{"id":6099,"date":"2020-10-01T14:56:07","date_gmt":"2020-10-01T14:56:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=6099"},"modified":"2021-06-07T16:21:02","modified_gmt":"2021-06-07T16:21:02","slug":"la-austeridad-la-pagamos-nosotras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/la-austeridad-la-pagamos-nosotras\/","title":{"rendered":"La austeridad la pagamos nosotras"},"content":{"rendered":"\r\n

Compartimos con ustedes nuestra ponencia en el foro<\/a> de la sociedad civil con el FMI: \u00abCambiar las reglas para una recuperaci\u00f3n justa: alinear el trabajo del FMI con los derechos humanos y la justicia fiscal en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u00bb. El siguiente texto es un breve an\u00e1lisis del impacto de las pol\u00edticas de austeridad adoptadas por el gobierno en consecuencia del acuerdo con el FMI sobre las mujeres. <\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La austeridad la pagamos nosotras: impactos del acuerdo con el FMI en los derechos de las mujeres<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El Ecuador vivi\u00f3 un periodo prolongado de estabilidad econ\u00f3mica y crecimiento durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, incluso teniendo que enfrentar crisis econ\u00f3micas mundiales como la crisis financiera del 2008 y la crisis de los precios del petr\u00f3leo del 2015, en gran parte debido al papel activo del Estado en la econom\u00eda, con pol\u00edticas contra-c\u00edclicas que permitan sortear las crisis sin sacrificar el acceso a derechos sociales a grandes grupos de la poblaci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Durante el periodo comprendido del 2007 al 2016 la pobreza se redujo en 17 puntos y la pobreza extrema se redujo en 8 puntos; la desigualdad se redujo de 0,55 a 0,48 y el empleo pleno lleg\u00f3 al cierre del 2015 al 49,2%. Entre otras cosas se debe a que el Estado garantizaba a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n de presupuestos cada vez mayores la cobertura de los derechos sociales como salud, educaci\u00f3n y seguridad.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Esto cambi\u00f3 a partir que se adoptaron pol\u00edticas de austeridad con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador firm\u00f3 un acuerdo con el FMI en el a\u00f1o 2019,  condicionado por una reforma fiscal, una reforma laboral y una reforma institucional que beneficiaba principalmente al sector financiero. No obstante, el propio texto del acuerdo indicaba precondiciones<\/strong> para llegar a los desembolsos en el 2019, parte de esas precondiciones fue la aprobaci\u00f3n en 2018 de la ley fiscal de fomento productivo que ten\u00eda como objetivo iniciar la reducci\u00f3n de la inversi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por eso, desde el 2018 el Ecuador atraviesa por un periodo de austeridad y de degradaci\u00f3n de las condiciones de empleo y de vida. El empleo adecuado pas\u00f3 de 42,3% en el 2017<\/a> a 28% en 2019<\/a>, y la pobreza pas\u00f3 de 23%<\/a> en el 2017, al 25%<\/a> para finales del 2019. La pobreza multidimensional tiene un sostenido crecimiento, en el 2017 se ubicaba en 34.6%<\/a> y pas\u00f3 a diciembre del 2019 a 38,1%<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ha transcurrido tiempo suficiente para valorar el acuerdo: uno de los cuestionamientos fue la falta de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana, sum\u00e1ndose a la falta de consulta  legislativa como lo establece el art\u00edculo 419 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como la falta de aprobaci\u00f3n del acuerdo por parte de la Corte Constitucional como lo establece el art\u00edculo 438.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La reacci\u00f3n a los recortes y a la austeridad fue el aumento de la conflictividad social, cuyo pico m\u00e1s \u00e1lgido se alcanz\u00f3 en octubre del 2019 con un paro nacional en contra del FMI, que dur\u00f3 10 d\u00edas, con un saldo de 11 muertos y cientos de heridos. Provocando la reacci\u00f3n de los organismos internacionales que se pronunciaron al respecto:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

