{"id":6028,"date":"2020-09-01T10:59:49","date_gmt":"2020-09-01T10:59:49","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=6028"},"modified":"2021-06-07T16:24:13","modified_gmt":"2021-06-07T16:24:13","slug":"compartimos-el-comunicado-de-la-internacional-progresista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/compartimos-el-comunicado-de-la-internacional-progresista\/","title":{"rendered":"Compartimos el comunicado de la Internacional Progresista"},"content":{"rendered":"\r\n

Es hora de que el FMI reconozca sus responsabilidades en derechos humanos y desactive la bomba de tiempo en que se han convertido las pol\u00edticas de austeridad en Ecuador.<\/a><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

A pesar de un cambio de ret\u00f3rica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) contin\u00faa impulsando pol\u00edticas de austeridad desastrosas en Ecuador. Estas pol\u00edticas est\u00e1n causando graves estragos en la econom\u00eda del pa\u00eds as\u00ed como en su sistema de salud, lo cual ha provocado una vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos econ\u00f3micos y sociales que la Constituci\u00f3n ecuatoriana y las normas internacionales protegen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pese a la amplia evidencia<\/a> de que la austeridad ha fallado en cada uno de los pa\u00edses en que se ha implementado, desde fines de 2017 Ecuador retom\u00f3 el camino de la austeridad fiscal<\/a>. Las consecuencias sobre los derechos han sido devastadoras. En el sector de la salud, por ejemplo, la inversi\u00f3n p\u00fablica entre 2017 y 2019 se redujo en casi dos tercios (cayendo en un 64%<\/a>). Los recortes continuaron en 2020 en l\u00ednea con las directrices del FMI. Esto exacerb\u00f3 la vulnerabilidad del pa\u00eds frente a la pandemia del Covid-19 afectando en mayor medida a poblaciones marginadas: pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, informales y familias de los quintiles m\u00e1s bajos de ingresos, quienes dependen en mayor medida de los servicios sociales p\u00fablicos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El\u00a0acuerdo crediticio<\/a>\u00a0que el Ecuador suscribi\u00f3 con el FMI por USD 4.200 millones en 2019 establece que el pa\u00eds debe abordar su d\u00e9ficit mediante el \u201cfortalecimiento de los controles sobre los compromisos de gasto\u201d y la \u201crealineaci\u00f3n de la masa salarial del sector p\u00fablico\u201d. Esto llev\u00f3 al despido de 3.680 trabajadores del Ministerio de Salud P\u00fablica en 2019 (el 4,5% del empleo total en este Ministerio) justo antes de la peor crisis de salud p\u00fablica en d\u00e9cadas. Un factor que contribuy\u00f3 a que el deEcuador se convirtiera en uno de los brotes m\u00e1s letales del coronavirus en todo el mundo. Los impactos de la austeridad siguen midi\u00e9ndose en t\u00e9rminos de vidas perdidas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Tras haber privilegiado el pago del\u00a0servicio anticipado de la deuda externa<\/a>\u00a0y honrar apuestas especulativas en los meses m\u00e1s cr\u00edticos de la pandemia, el gobierno ecuatoriano lleg\u00f3 a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de deuda por USD 17.400 millones con sus tenedores de bonos. Si bien esto le permiti\u00f3 al pa\u00eds aliviar algo de presi\u00f3n para enfrentar la pandemia, en ning\u00fan modo resuelve la actual crisis de la deuda. Las condiciones acordadas, sin embargo, son en\u00a0extremo desventajosas<\/a>: pese a que los bonos ecuatorianos cayeron al 35% de su valor debido a la pandemia, la renegociaci\u00f3n reconoci\u00f3 el 59% del\u00a0valor presente<\/a>\u00a0para sus acreedores.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Un aspecto particularmente problem\u00e1tico de la operaci\u00f3n es que su sostenibilidad depende de alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI que incluya un mayor apoyo financiero en el marco de su Servicio Ampliado, el cual seguramente incluir\u00e1 m\u00e1s condiciones sobre la pol\u00edtica econ\u00f3mica y social del pa\u00eds.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Si bien el FMI ha dicho apoyar un mayor gasto en salud p\u00fablica en la respuesta inmediata al Covid-19, el pr\u00e9stamo que le concedi\u00f3 al Ecuador en el marco del financiamiento de emergencia acordado en mayo, recomienda la continuidad de la \u201cconsolidaci\u00f3n fiscal \u2026 de alrededor de 6.2 puntos porcentuales del PIB durante el per\u00edodo 2019-2025\u201d. De cumplirse, esto debilitar\u00e1 m\u00e1s la capacidad de Ecuador para financiar adecuadamente los servicios p\u00fablicos, los programas de protecci\u00f3n social y los esquemas regulatorios que son esenciales para proteger los derechos econ\u00f3micos y sociales de la poblaci\u00f3n ecuatoriana. La\u00a0CEPAL<\/a>\u00a0estima que Ecuador ser\u00e1 uno de los pa\u00edses con los mayores aumentos en la pobreza extrema y la desigualdad de la regi\u00f3n producto del COVID-19. Estas proyecciones s\u00f3lo podr\u00edan mitigarse con un gasto p\u00fablico vigoroso en los sectores sociales en los que se est\u00e1n planteando recortes.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Adicionalmente, el gobierno utiliz\u00f3 el estado de emergencia declarado desde marzo 2020 para acelerar medidas de ajuste estructural solicitadas por el FMI que lesionan otros derechos: una reforma de flexibilizaci\u00f3n laboral que se hab\u00eda pospuesto por temor a la oposici\u00f3n social; una reforma fiscal que hab\u00eda sido rechazada por el parlamento a finales de 2019; y la eliminaci\u00f3n los subsidios a los combustibles, que antes hab\u00eda sido reversada tras una masiva protesta popular en octubre del a\u00f1o pasado en liderada por los pueblos ind\u00edgenas y sectores de los barrios populares de las grandes ciudades. El intento de imponer estas medidas sin la debida participaci\u00f3n de las poblaciones afectadas, y sin el debido respeto por los procedimientos democr\u00e1ticos<\/a>, se combin\u00f3 con la respuesta inapropiada del gobierno a la protesta leg\u00edtima.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El FMI debe asumir la responsabilidad del impacto de sus pol\u00edticas en los derechos humanos en el Ecuador. Tras varias advertencias previas, ya deber\u00eda estar claro para el FMI que no puede actuar de espaldas a los pueblos insistiendo en recetas fracasadas que amenazan con hundir al pa\u00eds en una espiral insostenible de endeudamiento y en una crisis econ\u00f3mica y social de mayores proporciones. Esta inconformidad popular, as\u00ed como las consecuencias devastadoras del COVID-19 que la austeridad fiscal ha amplificado, dejan suficientes lecciones para que el FMI reconsidere su papel en el Ecuador. En este sentido, el FMI deber\u00eda adoptar al menos las siguientes acciones.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Primero, evaluar seriamente y transparentar el impacto en los derechos humanos de las condiciones a las que sujeta sus pr\u00e9stamos. Esto significa medir el efecto distributivo de los cambios en la pol\u00edtica fiscal, con \u00e9nfasis en los impactos en la desigualdad econ\u00f3mica y de g\u00e9nero, y evitar aquellos que imponen un costo para los sectores m\u00e1s desfavorecidos, incluyendo a los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Segundo, respetar los procesos democr\u00e1ticos para la toma de decisiones econ\u00f3micas y abstenerse de ejercer cualquier influencia indebida que restrinja el espacio fiscal necesario para proteger los derechos socioecon\u00f3micos de las personas, particularmente en los acuerdos que suscribe.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Finalmente, deber\u00eda recomendar y promover pol\u00edticas alternativas basadas en derechos para ampliar el espacio fiscal tales como la realizaci\u00f3n de una reforma tributaria que grave los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de grandes corporaciones; el combate sin tregua a la evasi\u00f3n y la elusi\u00f3n fiscal; la derogaci\u00f3n de la norma que impide al Banco Central del Ecuador adquirir t\u00edtulos de deuda p\u00fablica para financiar los problemas de liquidez en situaciones de crisis como la actual; y el apoyo a un proceso de reestructuraci\u00f3n ordenado de la deuda a nivel internacional, en l\u00ednea con los Principios B\u00e1sicos de los Procesos de Reestructuraci\u00f3n de la Deuda Soberana de las Naciones Unidas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Es hora de que el FMI honre sus responsabilidades en derechos humanos<\/a> y desactive la bomba de tiempo en que se han convertido las pol\u00edticas de austeridad en Ecuador y en otras partes del mundo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Allison Corkery, Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Jayati Ghosh, Profesora de Econom\u00eda, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Osama Diab, investigador sobre derechos econ\u00f3micos y profesor de estudios de desarrollo.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Sergio Chaparro, Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ignacio Saiz, Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Adri\u00e1n Falco, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Leilani Farha, Directora Mundial de The Shift.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

