{"id":8505,"date":"2021-12-10T14:09:07","date_gmt":"2021-12-10T14:09:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/?p=8505"},"modified":"2022-02-11T14:17:33","modified_gmt":"2022-02-11T14:17:33","slug":"comunicado-por-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-las-politicas-de-austeridad-fiscal-y-flexibilizacion-laboral-violan-los-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/comunicado-por-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-las-politicas-de-austeridad-fiscal-y-flexibilizacion-laboral-violan-los-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"COMUNICADO POR D\u00cdA INTERNACIONAL DE DDHH: LAS POL\u00cdTICAS DE AUSTERIDAD FISCAL Y FLEXIBILIZACI\u00d3N LABORAL VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS"},"content":{"rendered":"

Quito, 10 de diciembre del 2021
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Las decisiones de la pol\u00edtica fiscal y laboral son una funci\u00f3n del gobierno, sin embargo, estas siempre deben respetar las obligaciones de proteger y hacer efectivos los derechos humanos, incluso en momentos de crisis o recesi\u00f3n econ\u00f3mica. La obligaci\u00f3n de cumplir con los derechos humanos no es una opci\u00f3n pol\u00edtica<\/strong>. Por eso la austeridad fiscal, la flexibilizaci\u00f3n laboral, la liberalizaci\u00f3n de los flujos financieros y comerciales o cualquier otra pol\u00edtica con impacto sobre las condiciones de vida, tendr\u00edan que ser evaluadas en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos incluyendo, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n

As\u00ed mismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adopt\u00f3 los Principios Rectores Relativos a las Evaluaciones de los Efectos de las Reformas Econ\u00f3micas en los Derechos Humanos, que tienen como objetivo contribuir a que los estados y las instituciones financieras internacionales no puedan eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando formulan la pol\u00edtica econ\u00f3mica. Este marco de evaluaci\u00f3n implica que las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tienen la obligaci\u00f3n de garantizar que las condiciones de sus pr\u00e9stamos, el asesoramiento y las propuestas de reformas econ\u00f3micas no socaven las obligaciones del Estado prestatario en materia de derechos. humanos<\/strong>\u201d, como lo se\u00f1al\u00f3 Juan Bohoslavsky, como experto de ONU sobre deuda y derechos humanos.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n

Las consideraciones sobre el efecto de la pol\u00edtica econ\u00f3mica en los derechos humanos, son particularmente relevantes en situaciones que implican la adopci\u00f3n de medidas de austeridad, ajuste estructural y reformas laborales ligadas a acuerdos con acreedores internacionales, como las que se lleva actualmente en Ecuador en el marco del acuerdo con el FMI<\/strong>. Para ello el Estado debe abstenerse de adoptar medidas regresivas; si estas medidas fueran inevitables, tales medidas deber\u00edan ser proporcionales y deber\u00edan mantenerse solamente por el tiempo necesario; tampoco deber\u00edan dar lugar a discriminaci\u00f3n; deben mitigar las desigualdades que pueden aumentar en tiempos de crisis y garantizar que los derechos de las personas y grupos desfavorecidos y marginados no se vean afectados de manera desproporcionada; y no deber\u00edan afectar el contenido b\u00e1sico m\u00ednimo de los derechos protegidos por el Pacto de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Lo anterior incluye la implicaci\u00f3n de que las medidas econ\u00f3micas para enfrentar la crisis no deben incrementar la desigualdad social, poniendo la carga de la crisis sobre los grupos de personas m\u00e1s vulnerables, no es correcto implementar austeridad fiscal para los pobres, mientras se mantienen privilegios del sistema tributario para los beneficiarios de para\u00edsos fiscales y de grandes exoneraciones de impuestos<\/strong>; as\u00ed como tampoco se debe implementar medidas laborales con impacto negativo desproporcionado sobre los hogares pobres, mientras se permiten retornos financieros extraordinarios de inversionistas.<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, en Ecuador desde el estallido social de octubre de 2019, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han realizado observaciones al Estado sobre el incumplimiento de sus obligaciones en la protecci\u00f3n de derechos como resultado de la pol\u00edtica econ\u00f3mica y la desigualdad social. Algunas de las observaciones sobre la pol\u00edtica fiscal fueron realizadas durante el gobierno de Lenin Moreno, pero la continuaci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico se ha mantenido y profundizado en el gobierno de Guillermo Lasso generando un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de violaciones a los derechos humanos<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed, en 2019, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de Naciones Unidas[3]<\/sup><\/a> concentr\u00f3 sus observaciones sobre Ecuador en las medidas de austeridad y la gesti\u00f3n de las protestas sociales de octubre y se refiri\u00f3 a las obligaciones de Ecuador, conminando al Estado a evaluar previamente los efectos sobre estos derechos de cualquier medida para responder al deterioro econ\u00f3mico, a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos<\/strong>; a no rebajar el gasto social en las \u00e1reas de educaci\u00f3n y salud<\/strong>; a asegurar las l\u00edneas presupuestarias relacionadas con la inversi\u00f3n social<\/strong> en los grupos m\u00e1s desfavorecidos y facilitar una implementaci\u00f3n efectiva y sostenible de las pol\u00edticas p\u00fablicas. El Comit\u00e9 tambi\u00e9n record\u00f3 que las medidas regresivas solo son compatibles con el Pacto si son necesarias y proporcionadas. [4]<\/sup><\/a><\/p>\n

El Comit\u00e9 le solicit\u00f3 a Ecuador que garantice el derecho de asociaci\u00f3n y de manifestaci\u00f3n pac\u00edfica en relaci\u00f3n a pol\u00edticas relevantes para los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales<\/strong> y que promueva procesos de consulta sobre las medidas de austeridad especialmente con las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que podr\u00edan verse especialmente afectadas por los recortes<\/strong>.<\/p>\n

