Austeridad fiscal y pandemia afectan la pobreza, los derechos y el cuidado
El Covid-19, las medidas para contenerla y sus efectos sociales y económicos golpean más fuerte a las mujeres y a las economías de cuidado y la vida. Esto ha generado un retroceso de una década en los logros alcanzados para reducir la pobreza y la extrema pobreza. Actualmente, seis millones de ecuatorianos y ecuatorianos viven en condiciones de pobreza, y de este grupo casi tres millones sufren extrema pobreza.
Las mujeres reciben la peor parte de la crisis con la disminución de los servicios públicos que contribuyen a igualar la corresponsabilidad de la carga del trabajo delegado tradicionalmente a las mujeres; así como con políticas laborales que ahondan los efectos discriminatorios del mercado laboral.
En el actual contexto de crisis se ha profundizado la sobrerrepresentación femenina en los quintiles más pobres y en los sectores de la economía más vulnerables caracterizados por la alta informalidad y desempleo, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación. Hoy, en relación a los hombres, un 15% menos de mujeres acceden a un empleo adecuado, y la brecha salarial es del 20% por el mismo trabajo remunerado. Así mismo, la pandemia incrementó los quehaceres de cuidado y salud, donde las mujeres dedican 32 horas a la semana en el trabajo no remunerado del hogar, mientras los hombres dedican 9 horas.
El deterioro generalizado de las condiciones de vida está generando alarmantes retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos; y en el derecho a una vida libre de violencia, con graves consecuencias para las niñas y mujeres. Así, el Ecuador ocupa el tercer lugar con las tasas más altas de embarazo infantil y adolescente en América Latina, a diario 180 adolescentes conciben todos los días. También a diario en el país, siete niñas se convierten en madres producto de una violación sexual. Solamente en el 2021 se han reportado 20 femicidios y un pico en el número de delitos sexuales y de agresión física.
CDES considera que este es el resultado de las medidas políticas tomadas hasta el momento para enfrentar la pandemia. Las políticas publicas del período de austeridad, no han demostrado que cumplen los principios de no discriminación, proporcionalidad y razonabilidad.
Hacemos un llamado a reconocer la urgencia de cambiar las respuestas estatales y garantizar una agenda de derechos efectivos que permita poner de pie y reparar a las mujeres, atendiendo las múltiples desigualdades exacerbadas por la crisis.
Son prioritarias políticas públicas específicas para atender la combinación de desventajas estructurales resultado del contexto social y económico, particularmente para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, rurales, niñas y mujeres de la tercera edad.
Creemos que, para la progresividad de los derechos de toda la población, es necesario la recuperación general de las condiciones materiales de vida, el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres y políticas públicas decididas para atender las economías del cuidado.
Demandamos fortalecer políticas con un enfoque multidisciplinario para impulsar con decisión una reforma tributaria, laboral e institucional coherente con la necesidad de garantizar los derechos humanos. Los derechos de las mujeres se verán especialmente golpeados si en el actual contexto no se toman medidas para garantizar el acceso a la salud universal, ingresos familiares decentes y una robusta política de derechos de género, sexuales y reproductivos.
Estamos convencidas que cuando mejoran los derechos de la población menos favorecida, mejoran los derechos de todos y todas.
CDES, 8 de marzo 2021.
