Un análisis de Latindadd, Equidad Perú, IPC Colombia y CDES Ecuador
La región amazónica está conformada por nueve países latinoamericanos y representa más del 40 % de los bosques tropicales del mundo. Al ser la mayor reserva de biodiversidad y contar con el sistema hídrico más grande del mundo, cumple un rol vital para el planeta por su aporte a la regulación del clima global, la absorción de carbono, la dotación y purificación del agua, entre otros servicios. También alberga a millones de personas que dependen en gran medida de sus bosques, ríos y afluentes, entre ellas centenares de grupos indígenas, incluidos pueblos en aislamiento y grupos afrodescendientes. Todo ello hace de la Amazonía una región de gran diversidad cultural.
Sin embargo, la Amazonía se encuentra en riesgo debido a las altas tasas de deforestación, el avance de las industrias extractivas y los efectos de la crisis climática. Asimismo, en los últimos años se observa una expansión de las economías ilegales en la región, principalmente vinculadas a la minería de metales como el oro, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de fauna silvestre, el contrabando y otras actividades que atentan contra la vida y los derechos. Según datos de Amazon Watch, en la Amazonía operan más de 32 estructuras criminales, distribuidas en el 67 % de los municipios amazónicos, con estructuras jerárquicas, coordinación transfronteriza e infraestructura compartida que incluye rutas, ríos y mercados financieros para el blanqueo de dinero.
Las economías ilegales emergieron en América Latina en la década de 1980, en un contexto caracterizado por serios problemas económicos en la región. Esta situación dio paso a la diversificación de las economías informales y a la expansión de economías criminales e ilegales como alternativas de subsistencia para las economías populares. El crecimiento de las economías ilegales también estuvo relacionado con el ingreso de dólares a la economía como resultado de procesos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
«Las economías ilegales emergieron en América Latina en la década de 1980, en un contexto caracterizado por serios problemas económicos en la región«
Este tipo de economías está teniendo un impacto negativo en la población, particularmente en la vida de las mujeres, tanto en áreas urbanas como rurales. Por ello, con el propósito de contribuir al debate público sobre este tema, a continuación se presenta un análisis de tres países amazónicos: Perú, Colombia y Ecuador. El análisis, elaborado por Latindadd y sus organizaciones miembros —Equidad Perú, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Colombia y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador—, aborda el impacto de las economías ilegales en la vida de las mujeres, con el objetivo de contribuir a que esta problemática sea atendida y enfrentada desde distintos ámbitos.
Perú: mujeres amazónicas frente al avance de las economías ilegales
Rodolfo Mendoza, Equidad Perú
En Perú, se estima que las economías ilegales estarían generando en conjunto alrededor de 12 645 millones de dólares anuales, alrededor del 3 % del PIB del país y del 15 % del presupuesto de la república del 2026. La minería ilegal de oro es la principal actividad económica ilícita, que estaría generando ingresos de alrededor de la mitad de todas estas actividades, le sigue la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas y la tala ilegal, entre las principales[1]. Cabe resaltar el crecimiento imparable de la extorsión en el país en los últimos años, afectando no solo la seguridad pública, sino también la vida política nacional.
En este contexto de expansión de las economías ilegales, de presencia de bandas criminales y de violencia armada, es que vienen proliferando en la Amazonía y sus territorios, redes del crimen organizado que comprometen las estructuras locales de poder y deterioran la calidad de vida de las poblaciones indígenas y locales[2]. Las principales víctimas de estas situaciones son las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, que se vinculan a perjuicios relacionados a la explotación sexual, prostitución, desplazamiento forzado, embarazo adolescente, trabajo informal, explotación laboral, violencia de género, además de amenazas a defensoras indígenas, por la defensa de sus derechos territoriales y el mantenimiento de su filosofía de vida frente a un sistema que quiere usufructuar todo lo que han conservado (T. Rivera, 2025).
