De los 18 casos denunciados por organizaciones latinoamericanas ante la ONU, ocho corresponden a Ecuador
Durante las últimas dos décadas, la República Popular China se ha posicionado en latinoamérica como uno de los principales financistas, alcanzando los US$ 113.6 mil millones de inversión directa acumulada hasta el 2017. En países como Bolivia, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador son 18 los proyectos de inversiones chinas que con sus operaciones han afectado derechos humanos, ambientales y laborales, siendo el último, el país con mayores casos registrados.
China se ha convertido en el primer prestamista y contratista del Ecuador. Desde la llegada del primer préstamo chino en el 2009, los montos del financiamientos han alcanzado USD 17.490 millones, superiores a los préstamos de otros bancos multilaterales juntos: USD 10.165 millones. Los sectores en los que China ha priorizado su inversión son en hidrocarburo, minero, infraestructura, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Esta estrecha vinculación ha generado que Ecuador desarrolle relaciones de dependencia con China y se muestre contemplativo frente a los impactos socioambientales y conflictos de gran intensidad ocasionados por sus empresas.
De acuerdo al informe regional del CICDHA sobre el impacto de las inversiones chinas en América Latina, ocho proyectos vienen vulnerando derechos civiles, económicos y sociales en Ecuador, estas inversiones se dan en el sector minería, petróleo e hidroeléctricas, en minería están los proyectos mineros, como: Mirador, San Carlos-Panantza y Río Blanco; a nivel de petrolero: Bloques 79 y 83, 62, 14 y 17; y finalmente, las obras de infraestructura energética: proyecto Múltiple Chone Fase 1-Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, Coca Codo Sinclair y Toachi Pilatón. De los ocho proyectos, seis ocupan áreas protegidas, en seis se vulneran derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas; en dos casos hubo desplazamiento o desalojo forzoso de comunidades enteras, y hay vulneración recurrente del derecho a la consulta previa, libre e informada, así como, la criminalización de la protesta social de un gran número de líderes y lideresas indígenas.
El Proyecto Miradorestá a cargo de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), operadora del consorcio chino Railway Construction Corportation Limited CRCC y Tonglin Nonferrous Investment Co. Ltd. Esta empresa suscribió el contrato de operación en 2012, el cual compromete la explotación de materiales mineros en un plazo aproximado de 25 años. El proyecto está ubicado en la Cordillera del Cóndor (9.928 hectáreas), lugar que alberga a más de 220 especies por hectárea.
En el reporte de la Organización Indígena CASCOMI argumenta que el proyecto vulnera derechos de 29 comunidades, dado que en ningún momento se realizó un proceso de consulta previa ni ambiental; así mismo, se han hecho denuncias sobre las medidas ejercidas sobre las poblaciones indígenas y campesinas para ocupar sus tierras, hubo desalojos violentos, manipulación de los precios de las tierras y destrucción de espacios comunales. El derecho a vivir en un ambiente sano también se ha visto vulnerado, la principal preocupación en torno a este tema es el impacto generado en los 227 nacederos de agua que están dentro de los límites de influencia de la explotación minera. A todo esto se le suma las denuncias recibidas por parte de los trabajadores, quienes han recibido maltratos, despidos ilegales y accidentes laborales.
Luis Sánchez, miembro de la Comunidad CASCOMI de la Amazonía Sur de la Cordillera del Cóndor de Ecuador señaló ante los miembros de ONU en Ginebra, que: “Este proyecto tiene previsto extraer 60 mil toneladas, a través de extracción de cobre a cielo abierto. La empresa ingresó de manera violenta, persiguiendo a muchos líderes defensores. En el 2014 se inició sus actividades despojando a la gente, destruyendo la Iglesia y espacios comunitarios; luego en el 2015 despojó a 32 familias de manera violenta, les dieron cinco minutos a los trabajadores, y los 300 policías luego intervinieron para destruir las viviendas y llevarse sus pertenencias. En el 2016 hubo otros desalojos a otras familias, allí fue asesinado José Tendetza, líder indígena Shuar, por defender los derechos de su pueblo y de su territorio, es un caso que se encuentra todavía en la impunidad”.
El Proyecto San Carlos Panantzaestá a cargo de la empresa china Explorcobres S.A (EXSA), que pertenece al mismo consorcio chino. Al igual que Mirador, el proyecto desalojó forzosamente a comunidades del Pueblo Shuar Arutam en 2016, aproximadamente dos mil militares y policías ocuparon el territorio de este pueblo indígena y despojó a ocho familias de sus hogares. Así mismo, tres centros Shuar: Tsuntsuim, San Pedro y Kutukus, sufrieron el impacto de la ocupación militar de sus territorios, porque se convirtieron en comunidades de acogida de los desplazados y afrontaron una crisis humanitaria expresada en la falta de alimentos y la proliferación e enfermedades infecto contagiosas.
