El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la prohibici\u00f3n del uso de celulares en los recintos electorales durante las elecciones del 13 de abril, justificando esta medida en la supuesta prevenci\u00f3n de presiones indebidas sobre los votantes por parte de grupos criminales. Sin embargo, esta decisi\u00f3n es altamente cuestionable desde el punto de vista legal, constitucional y democr\u00e1tico, y genera graves riesgos para la transparencia del proceso electoral.<\/p>\n
El aspecto m\u00e1s preocupante de esta prohibici\u00f3n es que no solo afecta a los votantes, sino tambi\u00e9n a los ayudantes de juntas y a los veedores ciudadanos, limitando severamente su capacidad de fiscalizar el desarrollo de la jornada electoral<\/strong>. La veedur\u00eda ciudadana es un pilar fundamental para garantizar la legitimidad de los resultados, y restringir la posibilidad de documentar irregularidades con herramientas digitales solo abre la puerta a la opacidad y al fraude.<\/p>\n Adem\u00e1s, la narrativa oficial para justificar la prohibici\u00f3n carece de evidencia. No existen denuncias formales ni pruebas de que grupos criminales hayan extorsionado a ciudadanos para coaccionar su voto mediante la verificaci\u00f3n de fotograf\u00edas<\/strong>. La medida, por lo tanto, se sustenta en una premisa sin sustento f\u00e1ctico, lo que sugiere que su verdadero prop\u00f3sito podr\u00eda ser otro: restringir la participaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n La prohibici\u00f3n del uso de celulares la prohibici\u00f3n de celulares podr\u00eda acarrear diversas implicaciones penales para los miembros del CNE (Consejo Nacional Electoral) y otras autoridades involucradas. Desde el punto de vista legal, la medida es inconstitucional<\/strong> porque vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constituci\u00f3n, como el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica <\/strong>(Art. 61)\u200b y la transparencia y acceso a la informaci\u00f3n <\/strong>(Art. 18)\u200b. Adem\u00e1s, la Ley Org\u00e1nica Electoral proh\u00edbe reformas dentro del a\u00f1o previo a elecciones <\/strong>(Art. 7)\u200b, lo que refuerza su ilegalidad. Penalmente, las acciones relacionadas con la limitaci\u00f3n de derechos electorales podr\u00edan configurar delitos como la obstaculizaci\u00f3n del proceso electoral (Art. 331 COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco a\u00f1os a quienes impidan u obstaculicen cualquier fase del proceso electoral. Asimismo, el fraude electoral (Art. 334 COIP) penaliza la alteraci\u00f3n de resultados o el impedimento del escrutinio, con penas de cinco a siete a\u00f1os. En el caso de servidores p\u00fablicos responsables de estas infracciones, podr\u00edan adem\u00e1s ser inhabilitados para ejercer cargos p\u00fablicos. Dependiendo de la aplicaci\u00f3n de la medida y su impacto en el proceso electoral, otras figuras como abuso de autoridad <\/strong>(Art. 294 COIP) y prevaricato <\/strong>(Art. 268 COIP) tambi\u00e9n podr\u00edan considerarse\u200b.<\/p>\n Tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n del uso de celulares contradice el Art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que protege el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica sin restricciones arbitrarias. La OEA ha se\u00f1alado que medidas que limiten la transparencia electoral pueden vulnerar este derecho, exponiendo a Ecuador a sanciones y cuestionamientos internacionales.<\/strong><\/p>\n Hay que considerar que, la prohibici\u00f3n de llevar celulares, se inscribe en un contexto m\u00e1s amplio de deterioro de las libertades pol\u00edticas y civiles en Ecuador. En los \u00faltimos a\u00f1os, hemos sido testigos de un grave retroceso en las condiciones materiales de vida de la poblaci\u00f3n en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales. As\u00ed, durante el gobierno de a\u00f1o y medio de Noboa, se han acumulado denuncias sobre abusos de poder, deterioro de los derechos pol\u00edticos y violaciones a los derechos humanos.<\/strong> Entre los casos m\u00e1s graves est\u00e1 la desaparici\u00f3n y asesinato de cuatro ni\u00f1os afroecuatorianos en Guayaquil, presuntamente a manos de militares. Adem\u00e1s, la fiscal\u00eda ha sido se\u00f1alada por persecuci\u00f3n a opositores, mientras que el asalto a la embajada de M\u00e9xico para capturar al exvicepresidente Jorge Glas desat\u00f3 una crisis diplom\u00e1tica. Noboa tambi\u00e9n ha gobernado por decreto, sin que la Corte Constitucional, que est\u00e1 bajo su control, pueda intervenir, y sin control del legislativo por falta de mayor\u00edas. Tambi\u00e9n ha declaro un conflicto armado interno, en 2021, que le ha permito abusar de los estados de excepci\u00f3n, abriendo la puerta a una serie de abusos de fuerza en contra de las poblaciones m\u00e1s pobres del pa\u00eds, sin que hasta la fecha hayan logrado detener a uno de los jefes de la mafia. Estas acciones, como no pod\u00eda ser de otro modo, han generado preocupaci\u00f3n internacional sobre una posible deriva autoritaria, que para los ecuatorianos ya es un hecho.