{"id":5298,"date":"2018-11-05T05:12:33","date_gmt":"2018-11-05T05:12:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=5298"},"modified":"2021-06-04T18:05:05","modified_gmt":"2021-06-04T18:05:05","slug":"el-impacto-de-los-capitales-chinos-en-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/el-impacto-de-los-capitales-chinos-en-ecuador\/","title":{"rendered":"EL IMPACTO DE LOS CAPITALES CHINOS EN ECUADOR"},"content":{"rendered":"
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De los 18 casos denunciados por organizaciones latinoamericanas ante la ONU, ocho corresponden a Ecuador<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, la Rep\u00fablica Popular China se ha posicionado en latinoam\u00e9rica como\u00a0 uno de los principales financistas, alcanzando los US$ 113.6 mil millones de inversi\u00f3n directa acumulada hasta el 2017. En pa\u00edses como Bolivia, Argentina, Brasil, Per\u00fa y Ecuador son 18 los proyectos de inversiones chinas que con sus operaciones han afectado derechos humanos, ambientales y laborales, siendo el \u00faltimo, el pa\u00eds con mayores casos registrados.<\/em><\/span><\/p>\n

China se ha convertido en el primer prestamista y contratista del Ecuador. Desde la llegada del primer pr\u00e9stamo chino en el 2009, los montos del financiamientos han alcanzado USD 17.490 millones, superiores \u00a0a los pr\u00e9stamos de otros bancos multilaterales juntos: USD 10.165 millones. Los sectores en los que China ha priorizado su inversi\u00f3n son en hidrocarburo, minero, infraestructura, obras hidr\u00e1ulicas, comunicaciones y finanzas. Esta estrecha vinculaci\u00f3n ha generado que Ecuador desarrolle relaciones de dependencia con China y se muestre contemplativo frente a los impactos socioambientales y conflictos de gran intensidad ocasionados por sus empresas.<\/span><\/p>\n

De acuerdo al informe regional del CICDHA sobre el impacto de las inversiones chinas en Am\u00e9rica Latina, ocho proyectos vienen vulnerando derechos civiles, econ\u00f3micos y sociales en Ecuador, estas inversiones se dan en el sector miner\u00eda, petr\u00f3leo e hidroel\u00e9ctricas, en miner\u00eda est\u00e1n los proyectos mineros, como: Mirador, San Carlos-Panantza y R\u00edo Blanco; a nivel de petrolero: Bloques 79 y 83, 62, 14 y 17;\u00a0 y finalmente, las obras de infraestructura energ\u00e9tica: proyecto M\u00faltiple Chone Fase 1-Presa R\u00edo Grande y Desaguadero San Antonio, Coca Codo Sinclair y Toachi Pilat\u00f3n. De los ocho proyectos, seis ocupan \u00e1reas protegidas, en seis se vulneran derechos de los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas; en dos casos hubo desplazamiento o desalojo forzoso de comunidades enteras, y\u00a0 hay vulneraci\u00f3n\u00a0 recurrente del derecho a la consulta previa, libre e informada, as\u00ed como, la criminalizaci\u00f3n de la protesta social de un gran n\u00famero de l\u00edderes y lideresas ind\u00edgenas.<\/span><\/p>\n

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El Proyecto Mirador<\/strong>est\u00e1 a cargo de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), operadora del consorcio chino Railway Construction Corportation Limited CRCC y Tonglin Nonferrous Investment Co. Ltd. Esta empresa suscribi\u00f3 el contrato de operaci\u00f3n en\u00a0 2012, el cual\u00a0 compromete la explotaci\u00f3n de materiales mineros en un plazo aproximado de 25 a\u00f1os. El proyecto est\u00e1 ubicado en la Cordillera del C\u00f3ndor (9.928 hect\u00e1reas), lugar que alberga a m\u00e1s de 220 especies por hect\u00e1rea.<\/span><\/p>\n

En el reporte de la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena CASCOMI\u00a0 argumenta que el proyecto vulnera derechos de 29 comunidades, dado que en ning\u00fan momento se realiz\u00f3 un proceso de consulta previa ni ambiental; as\u00ed mismo, se han hecho denuncias sobre las medidas ejercidas sobre las poblaciones ind\u00edgenas y\u00a0 campesinas para ocupar sus tierras, hubo \u00a0desalojos violentos, manipulaci\u00f3n de los precios de las tierras y destrucci\u00f3n de espacios comunales. El derecho a vivir en un ambiente sano tambi\u00e9n se ha visto vulnerado, la principal preocupaci\u00f3n en torno a este tema es el impacto generado en los 227 nacederos de agua que est\u00e1n dentro de los l\u00edmites de influencia de la explotaci\u00f3n minera. A todo esto se le suma las denuncias recibidas por parte de los trabajadores, quienes han recibido maltratos, despidos ilegales y accidentes laborales.<\/span><\/p>\n