Desde nuestro quehacer en territorio amazónico, activistas y líderes locales, nos hacen mención de las situaciones en las que señalan que gente foránea, que se presume de la minería ilegal, llegan a los pueblos y comunidades, captan a las jóvenes, establecen relaciones, las embarazan y luego las abandonan. En otras ocasiones, se instalan bares y cantinas, donde se explotan a las jóvenes, captadas para la prostitución[3]. En investigación realizada sobre economías ilegales, (Equidad, 2024), se recoge importantes testimonios, en territorio wampis. Señalan el incremento de la prostitución por la presencia de gente que se dedica a la minería ilegal; también la presencia de capos de la droga, ahora vinculados a los mineros, así como el incremento del número de dragas[4].
Entre 2020 y junio de 2025, Madre de Dios, región amazónica marcada por la minería ilegal, registró 804 casos ingresados en la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), lo que la posiciona como una de las zonas más afectadas del país fuera de Lima[5] por estas actividades ilegales. Cabe resaltar que la minería ilegal en la Amazonía, originalmente estuvo concentrada en la región de Madre de Dios, en la actualidad se viene expandido a lo largo de 32 ríos y sus afluentes, afectando ya al menos a otras cuatro regiones amazónicas: Loreto, Amazonas, San Martín, y Huánuco[6], lo que implica depredación de bosque, afectación a los ecosistemas, y daños severos a territorios indígenas, y a tierras de la comunidad y de las familias.
«Sin embargo el gran incentivo de esta expansión es el incesante crecimiento del precio del oro, que en los últimos 20 años, ha incrementado en 10 veces su precio«
Sin embargo el gran incentivo de esta expansión es el incesante crecimiento del precio del oro, que en los últimos 20 años, ha incrementado en 10 veces su precio (Macera, 2024). En paralelo, otro facilitador son las escasas oportunidades para los más jóvenes, mujeres y hombres, que enfrentan cotidianamente circunstancias de pobreza, exclusión geográfica, deserción escolar, un mercado laboral restringido y una economía de alta informalidad.
Resulta pertinente señalar que toda estrategia de lucha contra las economías ilegales en Perú, necesita asumir enfoques de género, interculturalidad y de edad, a fin de visibilizar los daños y riesgos a mujeres y niñas, pero tan importante es también, una amplia convocatoria a las mujeres amazónicas, lideresas indígenas, defensoras ambientales, para construir dicha estrategia, teniendo en consideración sus necesidades, sus prácticas de resiliencia y sus aportes para revertir el avance incesante de la gobernanza criminal en la Amazonía.
Ecuador: el costo de sostener la vida frente al avance de la minería ilegal en Napo
Martínez-Acosta, CDES Ecuador
En Napo, la expansión de la minería ilegal opera como una forma de desposesión que reorganiza simultáneamente el territorio, la economía familiar y el poder comunitario. La contaminación de los ríos, la pérdida de medios de subsistencia y la concentración masculina de ingresos y decisiones trasladan hacia las mujeres una parte desproporcionada de los costos de la extracción. Sus cuerpos reciben mayor exposición a los daños ambientales, sus jornadas incorporan cuidados adicionales y su voz pierde peso en las decisiones territoriales. Estos efectos se articulan en tres dimensiones: cuerpo, familia y organización.
Según datos del último censo de población y vivienda en la Amazonía, siete de cada diez mujeres indígenas viven bajo la línea de pobreza por ingresos y cuatro de cada diez en pobreza extrema; más del 60 % de los hogares indígenas carece de agua entubada por red pública (CDES, 2025; INEC, 2022). Las brechas de ingresos, servicios y derechos sobre la tierra reducen la capacidad de respuesta frente a la minería y profundizan la dependencia.
En el cuerpo, la contaminación se vuelve cotidiana a través del trabajo. Cocinar, preparar chicha, lavar, transportar agua y atender las chakras mantienen a las mujeres en contacto con fuentes degradadas. Los testimonios recogidos por CDES reportan afecciones en la piel, preocupación por la salud y disminución de peces aptos para el consumo. El ingreso de actores mineros también incrementa la inseguridad y el riesgo de violencia sexual. La división sexual del trabajo determina quién se expone con mayor frecuencia y quién asume las consecuencias sanitarias (CDES, 2024).
