Apuntes críticos sobre la integración en infraestructura suramericana
Las nuevas estrategias de integración física suramericana encabezadas por organismos supranacionales como UNASUR/COSIPLAN y la CELAC, tienen entre sus objetivos dar continuidad a la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA-. El artículo actual, busca establecer un debate que interpele cuáles son los conceptos fundacionales que motivaron la creación de la iniciativa y a qué tipo de visiones de desarrollo responden estas estrategias. Así también, se identifica a los actores económicos que se han beneficiado de los proyectos de infraestructura y cuáles son los impactos socioambientales que se derivan de la implementación de la IIRSA. Mirada retrospectiva de la integración en infraestructura
Los hechos históricos que marcaron significativamente el escenario sociopolítico mundial en los años noventa y principios del siglo XXI, estuvieron precedidos por la caída del muro de Berlín, la crisis del fordismo y por las asimetrías sociales y económicas en la población, que particularmente, se reflejan en la realidad Latinoamericana y que hoy en día la ubican como la región más desigual a nivel planetario. A partir de estos hitos históricos, se impulsó la creación y adopción de políticas regionales que bajo la tutela de Norteamérica, buscaron introducir reformas de ajuste estructural-privatizadoras que permitiesen consolidar el neoliberalismo en la región.
Este propósito se efectivizó con la firma de cartas de intención entre los estados latinoamericanos y el Fondo Monetario Internacional –FMI–, con la expectativa de alcanzar la “deseada” estabilización macroeconómica, en so pena de la reducción del consumo general del mercado interno, y sujetándose a la agenda impuesta por las directrices del Consenso de Washington de 1989.
Enmarcadas en estas directrices, diferentes Instituciones Financieras Internacionales –IFIs- como el FMI, el BancoMundial –BM- y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, fueron promotoras de procesos de integración latinoamericanos cuyos objetivos planteaban expandir y fortalecer el libre mercado, mediante intentos de consolidar Tratados de Libre Comercio bilaterales o multilaterales, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN- y el Área de Libre Comercio de la Américas -ALCA-. Este último no se consolidó por diferentes procesos de acción colectiva de movimientos sociales que se oponían a las políticas de corte neoliberal, evitando así, la adhesión de los estados latinoamericanos para su implementación.
No obstante, la influencia de la agenda neoliberal de los años noventa se cristalizó en proyectos de integración regional que permitían garantizar la instalación efectiva y física de áreas de libre circulación de mercancías. Prueba de ello, en el año 2000, se crea la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana –IIRSA-, propuesta motivada por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, la Corporación Andina de Fomento –CAF- y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata -FONPLATA-. Para lograr los objetivos de la integración, estas instituciones financieras elaboraron un plan de acción sustentado en Ejes de Integración del Desarrollo –EID-, los cuales vienen a ser “(…) franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales (…)”, los que a su vez permiten “(…) identifican los requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (IIRSA, 2015).
Ahora bien, en el período comprendido entre el año 2000 al 2010, la idea de la integración se fortaleció por la aparición de procesos sociopolíticos regionales, que se caracterizaron por la presencia de gobiernos catalogados como “progresistas” en países como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y que ganaron protagonismo a partir del uso de discursos post-neoliberales que planteaban, entre otras cosas, recuperar la soberanía del Estado y su rol como agente regulador de la economía.
Frente a estos cambios sociopolíticos se impulsó la creación de mecanismos de integración supranacionales como el ALBA (2004), UNASUR (2008) y recientemente CELAC (2010), a partir de los cuales se conformó el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (2009), instancia que se acoge a la estructura y ámbito de aplicación de la UNASUR, y que tiene por finalidad dar continuidad a los proyectos emblemáticos de la IIRSA. Asimismo, esta tendencia se mantiene en la propuesta de integración de la CELAC, organismo que introduce en su agenda de trabajo la necesidad articular a los cinco ejes de desarrollo de la región, estrategias de implantación de proyectos de infraestructura y conectividad.
Lecciones aprendidas del IIRSA
Tras 15 años de la fundación de la IIRSA, la experiencia nos deja algunas enseñanzas. Se destaca que la iniciativa permitió fomentar procesos de liberalización y privatización de bienes comunes e incidió en la proliferación de conflictos socioambientales en las comunidades asentadas en las zonas de influencia de los proyectos. De igual manera, impactó en el ordenamiento territorial de la región y en su dinámica económica; debido a que la IIRSA dio paso a la creación de nuevos enclaves productivos, la re-primarización de las economías dependientes e incentivó procesos de fragmentación geográfica que afectaron la configuración del espacio, el paisaje, la demografía y alteró las formas de interacción social en la población atravesadas por los proyectos.
Sustentados en el esquema fundacional de la IIRSA, estos nuevos horizontes de integración física suramericana plantean algunas preocupaciones, puesto que la iniciativa responde a estrategias de “desarrollo” que se caracterizaron por promover intereses de corte neoliberal que privilegian la consolidación del sistema capitalista. Asimismo, estas estrategias buscaron articular a los estados latinoamericanos que encubiertos en el discurso de generar políticas públicas de desarrollo social, legitimaron y fortalecieron a sectores extractivos.
