A continuación presentamos una selección de párrafos del informe de ONU sobre Derechos Humanos en las protestas sociales de octubre en Ecuador (ver todo aquí):
» (…) El equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción. Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes.
Si bien la Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, hizo hincapié en la importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves.
(…) Bachelet pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.
Otro patrón inquietante fue el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias. Durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos. Las víctimas y los testigos declararon al equipo que durante los arrestos les habían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, hay denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso: los detenidos fueron incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados y el acceso a sus abogados fue demorado u obstruido. Según los datos proporcionados por el Gobierno y la Fiscalía, el 80% de los detenidos fue puesto en libertad posteriormente, la mayoría de ellos libres de cargos. Al 20% restante se le imputó cargos que van desde infracciones, agresiones y asociación ilícita hasta acusaciones de terrorismo. Según las autoridades, este último cargo se imputó a al menos 30 personas acusadas de incendiar el edificio de la Controladoría General del Estado.
(…) En cuanto a las causas de la crisis, la Oficina de la Alta Comisionada recomienda al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque esta sea implementada **. Dicha estrategia de participación debería extenderse a las propuestas sobre medidas económicas y fiscales -incluidas las medidas de austeridad- yespecialmente en relación con los grupos de población que puedan verse más afectados. Además, debería sería coherente con la opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que recomendó a Ecuador velar por que cualquier decisión económica que afecte a la población se adopte de manera transparente y en consulta con los grupos afectados. ***
La histórica y persistente discriminación contra los pueblos indígenas también debería ser objeto de preocupación y prioridad para el Gobierno. La Alta Comisionada instó a las autoridades a que se esfuercen en definir medidas eficaces que aborden este problema, y reconozcan que constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales.
“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró Bachelet. “Es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica”. (…)»
