuar y 16 % del territorio Waoran\u00ed.<\/p>\n

El proceso de consulta previa, libre e informada cuenta con irregularidades que deben observados. Seg\u00fan la SHE, en la consulta participaron 278 comunidades,3<\/a> m\u00e1s no se precisa el n\u00famero de personas en cada comunidad. Sin embargo, seg\u00fan un levantamiento de informaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Pachamama, el n\u00famero de comunidades afectadas por la Ronda Suroriente llega a ser de 719, es decir que se consult\u00f3 \u00fanicamente al 39% del total de las comunidades que se debi\u00f3 haber consultado.4<\/a> De igual forma, la SHE determina que fueron 10.469 personas5<\/a> las que participaron, m\u00e1s no se llega a desagregar la informaci\u00f3n respecto de edad, g\u00e9nero, identidad \u00e9tnica ni comunidad, sin embargo, tomando en cuenta las personas aptas para participar en procesos de participaci\u00f3n bajo la legislaci\u00f3n interna, debieron haber participado 141.497 personas afectadas por la Ronda Petrolera, es decir que, \u00fanicamente se consult\u00f3 al 7% de la poblaci\u00f3n afectada,6<\/a> tornando al proceso inefectivo.<\/p>\n

Ante el rechazo manifiesto de las organizaciones sociales frente a la licitaci\u00f3n de los bloques mencionados, se judicializaron por agresiones a 9 dirigentes ind\u00edgenas del Centro Sur de la Amazon\u00eda que defend\u00edan sus territorios, entre los cuales se encuentran Bartolo y Gloria Ushigua de la naci\u00f3n S\u00e1para, quienes fueron criminalizados y hostigados por defender su territorio. Particularmente, Gloria Ushigua fue v\u00edctima de persecuci\u00f3n y hostigamiento. De hecho, la organizaci\u00f3n Front Line Defenders denunci\u00f3 en 2016, que el 19 de agosto del 2015, tres polic\u00edas irrumpieron en su casa sorprendi\u00e9ndola con pistolas el\u00e9ctricas y golpes. La polic\u00eda tambi\u00e9n utiliz\u00f3 gas lacrim\u00f3geno dentro de su casa causando a Gloria y a los presentes, cuadros de asfixia.<\/p>\n

A pesar de que el Ecuador ha ratificado los tratados internacionales y se ha comprimentido en aceptar las competencias de los \u00f3rganos de supervisi\u00f3n internacional, la consulta previa, libre e informada no responde a los est\u00e1ndares m\u00ednimos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci\u00f3n de los Derechos de Pueblos Ind\u00edgenas; todo lo contrario, la experiencia demuestra que los mecanismos de consulta existentes reducen la participaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas a un mero procedimiento administrativo implementado para autorizar la incursi\u00f3n de industrias extractivas.<\/p>\n

Por otro lado, en el sector minero los proyectos de Mirador y San Carlos Panantza, ubicados en las provicnias amazonicas de Zamora Chichipe y Morona Santiago, territorio m\u00e1s conocido como la Cordillera del C\u00f3ndor, ecosistema \u00fanico por su biodiversidad y el hogar de varias comunidades ind\u00edgenas Shuar y Kichwa. Estos proyectos est\u00e1n operados por Ecuacorriente S.A. y Explorcobre S.A,\u00a0 ambas empresas filiales del Consorcio CRCC – Tongguan, perteneciente a las empresas chinas Railway Construction Company (CCRC) y Tongling Nonferrus Metals Groups Holding Company.<\/p>\n

Mirador y San Carlos Panantza han presentado diversos conflictos asociaciados a la violaci\u00f3n de derechos fundamentales, donde se destaca el desalojo forzoso de comunidades enteras, falta de informaci\u00f3n detallada sobre los impactos ambientales, la no-difusi\u00f3n de los Estudios de Impacto Ambientales (EIA) y la socializaci\u00f3n discrecional y excluyente del proyecto, al no estar dirigida a toda la poblaci\u00f3n afectada.<\/p>\n

Especificamente en el caso de Mirador, la empresa han recurrido a pr\u00e1cticas irregulares de adquisici\u00f3n de tierras, tales como: la compra irregular e inconsulta; demandas arbitrarias de servidumbres mineras;7<\/a>interposici\u00f3n de juicios civiles contra familias sin t\u00edtulos de propiedad.8<\/a> Estas pr\u00e1cticas de apropiaci\u00f3n de la tierra han ocasionado -con el apoyo de la fuerza p\u00fablica, el desalojo forzoso y desplazamiento involuntario de un total de 32 familias ind\u00edgenas.9<\/a><\/p>\n

Con relaci\u00f3n al proyecto de San Carlos Panantza, el 11 de agosto de 2016 la comunidad shuar Nankints fue sorprendida por el allanamiento de aproximadamente 2000 militares y polic\u00edas, quienes desalojaron a las familias, destrozaron sus bienes materiales y matando sus animales. El desalojo se realiz\u00f3 sin un debido proceso notificaci\u00f3n y acuerdos previos, violando el derecho a la posesi\u00f3n de tierras ancestrales y el derecho a no militarizar territorios ind\u00edgenas.10<\/a> De acuerdo a los afectados por los desalojos, 10 casas shuar fueron destruidas, lo que llev\u00f3 a la construcci\u00f3n de un nuevo campamento para los trabajadores de Explorcobres y la instalaci\u00f3n de campamentos provisionales para efectivos de las fuerzas armadas, cuya finalidad es proteger los confines del proyecto.11<\/a><\/p>\n

