Quito, 25 de noviembre 2020
Somos mujeres de la selva, de los páramos y de las orillas del mar de la tierra del sol recto. Hemos luchado por nuestro auto-reconocimiento como pueblos y nacionalidades, así como por nuestra autodeterminación y autonomía territorial a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nos articulamos en 18 pueblos y 14 nacionalidades. Nuestras luchas son mancomunadas con nuestros hermanos hombres, pero en condiciones de mayor desigualdad.
Por ello, el presente informe sombra constituye un esfuerzo por visibilizar la situación de nuestros derechos individuales en conexión con los derechos colectivos. Como mujeres de pueblos y nacionalidades nuestros derechos contemplados en la CEDAW necesariamente deben ser entendidos junto con los derechos establecidos en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. De esta manera existirá una comprensión íntegra sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Ecuador.
Para dar seguimiento a las Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, decidimos desarrollar una Consulta Nacional sobre las recomendaciones de la CEDAW al Estado ecuatoriano, a manera de Diálogos Nacionales. De manera, tuvieron lugar tres diálogos, uno por cada región: costa, sierra y amazonia, dichos diálogos se realizaron en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas, Puyo y Baños respectivamente, del 14 al 16 de agosto del 2019.
Además, hemos realizado un análisis de los diferentes escenarios en los cuales nuestro rol como mujeres indígenas ha logrado sostener el cumplimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades y de la sociedad en general, tal es el caso de las jornadas de movilización de octubre 2019. Estas fuentes de información primaria han constituido la base para la construcción del presente Informe sombra.
La prevalencia de la violencia contra mujeres de los pueblos y nacionalidades a lo largo de la vida registra un 64% de acuerdo a los datos del INEC (ENVIGMU, 2019). Para nosotras como mujeres indígenas el escenario se agudiza por la impronta racial de las políticas estatales, que persiste en la sociedad. Nos referimos sobre todo a la falta de correspondencia entre los avances constitucionales y su aplicación tanto al interno de las instituciones públicas, implementación de políticas públicas como a la toma de decisiones que realiza el Estado sobre nuestros territorios, sin respetar nuestras decisiones colectivas.
De acuerdo a la Carta Magna del Ecuador del 2008 se estable en el Cap. I, Art. 1, el carácter plurinacional e intercultural, como uno de sus principios fundamentales, lo que significaría que al menos deberían existir datos desagregados de acuerdo a este principio en donde los pueblos y nacionalidades seamos visibles y a su vez se señalen los datos por sexo, sin embargo, esta información es inexistente. Por otro lado, la Ley Orgánica Integral para la Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala en su Art. 16 literal 1, la necesidad de generar información en un Registro Único de Violencia contra las mujeres y en su Art. 18, literal 1, señala que se “deberá considerar la diversidad de mujeres que habitan el Ecuador”.
No existe registro alguno elaborado por parte de las instituciones del Estado sobre la situación del COVID-19 en mujeres indígenas. Aunque no aparecemos en ningún registro nuestro rol en el contexto de la crisis sanitaria como en la cotidianidad no es menor. En la pandemia hemos sostenido la vida gracias al conocimiento ancestral de nuestras sabias frente al desbordamiento del sistema de salud público.
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