John N. Robinson III, Profesor Adjunto de Sociolog\u00eda, Universidad de Washington en St. Louis.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Andr\u00e9s Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarizaci\u00f3n del Ecuador y Sciences Po Paris.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Carolyn Sissoko, profesora titular de econom\u00eda, UWE Bristol.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Crystal Simeoni, Directora, Nawi: Colectivo de Macroeconom\u00eda Afrifem.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gilad Isaacs, codirector del Instituto de Justicia Econ\u00f3mica de Sud\u00e1frica.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Nicholas Loubere, Profesor Asociado Superior, Universidad de Lund, Suecia.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Dr. Philip Mader, Instituto de Estudios de Desarrollo, Reino Unido.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Matthias Goldmann, Universidad Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Derecho P\u00fablico Comparativo y Derecho Internacional de Heidelberg.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Stephan van der Merwe, abogado principal, notario p\u00fablico y profesor de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la Universidad de Stellenbosch, Sud\u00e1frica.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Z. Fareen Parvez, Profesora Adjunta de Sociolog\u00eda, Universidad de Massachusetts en Amherst.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ingrid Harvold Kvangraven, profesora de desarrollo internacional de la Universidad de York.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Melinda Cooper, profesora de sociolog\u00eda de la Universidad Nacional de Australia.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Demba Moussa Dembele, Foro del Tercer Mundo.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ammar Rashid, Presidente del Partido de los Trabajadores de Awami, Punjab (Pakist\u00e1n).<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Martino Comelli, candidato al doctorado en ciencias pol\u00edticas, Universidad de Europa Central, Budapest.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n \t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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