Sofía Jarrín, investigadora del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), comenta que además de los desalojos forzosos se produjo la criminalización de muchos líderes “en el Proyecto San Carlos Panantza también hubo desalojos forzosos de la comunidad Nankints. Se militarizó el territorio y se criminalizaron a los líderes del Pueblo Shuar Arutam y de organizaciones de la región amazónica que respaldaron la denuncia de estos acontecimientos”.
La explotación petrolera en los Bloques 79 y 83está a cargo de la empresa Andes Petroleum, desde el 2014. Ambos bloques se encuentran en la provincia ecuatoriana de Pastaza, en el sur oriente amazónico. Respecto al Bloque 79, son 6 mil 700 hectáreas del territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku se verian afectadas por la explotación. Pero sobre todo preocupa la reincidencia del Estado ecuatoriano, frente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictaminó la no repetición de las violaciones cometidas en el caso Sarayaku y la prohibición de realizar nuevas exploraciones petroleras en ese espacio. Además, las Naciones Sápara y Shiwiar (559 y 697 personas, respectivamente) están en mayor riesgo, debido a que sus pequeñas poblaciones se encuentran en una situación de posible extinción. “El pueblo Sápara ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad porque apenas existen 559 personas y están desapareciendo, y con ello desaparece también su dialecto”, señala Jarrín.
El Proyecto Río Blanco, ubicado en la provincia del Azuay, es operado por la empresa Ecuagoldmining South America S.A., filial de la china Junefield Mineral Resourses Holdings Limited. El Estudio de Impacto Ambiental de Río Blanco no cumplió con los estándares nacionales al incumplir con la realización del proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y a la consulta ambiental establecidas en los artículos 57 y 398 de la Constitución ecuatoriana, razón por la cual en el 2018, el juez civil de Cuenca ordenó la suspensión de la explotación. La empresa que se encarga de las operaciones en Río Blanco actualmente es responsable de la contaminación y desecamiento de las fuentes de agua y relleno de humedales que afectan a la producción agrícola y ecosistemas.
El siguiente proyecto se trata de la explotación petrolera de losBloques 14, 17 y 62. Estos son operados por Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental S.A. Ambas empresas son filiales de las estatales China National Petroleum Corporation y la China Petrochemical Corporation. El Bloque 14está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, junto al Bloque 17. Jarrín, menciona que en dichos bloques “habitan dos pueblos en aislamiento voluntario los Taromenane y Tagaeri, cuya existencia también se ve amenazada”. El Bloque 62está ubicado en la Reserva de Producción Faunísitca Cuyabeno, donde se encuentran los territorios indígenas de los Siona y Secoyas. Las comunidades afectadas han denunciado problemas de contaminación en el agua, los suelos, el aire, así como también la deforestación y la reducción de la biodiversidad.
El Proyecto propósito Múltiple Chone Fase 1-Presa Río Grande y Desaguadero San Antonioestá ubicado en la provincia de Manabí. Fue construido por el consorcio chino Tiesiju Manabí y Tiesiju Civil Engineering Group Co. Las consecuencias que trajo consigo la represa fueron la inundación de los suelos agrícolas. Por su parte, el proyecto propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclairpertenece a la empresa china Sinohydro Corporation y está ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos. Los problemas que se han detectado en este proyecto son principalmente de salubridad y seguridad laboral. En diciembre de 2014, un derrumbe ocasionó la muerte de 14 trabajadores y 12 quedaron heridos. Inicialmente los juzgados le atribuyeron a la empresa un posible caso de homicidio culposo, aunque finalmente el hecho fue considerado tragedia natural.
Finalmente, el proyecto propósito eléctrico Toachi Pilatónse encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Está a cargo de la empresa China International Water Electric. En este caso se han denunciado principalmente problemas laborales en torno a despidos y pagos muy bajos por utilidades. Además, se presentó la denuncia de la imposibilidad de organización en sindicatos, bajo el temor a ser despedidos.
Estos ocho casos descritos han sido presentados ante la ONU en el Informe “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, y se verá el próximo 6 de noviembre en el Examen Periódico Universal (EPU) de China. Este informe contiene la investigación de un total de 18 consorcios operando en latinoamérica, que “demuestran que las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas constituyen un patrón de comportamiento recurrente de irrespeto a los derechos fundamentales”, como lo sostiene el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual estuvo a cargo junto con la FIDH, de la elaboración del informe constituido por 21 organizaciones de la Sociedad Civil de los países afectados.
