El d\u00eda viernes, 15 de enero del 2021, concluy\u00f3 la audiencia de la Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n propuesta por 123 personas, hombres y mujeres, abacaleras en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y el Estado ecuatoriano. Despu\u00e9s de tres d\u00edas de audiencia, el Juez Constitucional de Santo Domingo, Carlos Vera Cede\u00f1o, con base en los testimonios escuchados en la audiencia, la prueba documental y pericial, declar\u00f3 la existencia de \u2018servidumbre de la gleba\u2019, reconocida por el Sistema de Naciones Unidas como una forma contempor\u00e1nea de esclavitud, as\u00ed como la violaci\u00f3n a varios derechos humanos entre ellos los derechos a la vida digna, salud, libertad personal, igualdad material y no discriminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Durante la audiencia, el Ministerio de Trabajo reconoci\u00f3 la existencia de indignas condiciones de vida, de intermediaci\u00f3n y precarizaci\u00f3n laboral y de trabajo infantil y se\u00f1al\u00f3 haber sancionado a la empresa en el a\u00f1o 2019; sin embargo, la posici\u00f3n de los Ministerios de Gobierno y de Inclusi\u00f3n Econ\u00f3mica y Social fue que el caso deb\u00eda tratarse en v\u00edas judiciales ordinarias, de car\u00e1cter laboral o civil. La empresa, por su parte, se limit\u00f3 a acusar infundadamente a los trabajadores de ser invasores y determinar que la responsabilidad por su situaci\u00f3n, corresponde al Estado.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del Juez Constitucional de Santo Domingo marca un hito para la lucha de las y los trabajadores, al garantizar la tutela constitucional efectiva de sus derechos humanos para frenar los abusos del poder del sector de la agroexportaci\u00f3n y la negligente actuaci\u00f3n del Ejecutivo frente a su obligaci\u00f3n de garantizar derechos fundamentales, incluyendo los derechos econ\u00f3micos y sociales.<\/p>\n\n\n\n
Con esta sentencia, el proceso de organizaci\u00f3n y lucha de las familias que han vivido y trabajado por d\u00e9cadas en las haciendas de la empresa, hoy logra nuevos frutos, pues es la primera vez que en Ecuador se dicta una sentencia por esclavitud moderna, lo cual tambi\u00e9n es significativo para la poblaci\u00f3n campesina, pues es un reconocimiento a la situaci\u00f3n precaria que enfrentan los trabajadores y trabajadoras agr\u00edcolas en distintas plantaciones en Ecuador.<\/p>\n\n\n\n
Cerca de cumplirse tres a\u00f1os de este proceso colectivo de organizaci\u00f3n social, estamos a la espera de que el Juez Constitucional nos notifique por escrito con la sentencia, y ordene la reparaci\u00f3n integral de los derechos humanos de las 123 personas accionantes, que incluya el acceso a tierras, como incluso lo sugiri\u00f3 el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes, en el 2019, durante su visita a Ecuador. El Juez al dictar sentencia, mencion\u00f3 algunas de las medidas de reparaci\u00f3n, entre ellas: la obligaci\u00f3n de la empresa de indemnizar a los accionantes, pedir disculpas p\u00fablicas en medios nacionales y locales en cuyo texto deben incluirse los nombres de los 123 trabajadores. Adem\u00e1s, los Ministerios de Salud, Trabajo e Inclusi\u00f3n Social deber\u00e1n publicar en sus respectivas p\u00e1ginas web disculpas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
Recordamos que el Estado ecuatoriano ha suscrito la Declaraci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales, que garantiza el acceso a la tierra como forma de asegurar la vida digna y que la Ley Org\u00e1nica de Tierras en Ecuador garantiza la adjudicaci\u00f3n de tierras en caso de verificarse relaciones precarias de trabajo prohibidas por la ley.<\/p>\n\n\n\n
