Angela Davis dijo alguna vez, “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. ¿Pero qué tiene que ver esta icónica frase con la despenalización del aborto? Esta idea se refiere principalmente al objetivo de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero cobra importancia en la lucha por la despenalización del aborto, porque esta restricción se da en un contexto de desigualdad y violencia contra las mujeres.  De hecho, la penalización del aborto, además de ser un dispositivo de control sobre los cuerpos y la sexualidad, es una causa fundamental en la profundización de esa desigualdad y violencia de la que son víctimas las mujeres.

Los datos que evidencian las desigualdades de las que son víctimas las mujeres abundan. El empobrecimiento, el desempleo, el poco acceso a empleo adecuado, las brechas salariales, la discriminación horizontal y vertical, las incontables horas de trabajo no remunerado, la discriminada obligación a las actividades de cuidado y las limitaciones que sufren las mujeres en el sistema educativo se evidencian en todas las cifras oficiales publicadas por el INEC en la ENEMDU y la ENVIGMU. La cuestión relevante es que la principal causa de esas desigualdades está relacionada al rol de la maternidad como imposición social y a la penalización del aborto. Esto se explica en las 346 mil mujeres que abandonaron sus estudios por maternidad o embarazo, en las 665 mil mujeres que no pueden estudiar por ayudar en los quehaceres del hogar, en las casi 3 millones de mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 años, en las 1.1 millón de mujeres que sufrieron discriminación laboral como consecuencia de embarazo o maternidad, en las 625 mil mujeres que se casaron o unieron antes de los 15 años y en las 520 mil mujeres a las que se les ha pedido una prueba de embarazo para acceder a un trabajo.

Así mismo, además de todas estas restricciones a los derechos y libertades de las mujeres, existe un importante contexto de violencia en el que juega parte la penalización del aborto. En un país en el que el 64.9% de las mujeres ha sufrido violencia solo por el hecho de ser mujer, donde el 89.9% de las mujeres no puede denunciar un acto de violencia, donde solo el 21,8% de los casos que se denuncian son judicializados, donde casi 3 millones de mujeres han sido víctimas de violencia sexual, donde 1 de cada 10 mujeres ha sido violada (en la mitad de los casos por sus parejas), también se violenta a las mujeres solamente por el hecho de poder ser madres. Siendo así como en el Ecuador, el 41.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia obstétrica.

En el Ecuador, además de esa violencia que sufren solo por el hecho de ser mujeres y tener la capacidad de poder tener hijos, el Estado también les violenta por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas o les prohíbe decidir sobre ello. Tanto así que entre el 2009 y 2019, 24 mil niñas menores de 14 años fueron obligadas a dar a luz como producto de una violación. Al mismo tiempo, en el Ecuador 150 mil mujeres tuvieron un aborto como consecuencia directa de una forma de violencia, y cuya violencia no es denunciada ni perseguida por la justicia.

El 20.2% de mujeres ha tenido un aborto, e independientemente de que sea inducido o no, están expuestas a violencia por el hecho de que el aborto es penalizado, tanto así que al 32.9% de las mujeres que tuvieron un aborto se les negó tratamiento para el dolor, se les negó información, se les interrogó, amenazó, culpabilizó o denunció. Y eso ocurre en un contexto en el que 13.8% de las mujeres no pueden decidir si usar o no métodos anticonceptivos porque quien decide es su pareja o los familiares de su pareja.

En el Ecuador el aborto no especificado, que es el aborto inducido e inseguro que termina de ser tratado en los hospitales, ha sido la principal causa de morbilidad femenina durante muchos años, y durante el 2007 al 2019 ha habido en promedio 165 mil casos cada año, lo cual en promedio es 45 abortos inseguros cada día. El problema es de tal magnitud que durante el mismo periodo ha habido 67 muertes de mujeres como consecuencia de mantener penalizado el aborto y cuyas muertes son responsabilidad del Estado que mantiene esta restricción.

Resulta evidente que además de los problemas de salud, la desigualdad y la violencia que genera la penalización del aborto, generan costos para el Estado y la economía.  El 84% de los abortos inseguros terminan siendo atendidos en el sistema de salud público y los casos judicializados traen costos en el sistema legal, sin contar con que la muerte de cada mujer tiene un costo social en la economía. Este último costo, no es un inútil y vacío análisis sobre el valor de la vida de las mujeres que fallecieron; este costo no implica, en lo absoluto, el valor incuantificable de la pérdida, pero sí es un costo material efectivo, consecuencia de la penalización del aborto.

Por todo esto, mantener la penalización del aborto le costó al Ecuador 39 millones de dólares del 2014 al 2019. Esto es 6.5 millones cada año, un 0.23% de lo que gasta el Estado en salud anualmente. Y sin embargo, la provisión de un aborto legal, seguro y gratuito por parte del Estado en todos estos casos le habría costado únicamente 2.7% de ese gasto.

El estado no solo ha sido ineficiente e ineficaz en la reducción de esa violencia, también es el causante de la misma. Mantener la penalización del aborto es solo otra forma de reproducir esa violencia, porque bajo las estructuras de poder y dominación que ejerce, la despenalización del aborto significa la contradicción a las estructuras del mandato social sobre la maternidad, el manejo de la sexualidad, la ética y la moral femenina.

La posibilidad de que la penalización del aborto limite derechos (humanos, sexuales, reproductivos, a la salud, a la autodeterminación, a la vida, a la no discriminación y a la integridad de las mujeres); la posibilidad de que cause un solo fallecimiento, que cause dolor, miedo a la muerte y al encarcelamiento, riesgo para la vida y salud de la mujer, estigmatización, maltrato y la posible exposición a la perpetuidad de la pobreza de las mujeres más empobrecidas debería ser razones suficientes para evaluar de manera urgente su despenalización, por sobre cualquier costo que esto pueda implicar. El 28 de septiembre se conmemora la lucha por la despenalización del aborto. Esta lucha seguirá presente hasta que las mujeres puedan conquistar su derecho a la libertad sobre su capacidad de decidir, de ser y hacer.

 

Pablo Gómez
Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Militante de la organización De Base.

 

Fuente:
Implicaciones socioeconómicas y costos económicos de la penalización del aborto en el Ecuador (2014 –2019) http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/19048