Ecuatorianos exponen afectaciones al acceso a medicamentos, economía campesina y microempresas por Acuerdo Comercial con la Unión Europea
Bélgica parlamento Walon Tiempo lectura apr: 10min
27 de febrero del 2017
En cita informativa con delegados de bloques políticos de la UE que integran el parlamento de Walonia Bélgica, M. Hottat y M Jorgensen representante de asuntos extranjeros de Bélgica y jefe de la unidad para América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea respectivamente, presentaron la situación actual de la aplicación del Tratado de Libre Comercio negociado entre la UE con Colombia y Perú y al cual el Ecuador se adhirió a finales del 2016.
Iniciaron la socialización de sus gestiones ante las situaciones que ha generado el TLC UE explicando que las organizaciones de Perú han presentado una queja por las afectaciones a los derechos humanos, al medio ambiente y a los objetivos de desarrollo sustentable derivadas de la aplicación del TLC. Y que, la Comisión, en respuesta a esta queja, prepara una investigación integral del acuerdo y un cronograma de trabajo con los gobiernos y los actores sociales.
Integrantes del parlamento, expresaron a los responsables su preocupación al conocer que según un informe de observadores especiales de la UE a Colombia, la aplicación de los TLCs es parte del aumento de asesinatos a dirigentes de sindicatos, de comunas campesinas y de territorios indígenas.
También los parlamentarios demandaron saber cómo se va a responder a las organizaciones sociales de Perú que han presentado una queja por las afectaciones que suscita el TLC con la UE que ya está en aplicación, aunque todavía no ha sido ratificado por todos los países contrapartes.
Los responsables comerciales de la UE, respondieron que se tratará la queja presentada y que se elaborará una investigación integral de cada capítulo del TLC, y que para evitar un proceso de renegociación se aplicarán 15 acciones de diálogo y trabajo con todos los actores sociales de Colombia, Perú y Ecuador para buscar compromisos reales agregando clausulas y mecanismos específicos de respeto a los derechos laborales, lucha contra la corrupción, apoyo para el logro de objetivos de desarrollo sustentable, entre otros.
El parlamento, instó a los negociadores, a resolver la falencia de que en el Acuerdo no existe al momento ni incentivos para diversificación económica, ni protección de los ecosistemas en el marco de la lucha común contra al cambio climático, ni defensa de los derechos humanos ni impedimentos para prácticas de evasión en paraísos fiscales o de lavado de dinero de actividades delictivas como el narcotráfico.
Siguió el turno de exposición al equipo de las organizaciones sociales ecuatorianas quienes se solidarizaron con la queja presentada por Perú y con otras acciones de protesta de las organizaciones Colombianas y Peruanas quienes ya han realizado 3 paros agrarios en Colombia y 1 en Perú, por el empobrecimiento que causa la reprivatización de la economía que conlleva a la pauperización del trabajo, a la quiebra de empresas y emprendimientos locales y a la obstaculización de iniciativas agroecológicas de soberanía alimentaria las cuales están en riesgo de quebrar en un conflicto agrario violento que impulsa monocultivos y desindustrialización beneficiando solo al sector agroexportador de los países andinos y al monopolio transnacionales Europeo y Estadounidense.
Los ecuatorianos, mostraron que el objetivo fundamental del TLC de incrementar exportaciones ha tenido un efecto negativo pues la balanza comercial de bienes con la UE de Colombia pasó de un saldo comercial positivo de USD 1 859 millones, a un saldo comercial negativo de USD 1 310 millones, es decir, sufrió un deterioro de 170% en cuatro años. Mientras tanto, Perú pasó de un saldo comercial de USD 3 121 millones a un saldo de USD 1 133 millones, lo que representa un deterioro de 64%.