La presencia de fuerzas armadas dentro de los territorios ancestrales de la naci\u00f3n shuar representa una seria amenaza para sus medios de subsistencia y su din\u00e1mica sociocultural, lo que podr\u00eda significar una profundizaci\u00f3n significativa del conflicto social. De hecho, el 21 de noviembre de 2016, un grupo de personas pertenecientes a la naci\u00f3n shuar tom\u00f3 posesi\u00f3n del campo minero Panantza – San Carlos, a modo de reacci\u00f3n frente al desalojo de agosto. Un d\u00eda despu\u00e9s, el Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda recuperaron el control del campo, sin embargo, el 14 de diciembre, se desat\u00f3 una seria confrontaci\u00f3n entre algunos representantes Shuar y la Polic\u00eda, lo que dej\u00f3 como resultado la muerte de un miembro de la polic\u00eda y 10 heridos por parte de la polic\u00eda y miembros del pueblo shuar.12<\/a> Como consecuencia de lo ocurrido, se militariz\u00f3 la zona con tanques de guerra y helic\u00f3pteros, decretando el estado de excepci\u00f3n en toda la provincia durante 30 d\u00edas, pero esta medida se extendi\u00f3 a 60 d\u00edas consecutivos. La declaratoria de estado de excepci\u00f3n signific\u00f3 la suspensi\u00f3n de los derechos civiles y pol\u00edticos, y como consecuencia varias casas de pobladores del PSHA y la sede de la Federaci\u00f3n Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) fueron allanadas y varios l\u00edderes ind\u00edgenas fueron perseguidos por la Fiscal\u00eda al ser acusados de estar involucrados en la muerte del polic\u00eda.<\/p>\n

Este tipo de violaciones, han provocado reacciones internacionales en el marco del tercer ciclo de evaluaci\u00f3n del Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de Ecuador (en 01\/05\/2017) y por el Comit\u00e9 para Eliminar la Discriminaci\u00f3n Racial (CERD), en su sesi\u00f3n peri\u00f3dica de agosto del mismo a\u00f1o. Entre las recomendaciones sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada, el Comit\u00e9 inst\u00f3 al Estado ecuatoriano a: \u201cCumplir su obligaci\u00f3n de garantizar la consulta, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados\u201d, \u201c[a]doptar una legislaci\u00f3n sobre consulta previa, libre e informada como derecho colectivo con apego a las normas del convenio n\u00fam. 169 de la OIT la cual cuente con la participaci\u00f3n efectiva de los pueblos y nacionalidades afectados\u201d; y a \u201c[i]nvestigar las denuncias en torno al presunto desplazamiento de familias Shuar, en relaci\u00f3n al proyecto minero San Carlos Pananza, y adoptar las medidas que procedan\u201d.<\/p>\n

Hasta la presentaci\u00f3n de la presente contribuci\u00f3n, el Estado ecuatoriano no ha generado acciones firmativas para restituirlos derechos de estas poblaciones afectadas y mucho menos, ha cumplido con las recomendaciones relativas a la consultora previa y pueblos ind\u00edgenas generadas en ciclos anteriores del EPU. Lamentablemente, estos casos son un reflejo de como las pol\u00edticas gubernamentales en el sector extractivo se orientan a beneficiar los intereses de las empresas, profundizar las inequidades en las comunidades afectas y generar conflictos socio-ambientales asociados al acaparamiento y escases de los recursos naturales.<\/p>\n

Descarga el informe completo:\u00a0SPOTLIGHT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2018<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Notas:<\/em><\/p>\n

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1<\/a> Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica del Ecuador, 2008, art. 218<\/div>\n
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2<\/a> Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017, p.19.<\/p>\n<\/div>\n

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3<\/a> ibid 8.<\/p>\n<\/div>\n

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4<\/a> Carlos Mazabanda, \u2018Consulta previa en la D\u00e9cimo Primera Ronda Petrolera. \u00bfParticipaci\u00f3n masiva de la ciudadan\u00eda?\u2019 (Fundaci\u00f3n Pachamama 2013) 15 http:\/\/amazonwatch.org\/assets\/files\/2013-07-consulta-previa-en-la-11a-ronda.pdf<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

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5<\/a> Secretar\u00eda Nacional de Hidrocarburos (n 27) 8.<\/p>\n<\/div>\n

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6<\/a> Mazabanda (n 29) 19.<\/p>\n<\/div>\n

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7<\/a> Figura prevista por la Ley de Miner\u00eda ecuatoriana que permite declarar propiedades habitadas y con t\u00edtulos de propiedad como bienes de inter\u00e9s para el desarrollo de proyectos.<\/p>\n<\/div>\n

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8<\/a> FIDH, CEDHU, Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica, INREDH, \u00cddem, pp. 30-36<\/p>\n<\/div>\n

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9<\/a> Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica (2017), \u201cLa herida abierta del C\u00f3ndor\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

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10<\/a> \u2018International Labour Organisation: Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries\u2019 (1989) 28 International Legal Materials 1382., art. 16.<\/p>\n<\/div>\n

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11<\/a> Daniela Aguilar, \u2018Desalojo a Una Comunidad Shuar de La Amazon\u00eda Aviva Resistencia Ind\u00edgena Contra La Gran Miner\u00eda\u2019 (Noticias ambientales, 12 October 2016) https:\/\/es.mongabay.com\/2016\/10\/desalojo-comunidad-shuar-amazonia-indigena-mineria\/ <\/a>accessed 29 December 2016.<\/p>\n<\/div>\n

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12<\/a> El Comercio, \u2018Dos Expertos En Derechos Humanos Piden El Di\u00e1logo Entre Shuar Y Gobierno\u2019 (El Comercio, 16 December 2016) http:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/expertos-derechos-humanos-militares-shuar.html<\/a> accessed 30 December 2016.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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