En la familia, la minería externaliza sus costos hacia los hogares. Cada fuente de agua perdida obliga a buscar, transportar y administrar agua segura; cada enfermedad añade horas de atención. Este trabajo sostiene la salud familiar, pero permanece sin remuneración ni reconocimiento. La jornada femenina se amplía y produce pobreza de tiempo al reducir las posibilidades de descansar, formarse, generar ingresos o participar en la organización. La aparente rentabilidad de la extracción descansa sobre trabajo femenino no pagado que absorbe daños y sustituye servicios públicos insuficientes.
«El ingreso de actores mineros también incrementa la inseguridad y el riesgo de violencia sexual. La división sexual del trabajo determina quién se expone con mayor frecuencia y quién asume las consecuencias sanitarias»
La afectación de las chakras, los cultivos de ribera y la pesca erosiona la soberanía alimentaria y la autonomía económica. También desplaza el lavado artesanal en batea que algunas mujeres realizaban para obtener ingresos familiares. Al mismo tiempo, hombres de las comunidades autorizan el ingreso de mineros, venden tierras o administran el dinero sin consultarlas. La desposesión territorial se convierte en desigualdad patrimonial: ellas pierden medios de producción, ingresos propios y capacidad de negociación. El resultado es un doble despojo, del territorio y del poder para decidir sobre su uso.
La tercera dimensión compromete la organización comunitaria y el poder político. La minería fractura acuerdos, debilita normas propias y desplaza a las mujeres de negociaciones cuyos efectos recaen sobre su trabajo y sus cuerpos. La respuesta organizativa transforma el cuidado en acción política. La Dirigencia de la Mujer de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), ha impulsado estudios de contaminación, monitoreo territorial, acciones de salud y agua, campañas de sensibilización e incidencia local, nacional e internacional. También ha promovido alternativas económicas como meliponicultura, turismo comunitario, agroecología, entre otras. Estas acciones disputan el control minero del territorio y fortalecen la capacidad colectiva de las mujeres para intervenir en las decisiones comunitarias (CDES, 2025).
Las demandas de las mujeres responden directamente a estos mecanismos de daño: consulta y consentimiento previo, libre e informado con participación efectiva de las mujeres; zonas de exclusión frente a actividades extractivas; agua segura, salud intercultural, reparación de áreas afectadas y revitalización de las chakras. También exigen protección para las defensoras, fortalecimiento de la gobernanza propia y financiamiento directo para economías comunitarias vinculadas con el bosque y la soberanía alimentaria (CDES, 2024, 2025).
Una transformación estructural requiere redistribuir los costos de sostener la vida. El Estado debe garantizar agua segura, salud intercultural, alimentación, protección social y sistemas comunitarios de cuidado con financiamiento permanente. El trabajo realizado en hogares y territorios debe reconocerse en los presupuestos públicos. Redistribuir los cuidados entre el Estado, las comunidades, las familias y los hombres devolvería a las mujeres tiempo, autonomía y participación.
También debe redistribuirse la base material del poder: tierra, ingresos, financiamiento y autoridad. Las mujeres requieren derechos efectivos sobre la tierra, participación vinculante y acceso directo a recursos para sus organizaciones y economías comunitarias. La recuperación debe medirse por la calidad del agua, la salud, el tiempo disponible, los ingresos propios, la soberanía alimentaria y la autoridad colectiva.
La relación entre cuerpo, familia y organización muestra que la minería ilegal opera como una economía de desposesión con efectos de género: se apropia de la naturaleza, del tiempo no remunerado, de los medios de vida y de la autoridad política de las mujeres. La respuesta debe restaurar los ecosistemas, redistribuir cuidados y recursos, y garantizar el poder colectivo de las mujeres sobre sus territorios.
