Mayo 2023
El reciente canje parcial de deuda que involucra las reservas marinas de Galápagos en Ecuador, se intenta posicionar, tanto por el gobierno de ese país como por las entidades financieras que participaron, como un caso ejemplar de movilización de fondos nuevos y adicionales para la conservación, pero en realidad está muy lejos de serlo. Este pronunciamiento representa la posición conjunta de organizaciones nacionales, regionales y globales que trabajan temas de deuda y justicia climática en base a las implicaciones negativas observadas sobre la soberanía, la transparencia y la integridad de esta operación.
El pasado 9 de mayo de 2023, el gobierno ecuatoriano anunció con bombos y platillos el canje de deuda por conservación de la naturaleza más grande del mundo y el más importante en la historia de la humanidad, con el cual se generaría un ahorro de 1.100 millones de dólares en su deuda, liberando un monto de 450 millones para la protección de las Islas Galápagos. Sin embargo, un análisis más detallado nos muestra que no sería tan beneficioso para el país sudamericano. En primer lugar, la intervención de diversos intermediarios del sector privado, muchos de ellos ligados al sector financiero – a los que se suman el BID y la Corporación Financiera de Desarrollo de los EE.UU.- da cuenta de la captura de estos mecanismos de conversión de deuda como una más de las opciones de financiarización del desarrollo y la naturaleza, por parte de estos actores, que representa además altos costos de transacción para el país.
En segundo lugar, la transacción involucra una serie de operaciones de emisión de bonos, recompra, garantías y seguros, bajo condiciones que no son del todo transparentes y que ponen en tela de juicio quién es el verdadero beneficiario y si realmente se cumplirán los objetivos ambientales trazados.
Tercero, las decisiones sobre el uso de los recursos se dará en el ámbito de una entidad privada creada extraterritorialmente bajo el poder de decisión de actores privados (la junta del fondo Galápagos Life Fund tiene 11 miembros, de los cuales 6 son del ámbito privado y 5 del gobierno ecuatoriano) afectando el ejercicio de la soberanía del país sobre esta importante reserva natural.
En suma, la transacción financiera realizada exhibe problemas de falta de integridad, transparencia y socava la soberanía de Ecuador sobre la sostenibilidad fiscal y la protección de la biodiversidad. Adicionalmente, el acuerdo de Galápagos no facilita fondos suficientes para la conservación de las reservas marinas identificadas y no implica una reducción significativa de la deuda.
El uso de un plan de canje de deuda mal diseñado puede implicar riesgos y desafíos significativos para países del sur global, limitando su soberanía y evitando soluciones más integrales, justas y a gran escala ante sus problemas de deuda.
Se identificó que el canje de deuda por naturaleza de Galápagos presenta los siguientes desafíos y riesgos:
1. La reducción del valor nominal de la deuda producto del canje es insuficiente para resolver la crisis de la deuda en Ecuador.
2. Los fondos liberados dejan un déficit para satisfacer las necesidades de financiamiento para la conservación de Galápagos.
3. El canje asocia condicionalidad, socavando la participación ciudadana y la apropiación democrática.
4. No crea recursos financieros nuevos y adicionales.
5. Implica altos costos de transacción, beneficiando a un pequeño grupo de empresas privadas y varias características de lavado verde.
6. Se ha negociado sin brindar información transparente y oportuna a la ciudadanía, incumpliendo procedimientos sobre debida diligencia en materia ambiental.
7. Otorga a un minúsculo y privilegiado grupo de empresas privadas extranjeras el derecho a decidir sobre cómo administrar un área de conservación prístina e importante como Galápagos, socavando el derecho soberano y la obligación del gobierno ecuatoriano, tanto a nivel central como local.
8. Desvía la atención de las soluciones que Ecuador necesita con urgencia dada su vulnerabilidad a los riesgos climáticos físicos y de transición.
9. Sostiene el desequilibrio de poder en la arquitectura de deuda actual, donde los países prestatarios en riesgo están subordinados a los intereses de los acreedores privados.
Ante un posible uso más frecuente de estos mecanismos en los canjes de deuda por naturaleza, exhortamos a las instituciones financieras internacionales, bancos regionales, países acreedores y prestatarios a basarlos en los pilares de transparencia, soberanía y equidad, donde se priorice el interés público por sobre el privado, en un marco de responsabilidad histórica de aquellos que tienen el dominio financiero y son los mayores depredadores de la naturaleza.
Las autoridades de control y supervisión ecuatorianas deben fiscalizar ésta y demás transacciones que involucren recursos del Estado, de modo que los esfuerzos estén dirigidos a garantizar una debida conservación de la naturaleza y una transición justa hacia una economía climáticamente resiliente y sostenible, renovando el pacto social del Ecuador en base a un modelo de desarrollo sostenible.
Más allá de los procesos a pequeña escala de canjes de deuda por naturaleza, nuestra atención y acción deben centrarse en lo que realmente se necesita para abordar la deuda y las crisis climáticas: una nueva arquitectura financiera internacional que considere la cancelación/reestructuración de la deuda a gran escala con participación de todos los acreedores, un consenso renovado sobre la responsabilidad de los acreedores y deudores, y ampliar significativamente el financiamiento climático público nuevo, adicional, sin condiciones y basado en donaciones.
Elaborado por: Latindadd, Eurodad, CDES Ecuador
