¿Un tratado libre de culpa?
Finalmente pudo más la presión del sector agroexportador que las mismas convicciones del Presidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno sobre los impactos negativos de los tratados de libre comercio, sobre los cuales el Presidente hizo manifiesta su posición en el 2006 con la publicación de “El rostro oculto del TLC”. Claro está, pudo más también que la crítica desde sectores académicos, desde algunas ONG, e incluso desde los movimientos sociales. Y no sorprende que hayan podido imponerse los intereses de los grandes exportadores y de la agroindustria – aunados desde luego a los intereses de las corporaciones transnacionales europeas – pues han sido los representantes de estos sectores quienes han acompañado a la delegación oficial durante todo el proceso de negociación; oportunidad que ni de cerca tuvieron los representantes de los sectores que muy probablemente se verán afectados si el acuerdo firmado llegara a ser aprobado e implementado, a saber, los agentes de la agricultura familiar campesina, de la pesca artesanal, de la pequeña industria, pequeños productores, usuarios y usuarias de servicios de salud, entre otros.
Tampoco importó, en última instancia, la incompatibilidad de un acuerdo de este tipo con la tan aclamada y poco respetada Constitución de Montecristi; incompatibilidad que influyó, entre otros factores, para que las negociaciones con la Unión Europea se suspendieran en el 2009, toda vez que se identificaran –para preocupación de los negociadores europeos– claras contradicciones con principios constitucionales entre los cuales podemos nombrar el no sometimiento a instancias de arbitraje internacional para la solución de controversias entre el Estado ecuatoriano y empresas transnacionales, el aprovechamiento del sistema de compras públicas para impulsar el desarrollo de la economía popular y solidaria, y el garantizar la soberanía alimentaria.
Así, el día de ayer, 16 de julio de 2014, se cerró en Bruselas, Bélgica, el acuerdo por el cual Ecuador se adheriría al “acuerdo comercial multipartes” firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú en el 2012; acuerdo que es oficialmente reconocido en dichos países como un tratado de libre comercio o TLC. De hecho, las negociaciones se han llevado a cabo en base a la cláusula de adhesión contenida en el artículo 329 de dicho documento, lo cual significa que el acuerdo alcanzado por la comisión negociadora ecuatoriana no se distinguiría, en lo sustancial, del acuerdo firmado por nuestros vecinos andinos. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha sostenido enfáticamente, desde que se retomaron las negociaciones con la Unión Europea, que no se estaba negociando un TLC sino un “acuerdo comercial para el desarrollo”.
En tal virtud, hacemos un llamado al gobierno del Presidente Rafael Correa para que haga público y transparente el contenido del acuerdo comercial alcanzado ayer entre Ecuador y la Unión Europea, pues no se puede decidir sobre un tema tan relevante para el país sin un claro conocimiento y la participación de todos los sectores de la sociedad. Además, instamos al Presidente a señalar cuáles son las grandes diferencias de este acuerdo con el firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú, así como las cuestiones de fondo que lo distinguirían de un típico tratado de libre comercio.
Finalmente, es importante señalar que este acuerdo debe pasar por un proceso de validación ante la Corte Constitucional del Ecuador, así como por un proceso de discusión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional y del Parlamento Europeo, siendo quizás ésta la última oportunidad que tenga el pueblo ecuatoriano para conocer cabalmente el contenido de este acuerdo, discutir sobre su legalidad y legitimidad, y tomar las acciones necesarias para impedir su ratificación, de ser el caso.
Firman: CDES y Ecuador Decide.
Foto: Bolsamanía
