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Este 25 de noviembre hacemos un llamado al Gobierno para que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia

Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, reiteramos nuestro compromiso para trabajar por los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes y mujeres, a través del fortalecimiento y alianzas con organizaciones de mujeres de base y de la sociedad civil y feministas ;y llamamos al Estado ecuatoriano a cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para lo que debe disponer de una adecuada y suficiente política pública, normativa y presupuesto fiscal.

El incremento sistemático de la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional, ahondada por la crisis del Covid-19, ha ocasionado que la tasa de femicidios en el Ecuador vaya en aumento.El ECU911 reportóuna llamada cada cinco minutos durante los meses de abril a junio del 2020;las organizaciones de la sociedad civil reportaron118 femicidios en el 2020 , y desde el1 de enero hasta el 15 de noviembre del presente año se registran 172 femicidios .

Estas alarmantes cifras son una muestra de la insuficiente acción del Estado, que desde el 2019 mantiene una política de recorte a los presupuestos destinados para combatir la violencia contra las mujeres y prevenir el embarazo adolescente, este recorte también se reflejó en la precarización del Servicio de Protección Integral (SPI), cuyo personal fue reducido a la mitad, eliminando la atención en 46 puntos en el país que apoyaban a las víctimas de violencia de género con atención psicológica, social y legal.

Estas preocupaciones también fueron recogidas en el llamado de atención al Ecuador señalado por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) en sus observaciones finales, emitidas el pasado 9 de noviembre, sobre todo lo que correspondencia a la Observación General 21 sobre “Violencia basada en género”.

La violencia contra las mujeres no sólo genera daños irreparables a nivel físico, psicológico y emocional, sino que son un obstáculo para su empoderamiento económico.En Ecuador, la violencia en contra de las mujeres representa una pérdida de $ 243 millones de dólares anuales a las microempresarias, mientras que las medianas y grandes empresas pierden $ 1800 millones anuales.

Es especialmente grave el impacto que ha tenido la política de austeridad fiscal y la política de desregularización laboral en las mujeres y, particularmente, en las mujeres indígenas y de sectores rurales. Las desigualdades son importantes, así, para 2021: mientras el empleo adecuado para los hombres alcanza 38,7, para las mujeres es 26,5; mientras el empleo adecuado para la población blanca es 45,4, para la población indígena es apenas 13,9.

Desde el Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES, denunciamos que el impacto desproporcionado que ha tenido el programa de ajuste fiscal en las mujeres tiene un efecto perjudicial en los ámbitos de su vida, sobre todo en la prevalencia de la violencia de género contra la mujer, incluida la violencia doméstica, y la feminización de la pobreza;por lo que instamos al Gobierno Nacional a que atienda con especial énfasis a las últimas observaciones realizadas por el Comité de la CEDAW.

Finalmente, demandamos que el Gobierno aborde de manera urgente el repunte de violencia contra las mujeres en el país y enfrentar este problema asignando recursos económicos suficientes y específicos junto con una amplia participación de la ciudadanía.

CENTRO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES – CDES

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