Pablo José Iturralde del CDES, Centro de Estudios de Derechos Económicos y Sociales, presentó resultados de estudios sobre las expectativas de alza del precio de medicamentos y la pérdida de empleos en el sector farmacéutico como consecuencia del levantamiento de protecciones arancelarias y la pérdida de precios preferenciales otorgados por el Estado a los productores nacionales. Enfatizó que para el Ecuador que ha iniciado el TLC con la UE hace solo un año, las afectaciones serán más profundas que para sus vecinos ya que tiene una industria más débil, soporta una alta dependencia del movimiento comercial que producen las compras públicas y especialmente porque es un país dolarizado que no puede devaluar su moneda y necesita atraer divisas con una balanza comercial favorable.
Susana Castillo de la plataforma Ecuador Decide, alertó que el interés de la UE por agrocarburantes especialmente de palma africana y cañaa de azúcar y las mejores condiciones que el TLC con la UE da a la exportación de banano, flores, camarones, atunes; ha llevado a un boom de reprimarización de la economía en Colombia, Perú y Ecuador. Los grupos agroexportadores presionan para que se cambien las leyes con el fin de permitir entre otros, la extranjerización de la tierra, el mantenimiento del uso de agroquímicos incompatibles con sectores vitales como la apicultura y el inicio de cultivos transgénicos en plantaciones de maíz y caña.
Jorge Acosta dirigente de ASTRAC, el mayor sindicato de trabajadores bananeros, denunció que este escenario ha permitido el violento despojo de tierra y fuentes de agua a campesinos y pueblos ancestrales y mayor deforestación y contaminación con agroquímicos. Trabajadores de las agroexportadoras son pagados solo por tarea cumplida lo cual les quita el acceso a un salario y a los beneficios de la seguridad social y tampoco las compañías agroexportadoras pagan lo justo a pequeños productores campesinos que son quienes les abastecen de los productos de exportación. Quienes como él denuncian estos atentados a los derechos humanos, están perseguidos y reciben amenazas de muerte alertó.
Para Susana Castillo, este Acuerdo no tiene medidas de protección ante las asimetrías porque ni los negociadores ecuatorianos ni los negociadores europeos han permitido que las organizaciones sociales presenten sus propuestas en las mesas y por eso al desconocer las dinámicas y la cosmovisión social de los países andinos megadiversos y pluriculturales, se pretenda que familias campesinas sin seguro ni incentivos productivos que crían pocos animales en sus casas, que procesan quesos de forma artesanal y cultivan en sus chacras de máximo dos hectáreas sufriendo incluso la violencia de proyectos megamineros y petroleros, pasen a competir como si fueran iguales con transnacionales de agronegocios y agricultores con subsidios, y plantaciones y criaderos industriales de cientos de hectáreas tecnificadas como las granjas de 1000 vacas de Francia.
Los ecuatorianos invitaron a los parlamentarios a no apoyar este tipo de Acuerdos que usan las medidas de propiedad intelectual para prohibir el guardar e intercambiar semillas y para aumentar las restricciones del acceso de medicamentos, pero no contemplan la aplicación de la normativa internacional del convenio 189 de la OIT sobre derechos de los pueblos ancestrales y los Acuerdos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales para impedir la biopiratería y pérdida de saberes y el patrimonio biogenético ancestral.
El parlamento al finalizar la jornada decidió no ratificar por el momento el Acuerdo por todos los problemas que presenta en su contenido y su aplicación.
Asistentes a este encuentro informativo como Michel Cermak de la coalición de ONGs francófonas de Bélgica, manifestaron que el parlamento de Walonia hace bien en revisar los términos de estos Acuerdos antes de ratificarlos porque no se puede apoyar un Acuerdo que no garantiza a los pueblos originarios el derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada, tampoco tiene una cláusula que impida el lavado de dinero de actividades delictivas y tampoco tiene mecanismos efectivos para proteger de la represión, el despojo y la violencia a pobladores que resisten a la conculcación de sus derechos, lineamientos que hoy son demandas fundamentales de los decidores políticos y las organizaciones sociales de la UE que se oponen a que el bloque negocie sin esos lineamientos Acuerdos con MERCOSUR, Canadá o Estados Unidos.