En cambio, el 29 de noviembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo p\u00fablica una nota amplia sobre la violencia en octubre donde tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a las medidas econ\u00f3micas, pidiendo que se lleven a cabo investigaciones independientes, transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador, entre las que se incluyen muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias<\/strong>. Tambi\u00e9n expres\u00f3 que \u201cen cuanto a las causas de la crisis (de la protesta social), la Oficina de la Alta Comisionada recomienda al Gobierno que promueva una estrategia de participaci\u00f3n de todos los ecuatorianos en los asuntos p\u00fablicos y vele porque \u00e9sta sea implementada. Dicha estrategia de participaci\u00f3n deber\u00eda extenderse a las propuestas sobre medidas econ\u00f3micas y fiscales -incluidas las medidas de austeridad-<\/strong>\u00a0y especialmente en relaci\u00f3n con los grupos de poblaci\u00f3n que puedan verse m\u00e1s afectados. Tambi\u00e9n le solicit\u00f3 al Gobierno coherencia con la opini\u00f3n del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.[5]<\/sup><\/a><\/p>\n

Las protestas protagonizadas por comunidades ind\u00edgenas est\u00e1n asociadas a condiciones materiales de vida discriminatorias, al respecto la Alta Comisionada dijo que \u201cla hist\u00f3rica y persistente discriminaci\u00f3n contra los pueblos ind\u00edgenas<\/strong> tambi\u00e9n deber\u00eda ser objeto de preocupaci\u00f3n y prioridad para el Gobierno. La Comisionada tambi\u00e9n inst\u00f3 a las autoridades a que \u201cse esfuercen en definir medidas eficaces que aborden este problema, y reconozcan que constituye una barrera que dificulta la eliminaci\u00f3n de las desigualdades econ\u00f3micas estructurales (\u2026)<\/strong> La desigualdad social y econ\u00f3mica sigue siendo un obst\u00e1culo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Finalmente, el 14 de enero del 2019, la CIDH publica las observaciones del Informe sobre su Visita a Ecuador para constatar los hechos de violencia surgidos durante el paro nacional de octubre. La CIDH menciona que \u201cpudo notar que (las medidas fiscales) carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; as\u00ed como de una evaluaci\u00f3n de impacto en t\u00e9rminos de progresividad.<\/strong>\u201d[6]<\/sup><\/a> En ese sentido, la CIDH y su Relator\u00eda sobre los Derechos Econ\u00f3micos Sociales Culturales y Ambientales hicieron \u201cun llamado a Ecuador, a fin de que, en toda adopci\u00f3n de posibles medidas de austeridad, como de reformas econ\u00f3micas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA<\/strong>, asegure que la ciudadan\u00eda y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las pol\u00edticas de implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n del impacto de las medidas avanzadas.\u201d<\/p>\n

El resultado de la visita de la CIDH fue la conclusi\u00f3n sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violaci\u00f3n del derecho a la vida y la integridad f\u00edsica de los defensores de derechos humanos que se manifestaron en octubre de 2019, en unas protestas sociales que habr\u00edan tenido como fuente el incumplimiento de est\u00e1ndares y garant\u00edas internacionales de derechos humanos<\/strong> en la elaboraci\u00f3n de la pol\u00edtica econ\u00f3mica, implementadas en un contexto de acelerado empobrecimiento.<\/p>\n

No obstante, la gravedad de la violaci\u00f3n de los derechos humanos en Ecuador, las pol\u00edticas de austeridad y la flexibilizaci\u00f3n laboral se profundizaron en las acciones del nuevo per\u00edodo de gobierno de Guillermo Lasso. As\u00ed mismo, existe un ambiente hostil para las expresiones de la protesta social que buscan proteger derechos econ\u00f3micos y sociales. <\/strong><\/p>\n

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Acciones urgentes<\/u><\/strong><\/h2>\n

En tal sentido, el CDES considera que antes de adoptar medidas de austeridad, precarizaci\u00f3n laboral o desregularizaci\u00f3n financiera y comercial<\/strong>, se debe poner en pr\u00e1ctica los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos sobre consulta, transparencia y participaci\u00f3n social. Es necesario que los procesos de evaluaci\u00f3n cuenten con estudios de impacto sobre la progresividad de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales. Adem\u00e1s, el Estado deber\u00eda seguir las directrices de Naciones Unidas establecidas en los Principios Rectores Relativos a las Evaluaciones de los Efectos de las Reformas Econ\u00f3micas en los Derechos Humanos.<\/p>\n

En especial, se exige que las medidas no sean discriminatorias con grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad como pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes, montubios, mujeres, j\u00f3venes, migrantes o adultos mayores<\/strong>. Las medidas deber\u00edan garantizar proporcionalidad para reducir la desigualdad social que suele aumentar en tiempos de recesi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n

Buscar la mitigaci\u00f3n de la desigualdad social implica extraer los efectos desproporcionados y discriminatorios de las medidas de austeridad entre los grupos sociales, privilegiando los intereses de las personas estructuralmente menos favorecidas. Se recomienda identificar y visibilizar a las comunidades m\u00e1s negativamente afectadas con el objetivo de reequilibrar los costos del ajuste hacia los que tienen m\u00e1s responsabilidad o son m\u00e1s capaces de soportarlo<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Estado debe tomar acciones puntuales para mejorar el disfrute de los derechos contenidos en el Pacto de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, tales como:<\/p>\n