Este Comit\u00e9 de Solidaridad agradece a todas las personas y organizaciones sociales que apoyaron este caso, a las abogadas, comunicadoras, investigadoras, activistas y ciudadanas independientes; pero sobre todo hacemos un reconocimiento a las familias abacaleras que con tenacidad protagonizaron esta lucha. El Comit\u00e9 de Solidaridad seguir\u00e1 acompa\u00f1ando el camino, cada vez m\u00e1s cercano, que asegure mejores condiciones de vida despu\u00e9s de d\u00e9cadas de violencias y exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a la prensa nacional e internacional y a la Defensor\u00eda del Pueblo del Ecuador apoyar a las familias frente a la apelaci\u00f3n anunciada por parte del Ministerio de Trabajo; y, apoyar al resto de familias abacaleras que a\u00fan buscan acceso a la justicia para lograr reparaci\u00f3n integral, pues fueron cerca de 1200 personas que el propio Estado identific\u00f3 que viv\u00edan y trabajaban en los campamentos de la empresa, de las cuales tan solo 123 son parte de este proceso.<\/p>\n\n\n\n
Contexto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este fundamental paso, se sostiene en un proceso de organizaci\u00f3n y resistencia de m\u00e1s de cien familias abacaleras que, en marzo de 2018, realizaron un plant\u00f3n colectivo para denunciar su situaci\u00f3n frente al Palacio de Carondelet. Desde entonces, las familias presionaron para que se realicen inspecciones en los campamentos.<\/p>\n\n\n\n Como resultado, el 18 de febrero de 2019, el Ministerio de Trabajo suspendi\u00f3 temporalmente las actividades de la empresa; el mismo d\u00eda en que la Defensor\u00eda del Pueblo de Ecuador hizo p\u00fablico su primer informe, que verific\u00f3 la existencia de servidumbre de la gleba, forma de esclavitud moderna prohibida tanto por convenios internacionales de derechos humanos como por la Constituci\u00f3n ecutoriana.<\/p>\n\n\n\n En abril de ese mismo a\u00f1o, el pleno de la Asamblea Nacional, por consenso, acogi\u00f3 mediante resoluci\u00f3n dicho informe y dispuso a la Comisi\u00f3n de Derechos Colectivos acciones de fiscalizaci\u00f3n, para asegurar que el Estado cumpla con las recomendaciones realizadas. No obstante, el Ministerio del Trabajo y la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n de la Pol\u00edtica (ahora Ministerio de Gobierno); r\u00e1pidamente, se alinearon a los intereses de la empresa e intentaron una negociaci\u00f3n que no reconoc\u00eda la violaci\u00f3n de derechos humanos y que, como reconoci\u00f3 el mismo Estado, oblig\u00f3 a los trabajadores a renunciar a sus derechos; autorizaron a reabrir a la empresa; permitieron la demolici\u00f3n de varios campamentos que desplazaron a familias fuera de las haciendas; e, incluso, validaron que un grupo de familias acepte un comodato para seguir cosechando abac\u00e1 para la empresa a cambio de su silencio.<\/p>\n\n\n\n Pese a todos estos ataques e intentos de divisi\u00f3n, sumado a la dif\u00edcil situaci\u00f3n social y econ\u00f3mica que hist\u00f3ricamente han enfrentado y que se agrav\u00f3 con el cierre de la empresa, un grupo de 123 personas, algunas de ellas a\u00fan viviendo dentro de uno de los campamentos de la empresa, con el apoyo del Comit\u00e9 de Solidaridad Furukawa Nunca M\u00e1s, presentaron en diciembre de 2019 la demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n y posteriormente, solicitaron medidas cautelares, para impedir las amenazas de desalojo en los campamentos donde resid\u00edan ejerciendo su derecho a la resistencia para resguardar la memoria frente a los constantes intentos de la empresa de eliminar las evidencias sobre las condiciones en las que mantuvo durante casi 60 a\u00f1os a cientos de personas, en su mayor\u00eda afrodescendientes.<\/p>\n\n\n\n Durante el a\u00f1o 2020, y en condiciones a\u00fan m\u00e1s complejas, debido al brote de Covid-19, las familias abacaleras y el Comit\u00e9 de Solidaridad continuaron el litigio, las acciones de solidaridad para sostener a las familia y el pedido a la Asamblea Nacional y la Defensor\u00eda del Pueblo a cumplir con sus competencias. Estas instituciones emitieron informes contundentes que verificaban las denuncias de las familias abacaleras. Sin embargo, es necesario dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones que significan la posibilidad de frenar con el abuso de poder de empresas y Estado para que casos como este no vuelvan a ocurrir.<\/p>\n\n\n\n #JusticiaV\u00edctimasFurukawa<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n