Luis S\u00e1nchez, miembro de la Comunidad CASCOMI de la Amazon\u00eda Sur de la Cordillera del C\u00f3ndor de Ecuador se\u00f1al\u00f3 ante los miembros de ONU en Ginebra, que: \u201cEste proyecto tiene previsto extraer 60 mil toneladas, a trav\u00e9s de extracci\u00f3n de cobre a cielo abierto. La empresa ingres\u00f3 de manera violenta, persiguiendo a muchos l\u00edderes defensores. En el 2014 se inici\u00f3 sus actividades despojando a la gente, destruyendo la Iglesia y espacios comunitarios; luego en el 2015 despoj\u00f3 a 32 familias de manera violenta, les dieron cinco minutos a los trabajadores, y los 300 polic\u00edas luego intervinieron para destruir las viviendas y llevarse sus pertenencias. En el 2016 hubo otros desalojos a otras familias, all\u00ed fue asesinado Jos\u00e9 Tendetza, l\u00edder ind\u00edgena Shuar, por defender los derechos de su pueblo y de su territorio, es un caso que se encuentra todav\u00eda en la impunidad\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

El Proyecto San Carlos Panantza<\/strong>est\u00e1 a cargo de la empresa china Explorcobres S.A (EXSA), que pertenece al mismo consorcio chino. Al igual que Mirador, el proyecto desaloj\u00f3 forzosamente a comunidades del Pueblo Shuar Arutam en 2016, aproximadamente dos mil militares y polic\u00edas ocuparon el territorio de este pueblo ind\u00edgena y despoj\u00f3 a ocho familias de sus hogares. As\u00ed mismo, tres centros Shuar: Tsuntsuim, San Pedro y Kutukus, sufrieron el impacto de la ocupaci\u00f3n militar de sus territorios, porque se convirtieron en comunidades de acogida de los desplazados y afrontaron una crisis humanitaria expresada en la falta de alimentos y la proliferaci\u00f3n e enfermedades infecto contagiosas.<\/span><\/p>\n

Sof\u00eda Jarr\u00edn, investigadora del Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (CDES, Ecuador), comenta que adem\u00e1s de los desalojos forzosos se produjo la criminalizaci\u00f3n de muchos l\u00edderes \u201cen el Proyecto San Carlos Panantza tambi\u00e9n hubo desalojos forzosos de la comunidad Nankints. Se militariz\u00f3 el territorio y se criminalizaron a los l\u00edderes del Pueblo Shuar Arutam y de organizaciones de la regi\u00f3n amaz\u00f3nica que respaldaron la denuncia de estos acontecimientos<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

La explotaci\u00f3n petrolera en los Bloques 79 y 83<\/strong>est\u00e1 a cargo de la empresa Andes Petroleum, desde el 2014. Ambos bloques se encuentran en la provincia ecuatoriana de Pastaza, en el sur oriente amaz\u00f3nico. Respecto al Bloque 79, son 6 mil 700 hect\u00e1reas del territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku se verian afectadas por la explotaci\u00f3n. Pero sobre todo preocupa la reincidencia del Estado ecuatoriano, frente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual\u00a0 dictamin\u00f3 la no repetici\u00f3n de las violaciones cometidas en el caso Sarayaku y la prohibici\u00f3n de realizar nuevas exploraciones petroleras en ese espacio. Adem\u00e1s,\u00a0 las Naciones S\u00e1para y Shiwiar (559 y 697 personas, respectivamente) est\u00e1n en mayor riesgo, debido a que sus peque\u00f1as poblaciones se encuentran en una situaci\u00f3n de posible extinci\u00f3n. \u201cEl pueblo S\u00e1para ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad porque apenas existen 559 personas y est\u00e1n desapareciendo, y con ello desaparece tambi\u00e9n su dialecto<\/em>\u201d, se\u00f1ala Jarr\u00edn.<\/span><\/p>\n

