La actual situación de lasfamiliasafectadas en el caso deesclavitud moderna, que involucra a la empresa abacaleraFurukawa, fue conocida porasambleístas nacionales.

Legisladores de laComisión de los Derechos Colectivos,Comunitariosy laInterculturalidadregistraron tres de los campamentos donde viven los extrabajadores de esta firma.

Ahí recopilaron testimonios de lasfamiliasy que serán claves para avanzar en un informe que elevará la Comisión de legisladores para el seguimiento del proceso de fiscalización, que comenzó el 16 de abril de 2019.

Desde el pasado 21 de julio, estecuerpo legislativo retomó los pedidos de comparación de las autoridades de los ministerios de Salud, Inclusión Social, Trabajo, Agricultura y Ganadería;además, de la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros.

Los asambleístas,Grúber Zambrano,Paola CastilloyJhonny Tapia constataron las condiciones deplorables en las que viven las familias.

Tapia escribió en sus redes sociales: “No basta una disculpa para sanar lo que ha sucedido en la empresa Furukawa.El Estado debe responder por todos los daños ocasionados y garantizar que a nivel nacional esto no se vuelva a dar.¡No se juega con los derechos humanos!”.

Cabezas, en cambio dijo: “Esta es la realidad de algunos campamentos de Furukawa.Condiciones lamentables y miseria.Sin agua, luz u otro servicio público.¿Cómo podemos aceptar en pleno Siglo XXI la esclavitud y el trabajo infantil?El Estado está en la obligación de poner un alto a esto ”.

Zambrano sostuvo que en los campamentos ubicados en los kilómetros 42 y 37 se evidenciaron casos de personas a las que les demolieron susespaciosdonde vivían.Y que estos problemas siguieron pese a las distintas acciones de organizaciones no gubernamentales, derechos humanos y estatales, que han elevado diversas alertas sobre el tema.

En un informe difundido por laComisión Legislativa, previo a la visita enSanto Domingo, se registró la forma judicializada bajo el cual ha venido actuando la abacalera.

“La empresa, por años, ha implementado un sistema de vida y trabajo de familias dentro de sus haciendas que, por las condiciones en que se realiza, se adecuaría a un sistema de servidumbre prohibido por estándares internacionales y que vulneraría gravemente el conjunto de sus derechos humanos ”.

En un medio televisivo local,Adrián Herrera, gerente deFurukawa, desmintió todas las acusaciones que se han hecho en contra de la empresa.

Aseguró que todos loscontratos de los trabajadores  están al día y amparados bajo el respectivo seguro social.Que hay incluso un médico ocupacional que se encarga de velar por la salud de los obreros.

Además, indica que actualmente hay 800 hectáreasinvadidasy que no tienenautorizaciónde la empresa para que las personas permanezcan ahí.