En esencia estos intereses, conceptos y hechos derivados del discurso integracionista plantean algunas contradicciones. Puesto que si consideramos que esta visión de “desarrollo”, al promover el fortalecimiento del extractivismo,no contempla que este en sí mismo no fomenta procesos productivos, ni posibilita la redistribución de beneficios económicos en el lugar de origen, tampoco promueve o asegura un desarrollo regional o local. Por el contrario, se demuestra que en su aplicación genera procesos de recuperación acelerada de las inversiones de los dueños del capital, la reproducción ampliada de un patrón de acumulación capitalista y el fortalecimiento de un pequeño bloque de poder que controla el proceso (Ciccantell, 2002).
Bajo estos argumentos, varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han cuestionado abiertamente si los proyectos de integración de IIRSA se crearon con la intención de promover el “desarrollo social” y fomentar el crecimiento económico en la región. Debido a que los planes de acción de la integración en infraestructura, involucran la construcción de megainfraestructuras que permiten fortalecer un sistema intermodal de comunicación (transporte) que viabilice extracción de recursos naturales y el abastecimiento de materias primas a bajo costo (Observatorio de la Deuda en la Globalización, 2012, págs. 94-95).
Por otro lado, el discurso oficial de los estados integrantes de estos organismos supranacionales plantea que las estrategias de integración física están alineadas a intenciones políticas que protegen la soberanía latinoamericana. Sin embargo, la continuidad de los proyectos del IIRSA demandan establecer fuentes económicas que involucran procesos de endeudamiento y la transformación de la arquitectura financiera a nivel regional, donde se impone un nuevo orden geo-político y financiero que genera diversos impactos sobre los países de Suramérica (Observatorio de la Deuda en la Globalización, 2012).
Según un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (2012), la nueva arquitectura financiera que sostiene la integración de infraestructura suramericana, privilegia los intereses del capital transnacional y afectan el endeudamiento público de los estados latinoamericanos con Instituciones Financiera Internacionales (IFIs). Esto se evidencia en los reportes oficiales del BID/INTAL, donde se registra que la mayoría de las inversiones realizadas para sustentar la ejecución de los proyectos de IIRSA hasta el 2010, provinieron de fondos públicos, es así que el 46% del total de los costos pertenecen al Tesoro Público de los estados, el 37% son cubiertos por alianzas público-privadas y 17% por el sector privado (Observatorio de la Deuda en la Globalización, 2012, págs. 96-97).
Adicionales a estos, los impactos de la dinámica económica de los estados involucrados en la implementación de la iniciativa, debemos tomar en cuenta que la IIRSA involucró poner en marcha una cartera de proyectos de transporte, energía y conectividad que permitieron facilitar el acceso de empresas multinacionales y prestadores de bienes y servicios en el territorio Suramericano (Cortés, 2010), las cuales no están sujetas a un marco normativo sólido e integrado que permita establecer salvaguardas socioambientales que garanticen los derechos de la población y de la naturaleza.
Por tanto, si se considera fortalecer las estrategias de integración física en la región, es necesario tener en cuenta que la presencia de actores económicos (empresas) que faciliten el acceso y transporte de recursos naturales genera impactos sociales, ambientales y económicos que no han sido cuantificados en la deuda pública de los estados, puesto que no se advierte la presión sobre los recursos naturales que se deriva de la expansión demográfica que acarrean las obras de infraestructura, las cuales inciden directamente en la pérdida irreparable de la biodiversidad, en el acaparamiento y escases de recursos naturales en las zonas de influencia de los proyectos, que a su vez, comprometen las condiciones de vida de la población y reproducción sociocultural de comunidades, pueblos y nacionalidades (UICN-ECOLEX-
Desde esta perspectiva, para fortalecer el debate sobre los cambios y continuidades de los procesos de integración que se desprenden del IIRSA y se trasladan al ámbito de acción del COSIPLAN/UNASUR, es indispensable que tanto desde la sociedad civil y movimientos sociales, como la academia y los representantes de los Estados, se instalen espacios de diálogo directo que permitan evaluar qué tipo de desarrollo queremos promover y cuál es la ética política, económica, ecológica y social que guiará la integración regional de infraestructura suramericana.
Sofía Jarrín Hidalgo (@SofiaJarrin) es investigadora en el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador.
Referencias
Ciccantell, P. a. (2002). International Inequality in the Age of Globalization:Japanese Economic Ascent and the Restructuring of the Capitalist World Economy. Journal of World-Systems Research., 62-98.
Cortés, E. J. (2010). Aproximaciones críticas a la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Retrieved from Colectivo el Kintral: www.colectivoelkintral.cl
IIRSA. (2015, 08 22). Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Retrieved from http://www.iirsa.org/Page/
Observatorio de la Deuda en la Globalización. (2012). Impunidad S.A. Herramientas de refexión sobre los «súper derechos» y los «súper poderes» del capital corporativo. Barcelona: ODG.
UICN-ECOLEX-PROTEGER. (2006). Observatorio socioambiental del IIRSA. Retrieved from http://www.proteger.org.ar/
Fuente: enlace de Rebelión.
