Por Pablo José Ituarralde
Hace pocos días Andrés Arauz denunció irregularidades alrededor de la venta de 7.5 toneladas de oro del Banco Central del Ecuador, o sea un cuarto de las reservas acumuladas durante casi 100 años— no solo fue una operación grande. También fue una jugada que deja muchas señales de alerta. Algunos datos.
El BCE recibió 494 millones de dólares por esta venta. De esa cifra, reportó una utilidad contable de 252,9 illones. El argumento oficial fue que era una «recomposición de activos» para tener más liquidez. Técnicamente eso es cierto: cambiaron oro (activo menos líquido) por dólares (activo inmediato), lo cual fortalece la capacidad del Estado para responder a falta de liquidez, pero ¿de dónde sale esa justificación, si las reservas además están elevadas?
Además, cuando se hizo la venta, el precio del oro estaba en torno a 2.000 dólares por onza. Hoy, marzo de 2025, ese mismo oro vale más de 3.000 dólares por onza. Eso significa que el BCE pierde (un costo de oportunidad) al menos 240 millones de dólares. No es una pérdida directa, pero sí una pérdida de oportunidad que cualquier analista financiero serio tomaría en cuenta. Es decir, vendieron un activo que estaba en plena tendencia alcista y cuyo valor es históricamente sólido.
Lo que más preocupa es la opacidad. No existe información en la página web oficial, ni declaraciones que expliquen cómo se dio la operación y entre qué contrapartes. No sabemos a quién se le vendió, en qué condiciones, ni qué contratos se firmaron. Eso ya genera desconfianza por sí solo. Pero se agrava cuando aparecen nombres como Festil Investments S.A. y Bostel Finance S.A., dos empresas offshore que han sido señaladas por probable vinculción a Noboa.
Estas empresas no están registradas en el SRI. Festil tendría cuentas en el banco panameño Banisi, propiedad del expresidente Guillermo Lasso. Y Noboa ya había sido mencionado en los Pandora Papers como beneficiario de otras estructuras offshore como Lanfranco Holdings y la fundación Briscor. Todo esto no prueba nada por sí solo, pero sí pinta un escenario preocupante: una venta poco transparente, hecha por el Banco Central, que podría haber beneficiado a empresas ligadas directamente al poder político. Se supone que ellos son los que han pedido independencia del Banco Central frente al ejecutivo.
En este contexto vale la pena recordar que durante el gobierno de Rafael Correa también se realizó una operación con las reservas de oro. En 2014-2015, el BCE firmó un contrato de SWAP con Goldman Sachs, en el que entregó cerca de 600.000 onzas de oro a cambio de efectivo. Pero en ese caso no se trató de una venta definitiva, sino de un préstamo con garantía en oro (un swap). El BCE conservaba la propiedad del oro y lo recuperó posteriormente. Es decir, fue una operación financiera temporal para cubrir necesidades de liquidez, no una venta irreversible del patrimonio del país. El contrato fue público y se dio a conocer la contraparte: Goldman Sachs. Sin embargo, aunque los recursos fueron recuperados, la operación fue cuestionada por la banca privada y el FMI, ya que utilizaba las reservas internacionales como colateral para financiar gasto fiscal. Como consecuencia bajo el gobierno de Guillermo Lasso, se aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, conocida también como la, que reformó el Código Orgánico Monetario y Financiero para prohibir expresamente al Banco Central realizar operaciones con colaterales sobre activos de reserva como el oro. Así, se llegó a vender el oro de las reservas por primera vez en el gobierno de Noboa.
De esta manera, ya existen pedidos para que investigue la Asamblea Nacional y la Contraloría. Y es lógico, si esta operación terminó beneficiando a actores privados ligados al gobierno, y además se vendió oro en condiciones desfavorables para el Estado, estamos ante un delito que podría involucrar peculado o tráfico de influencias.