As\u00ed, el comit\u00e9 de derechos econ\u00f3micos sociales y culturales de las Naciones Unidas, refiri\u00e9ndose al plan de austeridad, llam\u00f3 al Estado a evaluar previamente los efectos de cualquier medida econ\u00f3mica sobre estos derechos para evitar los efectos desproporcionados en los grupos m\u00e1s vulnerables; a no reducir los presupuestos de educaci\u00f3n y salud; y que se aseguren las l\u00edneas presupuestarias en inversi\u00f3n social para grupos m\u00e1s desfavorecidos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La CIDH <\/a>por su parte, observ\u00f3 que la respuesta del Estado ecuatoriano en los actos de protesta en algunos casos fueron reprimidos con uso excesivo de fuerza, y recomend\u00f3 al Estado a consultar a la ciudadan\u00eda en especial grupos vulnerables sobre la adopci\u00f3n de las pol\u00edticas de austeridad o reformas econ\u00f3micas que puedan comprometer los DESC.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Las medidas de austeridad no afectan a todos por igual, pues ha tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes, las mujeres y grupos vulnerables. Es un impacto por doble v\u00eda: porque las pol\u00edticas econ\u00f3micas no consideran medidas particulares para revertir las desventajas estructurales, en consecuencia, las profundiza; y por otro lado a trav\u00e9s de medidas econ\u00f3micas directamente discriminatorias a estos grupos. <\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por ejemplo, el acuerdo con el FMI<\/a> se\u00f1ala que la \u201cintroducci\u00f3n de<\/em> contratos laborales menos r\u00edgidos beneficiar\u00e1 en particular a las mujeres que prefieran trabajar a tiempo parcial<\/em><\/strong> o en empleos temporales, lo cual aumentar\u00e1 su participaci\u00f3n en el mercado laboral. Otras pol\u00edticas encaminadas a lograr un mercado laboral m\u00e1s din\u00e1mico ayudar\u00e1n a <\/em>estimular el crecimiento del sector servicios, lo cual apoyar\u00e1 la participaci\u00f3n de la mujer en el mercado laboral<\/em><\/strong>.<\/em>\u201d Asumiendo, de manera discriminatoria, que los contratos precarizados se destinan principalmente a mujeres y que ratifican el rol de las mujeres en el sector de servicios.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Otras medidas directamente discriminatorias son el recorte de los presupuestos destinados a cumplir con pol\u00edticas p\u00fablicas de reconocimiento y redistribuci\u00f3n. S\u00f3lo en el 2019 el acuerdo con el FMI liquid\u00f3 completamente el presupuesto de 5.6 millones para pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del embarazo adolescente y violencia de g\u00e9nero\u00a0 lo cual agrava la situaci\u00f3n que ya era una de las m\u00e1s alarmantes de la regi\u00f3n. En el Ecuador 7 ni\u00f1as dan a luz todos los d\u00edas seg\u00fan el Comit\u00e9 de Derechos sexuales y reproductivos del Ecuador<\/a> y, durante los meses de pandemia el servicio ECU 911 <\/a>report\u00f3 una llamada de emergencia cada 5 minutos por violencia de g\u00e9nero, lo que vislumbra un repunte de la violencia machista en el Ecuador y una falta de compromiso financiero del Estado para resolverlo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Estas medidas perpet\u00faan por un lado la relegaci\u00f3n hist\u00f3rica de las mujeres a sectores de la econom\u00eda feminizados como servicios, salud, turismo, comercio, trabajos de cuidado y sectores informales; y perpet\u00faa el trabajo no remunerado del hogar. Un 15% menos de mujeres alcanzan un empleo adecuado en relaci\u00f3n con los hombres en el Ecuador, escenario que se agrava con la flexibilizaci\u00f3n laboral propuesto en concordancia con los pedidos del FMI.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Los recortes a la salud tambi\u00e9n afectan especialmente a las mujeres. Cuando el Estado no garantiza a los ciudadanos pol\u00edticas de cuidado y protecci\u00f3n social, son las mujeres que reabsorben estas tareas desde una posici\u00f3n de desigualdad porque no pueden delegarlo debido a los compromisos afectivos y la divisi\u00f3n sexual del trabajo, ubic\u00e1ndolas en el sector de mayor riesgo y vulnerabilidad.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Los recortes a la educaci\u00f3n afectan tambi\u00e9n especialmente a las mujeres. Con menos presupuesto el Estado no ha podido garantizar el acceso a educaci\u00f3n en los niveles m\u00e1s b\u00e1sicos, y son las mujeres las que asumen el rol del Estado de dar una educaci\u00f3n formal a los hijos, muchas veces en medio de carencias econ\u00f3micas y de formaci\u00f3n. El resultado: m\u00e1s de 100 mil estudiantes no volvieron al sistema educativo durante este nuevo periodo. <\/a>Si las tasas de deserci\u00f3n dentro del sistema educativo universitario lo encabezaban mujeres, con el aumento de las dificultades y la sobrecargar de la jornada laboral y el trabajo no remunerado, las mujeres han tenido que optar por abandonar los estudios.