Colombia: el control de los territorios también pasa por el cuerpo de las mujeres
Andrés Arredondo investigador y socio del Instituto Popular de Capacitación – IPC
Las mujeres, desde su articulación a espacios y procesos comunitarios, son protagonistas de múltiples iniciativas que suelen enmarcarse en la economía popular. Estas expresiones mantienen como características principales la creación de lazos de solidaridad entre las propias mujeres y en su entorno comunitario; además se definen como correlato de los paradigmas tradicionales de la economía en cuanto a no centrar sus objetivos sólo en la consecución de ganancias económicas, oponerse a la explotación laboral en cualquiera de sus formas, proponer la reinterpretación y uso alternativo de los espacios públicos y fomentar una mentalidad asociativa en la que “el eslabón más débil sea la definición de la fortaleza de la cadena de afectos y compartires del colectivo”[1]
En un entorno cautivo (Arredondo et, al. 2019) por las dinámicas criminales, las mujeres de los ámbitos rural y urbano de Colombia, tanto las que desarrollan acciones desde las economías populares como las que no lo hacen, deben afrontar diversas y profundas formas de afectación a sus derechos, pues el pacto patriarcal (González, 2025) somete sistemáticamente su identidad y pertenencia de género a formas de instrumentalización funcionales a los propósitos criminales y al mismo tiempo vulnera su lugar pues los cuerpos de las mujeres aparecen como extensión del territorio en disputa (Hernández y Bayón, 2020), no solo desde el conflicto armado interno, sino desde las propias articulaciones y desarrollos de las prácticas criminales.
Ahora bien, dicha instrumentalización de las mujeres por parte de la criminalidad se presenta a partir de dos facetas o caras que se contraponen. Por un lado, se encuentran las formas más literales y violentas, como el reclutamiento forzado, el abuso físico-sexual y psicológico-afectivo o el sometimiento bajo formas bien establecidas de violencia, que suelen crear en la víctima una situación de dependencia y sometimiento, más parecida a la esclavitud.
La otra cara es más sutil, pero tal vez más abrasiva y dañina de la realidad social, esto es, sus efectos no solo se expresan en las garantías para la vida y libre expresión de las mujeres, sino en el escenario total de la vida en comunidad. Se trata de la cooptación de las voluntades de las mujeres, haciendo que las víctimas asuman que no lo son, o que son ellas mismas las causantes de la victimización.
Este fenómeno se complejiza en entornos de criminalidad que el Instituto Popular de Capacitación ha analizado a partir de diversos estudios y que presentan la particularidad de un evidente amalgamamiento (IPC, 2018, 2019, 2021) de lo legal y lo ilegal. Las prácticas criminales de largo aliento en los territorios crean una “escuela de criminalidad” que les procura un capital simbólico (Bedoya, 2025) que facilita formas de gobernanza aplicables a todas las facetas de la vida. Es allí donde se reproducen problemáticas en el ser y el hacer de las mujeres que van desde limitaciones o condicionamientos a las formas de organizarse y participar públicamente, la proscripción al derecho a la autonomía económica, la aceptación bajo coerción de relaciones sentimentales asimétricas y denigrantes, hasta la imposición de modas y formas de vestir.
«Las prácticas criminales de largo aliento en los territorios crean una “escuela de criminalidad” que les procura un capital simbólico que facilita formas de gobernanza aplicables a todas las facetas de la vida«
Es así como, tanto en el campo como la ciudad, aunque con particularidades que no deben ignorarse, las estructuras criminales perpetran numerosas modalidades de afectaciones y victimización a las mujeres. En entornos rurales donde se presenta el fenómeno de la minería y otras economías extractivista “La explotación de los recursos naturales está profundamente relacionada con la explotación y modificación de los cuerpos de las mujeres, sea por las relaciones sexoafectivas violentas que emergen en estos territorios o por procesos de “despojo tóxico” (Camacho, 2017; Hurtado & Vélez Torres, 2020) generados por las cadenas de valor del oro y de la coca, los cuales dejan huellas de violencia económica, social y sexual en sus cuerpos”. (Mendoza et al, 2024).
De forma paralela, en entornos urbanos, la cooptación de los territorios por parte de la criminalidad exhibe su propio arsenal de estrategias de control y conquista violenta del cuerpo de las mujeres como extensión de aquella acción sobre la geografía en la que se instalan, buscando con ello diversas modalidades de “drenaje” (Bedoya, 2021) de recursos tanto en activos monetarios como en bienes y servicios que apuntalan determinadas formas de ejercer poder.
Vale anotar que este hecho ha generado una especie de disputa por las subjetividades del “ser mujer” donde con frecuencia se instalan lógicas del “ser bella” que configuran todo un mercado de lo estético imponiendo estereotipos de mujeres voluptuosas, jóvenes y sumisas como parámetro de lo deseable socialmente y que para Medellín se ha convertido en una industria, particularmente representado en centros médicos, de estética, odontología, implantología, entre otros.