<\/p>\n La persecuci\u00f3n pol\u00edtica tambi\u00e9n se ha intensificado: despu\u00e9s de haber logrado un acuerdo de unidad entre el progresismo y la izquerda, la Fiscal\u00eda notific\u00f3 procesos penales en contra de Andr\u00e9s Arauz, secretario general del partido Revoluci\u00f3n Ciudadana, y de Leonidas Iza, candidato de los movimientos ind\u00edgenas y de amplios sectores de la izquierda.<\/strong> Estas denuncias, carentes de sustento, reflejan el uso del aparato judicial como un mecanismo de lawfare para perseguir a la oposici\u00f3n pol\u00edtica, al igual que en 2021 cuando se difundieron acusaciones sin pruebas sobre la financiaci\u00f3n de la campa\u00f1a de Arauz por parte de la guerrilla del ELN, o la infundada afirmaci\u00f3n de que el corre\u00edsmo estaba detr\u00e1s del asesinato de Fernando Villavicencio. Ninguna de estas acusaciones delirantes fue jam\u00e1s probada, y en la actualidad no existen juicios en pie sobre estos temas, lo que demuestra su car\u00e1cter meramente pol\u00edtico y su falta de fundamento jur\u00eddico.<\/p>\n Hay que decir que esta unidad de las izquierdas representa un hecho pol\u00edtico in\u00e9dito y de gran trascendencia: la hist\u00f3rica unidad entre la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas del Ecuador (CONAIE) y la Revoluci\u00f3n Ciudadana. Esta convergencia entre el movimiento ind\u00edgena y el progresismo ecuatoriano representa una amenaza real para el modelo pol\u00edtico y econ\u00f3mico que ha gobernado en los \u00faltimos a\u00f1os, y es, sin duda, una de las principales preocupaciones del gobierno de Daniel Noboa.<\/strong> La uni\u00f3n de estos sectores pol\u00edticos refleja la creciente demanda social por un cambio estructural y por la recuperaci\u00f3n de los derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Ahora, regresando a la prohibici\u00f3n de llevar celulares\u2026 Ante esta situaci\u00f3n, miles de ciudadanos han manifestado en redes sociales su desobediencia a la medida, argumentando que no cuenta con respaldo legal. No obstante, el control de los recintos electorales por parte de las fuerzas armadas podr\u00eda derivar en coerciones que atenten contra el derecho de los ecuatorianos a documentar posibles irregularidades en el proceso.<\/strong> La incertidumbre sobre c\u00f3mo se desarrollar\u00e1 esta in\u00e9dita situaci\u00f3n plantea una interrogante no solo para Ecuador, sino para la comunidad internacional.<\/p>\n Hay que detener que el Estado sea utilizado como un instrumento de represi\u00f3n y manipulaci\u00f3n pol\u00edtica. En este sentido, es imperativo que la ciudadan\u00eda, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de control exijan la rendici\u00f3n de cuentas de las autoridades electorales y denuncien cualquier intento de obstaculizar el ejercicio del voto libre e informado<\/strong>.<\/p>\n Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta a los acontecimientos del 13 de abril de 2025<\/strong>, observando de cerca la implementaci\u00f3n de esta medida y cualquier otra acci\u00f3n que pueda vulnerar los derechos pol\u00edticos de los ecuatorianos. Es crucial que organismos internacionales de derechos humanos, misiones de observaci\u00f3n electoral y la prensa independiente sigan el proceso y act\u00faen en caso de detectar irregularidades.<\/strong><\/p>\n Hacemos un llamado a las instituciones del Estado ecuatoriano para que rectifiquen esta disposici\u00f3n arbitraria y garanticen un proceso electoral transparente<\/strong>, seguro y conforme a la Constituci\u00f3n y los est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos pol\u00edticos y electorales. La legitimidad de los resultados y la estabilidad democr\u00e1tica del pa\u00eds dependen del respeto irrestricto a los derechos de participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n <\/p>\n Quito, 14 de marzo del 2025.<\/p>\n Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales – CDES.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la prohibici\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_siteseo_robots_primary_cat":"42","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-9820","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-derechos-politicos-y-civiles"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9820"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9820\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9821,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9820\/revisions\/9821"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdes.org.ec\/webantigua\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}