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Con la llegada de la pandemia la situaci\u00f3n adquiere dimensiones dram\u00e1ticas. De esta manera, el COVID 19 encontr\u00f3 un sistema de salud desmantelado por el desfinanciamiento p\u00fablico. Ecuador ha sufrido uno de los impactos m\u00e1s devastadores en el mundo por la crisis sanitaria, con un saldo de 35500 fallecidos en exceso <\/a>durante la pandemia. Per\u00edodo durante el cual se despidieron 3000 trabajadores de la salud y se presenciaron protestas callejeras de m\u00e9dicos exigiendo insumos y pago de salarios. Al mismo tiempo el FMI felicitaba al Ecuador por pagar puntualmente su deuda externa a los acreedores privados de bonos soberanos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En el marco de un estado de excepci\u00f3n dispuesto para guardar la cuarentena,\u00a0 se realizaron todas las reformas que hab\u00edan sido impedidas por la oposici\u00f3n social y legislativa. Lo m\u00e1s relevante fue una reforma laboral que flexibiliz\u00f3 el trabajo <\/a>a tal nivel que el empleador tiene la posibilidad de reducir el salario a la mitad de lo que anteriormente estaba fijado como el salario b\u00e1sico de subsistencia. No se tom\u00f3 medidas para proteger el empleo en contra de los despidos, as\u00ed el nivel de empleo adecuado tuvo la mayor ca\u00edda de las \u00faltimas d\u00e9cadas, <\/strong>apenas el 16,70%<\/a> de la poblaci\u00f3n tiene un empleo pleno, lo que significa en referencia al 2019 que casi 2 millones de personas reciben menos del salario b\u00e1sico y tienen menos estabilidad laboral. La ca\u00edda m\u00e1s dram\u00e1tica de empleo pleno, incluso mayor al 27% de 1999 en medio de la crisis del feriado bancario. Mientras las proyecciones del Banco Central estiman un decrecimiento del 9% de PIB, las estimaciones del FMI son a\u00fan peores, alcanzan un\u00a0 11% de decrecimiento.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Aunque el acuerdo con el FMI fue claro en mencionar que no deber\u00edan haber recortes en salud y educaci\u00f3n, vemos que esto no sucedi\u00f3 en la pr\u00e1ctica. De hecho, es imposible que no suceda si consideramos que el FMI pidi\u00f3 un recorte al pa\u00eds equivalente al 5% del PIB y el 80% del gasto p\u00fablico en Ecuador comprenden el sector salud, educaci\u00f3n y seguridad p\u00fablica.\u00a0 No existe espacio fiscal para tal tama\u00f1o de recorte sin afectar el n\u00facleo central de los derechos econ\u00f3micos y sociales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por eso el acuerdo con el FMI es incoherente a la hora de alcanzar sus objetivos planteados, en especial el de lograr la igualdad de g\u00e9nero. En un momento en que las econom\u00edas acuden a pol\u00edticas de rescate y reparaci\u00f3n, con mayor intervenci\u00f3n del estado, en el Ecuador hay un proceso de profundizaci\u00f3n de los planes de austeridad, lo cual acelerar\u00e1 y agudizar\u00e1  el efecto recesivo y la crisis econ\u00f3mica.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La experiencia en Ecuador nos demuestra que cuando las pol\u00edticas de austeridad  se toman sin participaci\u00f3n y sin consultar a los afectados, se producen costos que deterioran la calidad de la democracia con elevados niveles de conflictividad social, que incluso derivan en la vulneraci\u00f3n  del derecho a la vida y la integridad f\u00edsica y, con costos econ\u00f3micos altos y que van en contrasentido a los objetivos de desarrollo de la carta de intenci\u00f3n. Por ejemplo, el Banco Central estim\u00f3 que el Paro Nacional de Octubre en contra del FMI, le cost\u00f3 821,68 millones de d\u00f3lares al Ecuador, un monto incluso mayor a los desembolsos que se hab\u00edan recibido hasta ese momento.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En s\u00edntesis, las medidas de proc\u00edclicas, inconsultas, generaron menor acceso a los derechos humanos y afectaron el crecimiento de la econom\u00eda. Para revertir esta escena, es necesario comprender que garantizar el consumo de la poblaci\u00f3n y su acceso a servicios b\u00e1sicos, son medidas de justicia social, pero tambi\u00e9n, en la medida que garantizan la demanda agregada, son medidas de eficacia econ\u00f3mica. De haberse realizado  las consultas necesarias, se habr\u00eda garantizado que las medidas sean: proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Resultando en recomendaciones de pol\u00edticas p\u00fablicas para el bienestar general que contribuya con el crecimiento y desarrollo sostenible.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Andrea Guillem
Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales – CDES<\/p>\r\n \t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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