El Proyecto R\u00edo Blanco<\/strong>, ubicado en la provincia del Azuay, es operado por la empresa Ecuagoldmining South America S.A., filial de la china Junefield Mineral Resourses Holdings Limited. El Estudio de Impacto Ambiental de R\u00edo Blanco no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares nacionales al incumplir con la realizaci\u00f3n del proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos ind\u00edgenas y a la consulta ambiental establecidas en los art\u00edculos 57 y 398 de la Constituci\u00f3n ecuatoriana, raz\u00f3n por la cual en el 2018, el juez civil de Cuenca orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la explotaci\u00f3n. La empresa que se encarga de las operaciones en R\u00edo Blanco actualmente es responsable de la contaminaci\u00f3n y desecamiento de las fuentes de agua y relleno de humedales que afectan a la producci\u00f3n agr\u00edcola y ecosistemas.<\/span><\/p>\n

El siguiente proyecto se trata de la explotaci\u00f3n petrolera de losBloques 14, 17 y 62<\/strong>. Estos son operados por Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental S.A. Ambas empresas son filiales de las estatales China National Petroleum Corporation y la China Petrochemical Corporation. El Bloque 14<\/strong>est\u00e1 ubicado en el Parque Nacional Yasun\u00ed, junto al Bloque 17<\/strong>. Jarr\u00edn, menciona que en dichos bloques \u201chabitan dos pueblos en aislamiento voluntario los Taromenane y Tagaeri, cuya existencia tambi\u00e9n se ve amenazada<\/em>\u201d.\u00a0 El Bloque 62<\/strong>est\u00e1 ubicado en la Reserva de Producci\u00f3n Faun\u00edsitca Cuyabeno, donde se encuentran los territorios ind\u00edgenas de los Siona y Secoyas. Las comunidades afectadas han denunciado problemas de contaminaci\u00f3n en el agua, los suelos, el aire, as\u00ed como tambi\u00e9n la deforestaci\u00f3n y la reducci\u00f3n de la biodiversidad.<\/span><\/p>\n

El Proyecto prop\u00f3sito M\u00faltiple Chone Fase 1-Presa R\u00edo Grande y Desaguadero San Antonio<\/strong>est\u00e1 ubicado en la provincia de Manab\u00ed. Fue construido por el consorcio chino Tiesiju Manab\u00ed y Tiesiju Civil Engineering Group Co. Las consecuencias que trajo consigo la represa fueron la inundaci\u00f3n de los suelos agr\u00edcolas. Por su parte, el proyecto prop\u00f3sito hidroel\u00e9ctrico Coca Codo Sinclair<\/strong>pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation y est\u00e1 ubicado en las provincias de Napo y Sucumb\u00edos. Los problemas que se han detectado en este proyecto son principalmente de salubridad y seguridad laboral. En diciembre de 2014, un derrumbe ocasion\u00f3 la muerte de 14 trabajadores y 12 quedaron heridos. Inicialmente los juzgados le atribuyeron\u00a0a la empresa un posible caso de homicidio culposo, aunque finalmente el hecho fue considerado tragedia natural.<\/span><\/p>\n

Finalmente, el proyecto prop\u00f3sito el\u00e9ctrico Toachi Pilat\u00f3n<\/strong>se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas y Cotopaxi. Est\u00e1 a cargo de la empresa China International Water Electric. En este caso se han denunciado principalmente problemas laborales en torno a despidos y pagos muy bajos por utilidades. Adem\u00e1s, se present\u00f3 la denuncia de la imposibilidad de organizaci\u00f3n en sindicatos, bajo el temor a ser despedidos.<\/span><\/p>\n

Estos ocho casos descritos han sido presentados ante la ONU en el Informe \u201cEvaluaci\u00f3n de las Obligaciones Extraterritoriales de la Rep\u00fablica Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Per\u00fa\u201d, y se ver\u00e1 el pr\u00f3ximo 6 de noviembre en el Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de China. Este informe contiene la investigaci\u00f3n de un total de 18 consorcios operando en latinoam\u00e9rica, que \u201cdemuestran que las violaciones de derechos humanos en que incurren las compa\u00f1\u00edas chinas constituyen un patr\u00f3n de comportamiento recurrente de irrespeto a los derechos fundamentales<\/em>\u201d, como lo sostiene el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual estuvo\u00a0 a cargo junto con la FIDH, de la elaboraci\u00f3n del informe constituido por 21 organizaciones de la Sociedad Civil de los pa\u00edses afectados.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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