Una misión internacional emitió un reporte expresando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Ecuador como resultado de los recortes de derechos de derechos y la represión estatal.

Entre el 17 al 21 de octubre del 2019, Ecuador recibió a la Misión Internacional de Sociedad Civil de Observación de Derechos Humanos, conformada para constatar las denuncias realizadas en Ecuador por abusos y arbitrariedad de la fuerza pública, así como evaluar las denuncias por recortes de derechos sociales, políticos y civiles.

La Misión estuvo conformada por María Elena Naddeo (Argentina), Haydee Oberreuter (Chile), Lucía Macaggno (Argenitna) y David Peña (México). Se cumplió con una agenda de reuniones y visitas de campo a organizaciones sociales, periodistas, cárceles, organizaciones de derechos humanos nacionales y organismos estatales.

REPORTE DE LA MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR.

Principales conclusiones:

• Las declaraciones de toque de queda y luego de estado de excepción fueron tomadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo generando una situación de mayores niveles de violencia y la profundización del conflicto, a pesar de haber sido validadas por la Corte Constitucional, existe una seria preocupación sobre su Convencionalidad y sobre los efectos perniciosos que contrajeron en la sociedad.
• El discurso del gobierno nacional emitido reiteradamente en las ruedas de prensa alienta un clima persecutorio contra cualquier persona participe de las manifestaciones o que declarara su oposición política al gobierno.  
• A su vez se criminalizaron sin prueba alguna a personas migrantes venezolanos y cubanos la mayoría de los cuales fueron liberados rápidamente, pero alentaron con estas acciones las expresiones de racismo y xenofobia.
• Las comunidades indígenas habían organizado un plan reivindicativo que no fue tenido en cuenta por el Gobierno. El decreto 883 fue a todas luces una decisión inconsulta que movilizó al conjunto de la población ecuatoriana. 
• Identificar la protesta de las comunidades con delitos como rebelión y otras tipificaciones para criminalizar a los participantes en la movilización resulta violatoria del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la movilización pacífica.
• La utilización de fuerzas de choque, con expresiones y actitudes violentas y discriminatorias incluso con expresiones de acoso sexual hacia las mujeres, escandaliza y contraria los procedimientos acordes a los estándares internacionales de utilización democrática del uso de la fuerza. 
• La Policía Nacional participó en el intento de dispersión de los manifestantes con una actitud de ferocidad inusitada, nunca vista por los y las ciudadanas consultados, sin embargo, se desconoce la existencia de procesos de revisión o sanción sobre estos comportamientos.
• El uso del gas pimienta arrojado a los y las manifestantes que se encontraban en quietud sin ningún tipo de acción violenta, las detenciones al voleo y otras acciones de extrema agresividad descritas por las personas apresadas constituyen un accionar violatorio de las normas mínimas de procedimiento en materia de uso de la fuerza. 
• En la mayoría de los testimonios recogidos se señala que, al momento de producirse las detenciones y traslados, el personal policial profirió fuertes insultos a las personas apresadas, con expresiones cargadas de contenidos humillantes e incluso burlándose de las mismas.
• La falta de acceso a la información es un dato reiterado por todos los sujetos entrevistados. En principio y después de varios meses de su firma la ciudadanía no conoce el contenido de la carta de intención firmada por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, en este tema la propia Defensoría del Pueblo presentó un pedido de informes que hasta la fecha no fue contestado. 
• Existe una percepción social de que existe una clara persecución política en contra de integrantes del partido político Revolución Ciudadana en particular, pero de forma general en contra de quienes se han expresado como opositores al gobierno.
• Se identifica la militancia política de carácter opositora con los delitos de rebelión, violentando los derechos personalísimos de libre expresión, libre asociación y manifestación y movilización entre otros.
• De las entrevistas realizadas constatamos las detenciones generalizadas o masivas sin motivo suficiente, lo cual confirma su carácter arbitrario e ilegal.  Este dato ha sido ampliamente confirmado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador quien recoge la estimación de que un 80% de las detenciones realizadas no tenían pruebas ni causales suficientes.
• La misión internacional intentó visitar a la Prefecta Pabón en el lugar de detención, pero la solicitud formulada oficialmente fue rechazada. Constituidos en el centro de inserción social de Latacunga donde se encuentra la prefecta, y después de largas horas de espera, no se logró la entrevista. 
• El anuncio en cadena oficial del presidente Lenin Moreno, demonizando a tres líderes de la oposición y construyendo un enemigo interno al cual encarcelar, violenta también las prácticas habituales en el sistema democrático que consideran la libre expresión de las ideas políticas y el ejercicio ciudadano de la protesta y la movilización como derechos personales y colectivos que deben ser respetados.  
• Sobre la actuación de la Fiscalía General llama la atención el interés personal de la Fiscal General Diana Salazar por estar presente en las audiencias de algunos de los líderes políticos detenidos, sin que se justifique su presencia procesalmente.
• Existe una presunción fundada de que la Fiscalía continuará actuando penalmente en contra de otros líderes sociales, comunitarios, indígenas, políticos así como en contra de activistas y comunicadores como una acción de “represalia” por haber participado en las jornadas de protestas.
• El abuso de la prisión preventiva -que no es exclusivo del Ecuador- se ha convertido en una forma de intimidación adelantada y una medida de control de la oposición.
• La actuación de los tribunales del Poder Judicial durante las jornadas de protestas es de llamar la atención, porque no se condujeron a la altura de las circunstancias y acorde con los estándares interamericanos para asegurar a las personas un recurso judicial adecuado, efectivo y pertinente. Adicionalmente llama la atención la celeridad con la que algunas acusaciones están siendo desahogadas y el riesgo de que las personas puedan ser sentenciadas sin contar con el tiempo suficiente para realizar una adecuada defensa técnica.
• La permanencia de un discurso oficial criminalizante, estigmatizante y xenófobo por parte de distintas autoridades.
• La alta probabilidad de que se sigan presentando acusaciones y detenciones cargadas de una motivación política.