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La pol\u00edtica fiscal no puede imponerse ignorando los derechos de los pueblos como lo muestra el ejemplo que ha dado el movimiento ind\u00edgena en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) debe asumir su responsabilidad y establecer correctivos.
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El grupo de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal aqu\u00ed firmantes manifestamos nuestro reconocimiento y solidaridad con el movimiento ind\u00edgena y otros movimientos populares en Ecuador por lograr la derogaci\u00f3n del Decreto 883 de 2019<\/a>. Este decreto hace parte de un paquete de medidas de ajuste fisca<\/a>l que el gobierno ecuatoriano acord\u00f3 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo, y que se adoptaron sin la adecuada participaci\u00f3n y respeto a los procedimientos democr\u00e1ticos<\/a> y principios de derechos humanos que deber\u00edan seguirse frente a reformas de este alcance. Expresamos nuestro dolor por las 8 v\u00edctimas<\/a> fatales como consecuencia de la inadecuada respuesta estatal frente a la protesta leg\u00edtima del movimiento ind\u00edgena ante el intento de imposici\u00f3n de estas medidas. Sin recursos no hay derechos <\/strong> Desde hace algunos a\u00f1os las organizaciones firmantes venimos insistiendo <\/a>en hacer visibles los impactos de las pol\u00edticas fiscales sobre los derechos humanos, y en la necesidad de que estas pol\u00edticas tengan como fundamento las obligaciones de los Estados derivadas de las normas internacionales en este campo. Sin recursos no hay derechos, y las decisiones fiscales no pueden tomarse de espaldas a los pueblos. Las decisiones que as\u00ed se adopten deben ser reconsideradas. Lo sucedido en Ecuador es un ejemplo m\u00e1s de c\u00f3mo las pol\u00edticas de austeridad fiscal<\/a> se han convertido en una bomba de tiempo en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. Sus supuestos beneficios en otros contextos han quedado en promesas incumplidas y el ajuste fiscal termina por sumir a las econom\u00edas en una crisis de mayores proporciones bajo dogmas <\/a>que han probado ser ineficaces, como la idea <\/a>de que puede haber contracciones fiscales que permitan la expansi\u00f3n de la econom\u00eda. Una lucha por los derechos sociales y la justicia fiscal <\/strong> Al liderar la lucha contra las pol\u00edticas de austeridad adoptadas con auspicio del FMI, los pueblos ind\u00edgenas del Ecuador se suman a un espectro amplio de sectores sociales que han hecho lo propio en Brasil <\/a>y Argentina, as\u00ed como en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n que figuran entre los 130 pa\u00edses del mundo actualmente afectados por las pol\u00edticas de ajuste fiscal<\/a>. Lo ocurrido en Ecuador, y el precedente de lo sucedido en Colombia con la minga ind\u00edgena<\/a> este a\u00f1o, muestra que la justicia \u00e9tnica, social y ambiental tienen una estrecha conexi\u00f3n con la justicia fiscal. Como lo han se\u00f1alado la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas de Ecuador y la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda Ecuatoriana, no se trata solamente del precio de la gasolina, sino de evitar que les hipotequen su futuro, y que paguen con impactos adversos sobre sus territorios y sobre los derechos sociales de varias generaciones, lo que no logren frenar a tiempo hoy. Austeridad regresiva y violaciones a los derechos humanos <\/strong> La respuesta al reclamo por los derechos sociales que han sido relegados a un segundo plano durante a\u00f1os o que est\u00e1n en riesgo de retroceso producto de las medidas acordadas con el FMI no puede ser la vulneraci\u00f3n de los derechos civiles y pol\u00edticos mediante la represi\u00f3n y el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado. Nos sumamos al llamado de organismos internacionales <\/a>e interamericanos <\/a>de derechos humanos a que el Estado investigue con prontitud los casos de v\u00edctimas fatales y uso desproporcionado de la fuerza, y establezca canales de di\u00e1logo permanentes que aseguren la participaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas y otros potenciales afectados en las decisiones fiscales. Al respecto, el Estado debe asegurar que ninguna medida regresiva sea adoptada sin una cuidadosa consideraci\u00f3n de sus posibles impactos adversos en los derechos humanos<\/a>, que asegure la participaci\u00f3n de los potenciales afectados y proteja a las poblaciones en situaci\u00f3n de desventaja. Las medidas regresivas de austeridad son contrarias a los derechos humanos al menos que el Estado compruebe que son proporcionadas, no discriminatorias y estrictamente necesarias, en el sentido de que se hayan agotado las alternativas menos lesivas. Un llamado al FMI <\/strong> Finalmente, y con ocasi\u00f3n de su reuni\u00f3n anual en Washington DC, hacemos un llamado a que el FMI eval\u00fae cuidadosamente su papel en la regi\u00f3n, a la luz de sus responsabilidades en materia de derechos humanos<\/a>, y adopte al menos los siguientes correctivos: 1. Se abstenga de ejercer cualquier influencia indebida que restrinja el espacio fiscal de los Estados y que vaya en contra de los procedimientos democr\u00e1ticos y las obligaciones de derechos humanos que deben regir la toma de decisiones de Estados soberanos. 2. Establezca el deber de realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos de las condiciones a las que sujeta sus pr\u00e9stamos y otras formas de asistencia a los Estados, con \u00e9nfasis en los impactos de g\u00e9nero<\/a> y sobre grupos \u00e9tnicos<\/a>. Dichas evaluaciones deben tomar en cuenta los principios rectores sobre reformas econ\u00f3micas adoptados en 2018 por el Consejo de Derechos Humanos<\/a> y aplicar metodolog\u00edas rigurosas y participativas. 3. Incorpore un enfoque de derechos humanos<\/a> en el dise\u00f1o de las respuestas frente a la crisis, priorizando alternativas de pol\u00edtica que ampl\u00eden el espacio fiscal como el combate a la evasi\u00f3n y la elusi\u00f3n tributaria, o el fortalecimiento del recaudo v\u00eda impuestos directos progresivos. Asimismo, debe reconsiderar, en l\u00ednea con sus propias investigaciones al respecto<\/a>, la decisi\u00f3n de seguir apoyando recortes al gasto y desmonte de instituciones estatales, sin realizar evaluaciones m\u00e1s cuidadosas<\/a> de su pertinencia y necesidad en contextos espec\u00edficos. Medidas como el desmonte de subsidios a combustibles f\u00f3siles deben calibrarse adecuadamente y combinarse con mecanismos compensatorios previos y otras pol\u00edticas m\u00e1s amplias de transici\u00f3n hacia energ\u00edas limpias para minimizar el impacto sobre los derechos humanos de toda la poblaci\u00f3n, en particular la de menores ingresos. 4. Defienda de manera consistente el inter\u00e9s <\/a>y la capacidad de los pa\u00edses de ingresos bajos y medios de proteger su espacio fiscal para que puedan garantizar y hacer efectivos los derechos humanos<\/a>, en el contexto del proceso de reforma<\/a> al r\u00e9gimen internacional de tributaci\u00f3n corporativa que se adelanta en la OCDE<\/a>. Center for Economic and Social Rights (CESR) – Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Fundar – Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n – Instituto de Estudos Socioecon\u00f4micos (INESC) – Red de Justicia Fiscal de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (RJFALC) \u00danase a la conversaci\u00f3n en redes sociales usando los hashtags #RespondaFMI, #RecursosParaLosDerechos, #IMFmeetings. 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